Despojo de sus territorios y criminalización. Esta es la realidad que le ha tocado enfrentar a una comunidad que lleva más de 50 años exigiendo justicia por el desalojo de sus terrenos. Ahora, 21 comunitarios se enfrentan a la justicia.

Jody García / laCuerda

Cada año, desde 2008, la comunidad Chicoyogüito realiza una marcha pacífica para exigir que le sean devueltas sus tierras. Desde los años cincuenta la aldea estaba asentada en un terreno en Cobán, Alta Verapaz, pero en 1968 fueron desalojados por el ejército, que construyó allí un destacamento militar.

En la actualidad allí está instalado el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) donde, en 2017, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontró 557 osamentas.

Desde el desalojo, las personas sobrevivientes y sus familias viven dispersas en Alta Verapaz y otros puntos del país, pero en junio de cada año se reúnen para exigir que sus tierras les sean devueltas. El recorrido habitual fue distinto este año debido a la pandemia por Covid-19.

“Nosotros estamos reclamando la misma lucha que nuestros padres. Mi padre y mi abuelo fueron desalojados en el año 68 y ahora aquí estamos hijos, nietos y bisnietos. Cada año hacemos esta marcha, pero ahora la pandemia está en punto rojo en Alta Verapaz, por eso buscamos un solo lugar para hacerla”, relató Olivia Sierra, lideresa de Chicoyogüito.

Te puede interesar: Anastasia Mejía: “Nos llevamos malas noticias, como siempre”

Este año lo que empezó pacífico terminó en agresiones a la comunidad y capturas.

El 9 de junio pasado 21 hombres que eran parte de la marcha fueron capturados y señalados de usurpación agravada, mientras mujeres y niñas también fueron agredidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo Jovita Tzul, abogada de Chicoyogüito.

“El objeto de la manifestación era exigir la presencia de las autoridades del Estado para que se hiciera un compromiso. Esto ya no se pudo realizar porque la comunidad fue desalojada de forma violenta por la policía sin ser escuchada. La policía los acusó de querer usurpar la tierra, pero la intención de la comunidad era ser escuchada ya que por la pandemia no se plantaron frente a (la sede de la) Gobernación Departamental”, dijo Tzul.

De acuerdo con la abogada la mayor parte de las personas que fueron agredidas por la PNC eran de la tercera edad y mujeres.

“Hubo detonaciones de arma de fuego y afortunadamente ninguna bala impactó en ellos”, señaló la abogada. Cuatro de los comunitarios fueron señalados por la PNC de haberlos agredido.

La audiencia de primera declaración será conocida por el juzgado de primera instancia de Cobán. Las 21 personas fueron enviadas a un centro de detención en el mismo municipio.

Se repite la historia

Cortesía: Caso Creompaz

“Queremos que dejen en libertad a los 21 compañeros porque los acusan de usurpación pero la verdad es que los compañeros no estaban invadiendo, estaban haciendo una marcha pacífica”, insistió Olivia Sierra.

Mientras las demandas de la comunidad no son atendidas por el Estado y su lucha es criminalizada, quienes solían vivir en la comunidad actualmente enfrentan condiciones de pobreza. El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) realizó un censo entre las y los pobladores de Chicoyogüito que reveló que las familias viven del día a día, con ingresos de menos de Q300 al mes, sin tierra para trabajar y ahora sin trabajo debido a las capturas.

“Mucha gente desalojada desde el año 68 está alquilando casas y terrenos. Ahora nos están sacando de los terrenos porque nos estamos poniendo viejos y no podemos trabajar”, dijo Sierra.

Esto está afectando el desarrollo de las niñas y niños y provocando crisis nerviosas entre las mujeres.

“En este caso la restitución del terreno es contra el ejército de Guatemala y por la vía del diálogo. Ya han habido compromisos que no se han cumplido”, dijo Tzul.

CALDH, Udefegua, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, así como la Coordinadora Genocidio Nunca Más https://lacuerda.gt/que-es-una-mujer-soltera/ la liberación de los 21 hombres y recordaron que no es la primera vez que el Estado ha quebrantado los derechos de la comunidad.

“En estos momentos urge acompañar y respaldar a la comunidad de Chichoyogüito por la libertad de los comunitarios que están presos. También es necesario documentar las violaciones a los derechos humanos de las cuales fueron objeto desde las detenciones y hasta ahora”, dice el comunicado de las organizaciones.