Según el Código Penal, el delito de sedición lo comete una persona que se alza pública y tumultuariamente para, a través de la violencia, deponer a algún funcionario, impedir la ejecución de leyes o conseguir algún acto de coacción con fines políticos o sociales. Para Susy Pérez, la jueza de primera instancia penal en Santa Cruz del Quiché, haber asistido a transmitir una protesta incendiaria convierte a Anastasia Mejía en sospechosa de ese delito.

Kimberly López /laCuerda

La noche del miércoles 28 de octubre, Anastasia Mejía, Petrona Siy y Manuel Hernández, originarios de Joyabaj, Quiché, cumplieron su noche número 37 en prisión. Esta vez en el Centro Preventivo para hombres de Santa Cruz del Quiché. Después de más de un mes privados de libertad, finalmente escucharon las acusaciones del Ministerio Público (MP) por haber estado presentes en una manifestación ocurrida el 24 de agosto.

Tras escuchar los argumentos de los abogados defensores de Anastasia y Petrona, la jueza Susy Pérez optó por abrir un proceso penal contra los tres acusados por los delitos de sedición. Sin embargo, descartó las acusaciones por incendio y robo agravado. En su argumentación, la jueza tomó en cuenta los argumentos expuestos por la fiscalía de Joyabaj.

Las acusaciones y videos del MP

Durante la audiencia de primera declaración, por más de una hora, el MP reprodujo fragmentos de los videos de las transmisiones realizadas por Anastasia, en las que grababa y narraba los eventos transcurridos el 24 de agosto. Según el fiscal a cargo, Isaías Mancilla, por permanecer en el lugar mientras los hechos ocurrían y por “sonreír” en algunas ocasiones, Anastasia parecía haber sido parte del grupo de personas que organizaron la protesta.

Para respaldar sus acusaciones, los fiscales utilizaron los mismos videos que tomó Anastasia en su calidad de periodista.

También fue acusada de agredir físicamente a una de las agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en medio de la aglomeración de personas. Por estas acciones, solicitaron que fuera ligada a proceso por cuatro delitos: sedición, incendio, robo agravado y atentado agravado y que quedara en prisión preventiva para no obstaculizar la investigación.

A Petrona, como representante de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj, la acusaron de haber liderado al grupo de personas que tomó las instalaciones de la municipalidad y quemó todo lo que encontró a su paso. Fue determinante el testimonio del alcalde Florencio Carrascoza, quien declaró que sostuvo una reunión con los comerciantes y que, tras no quedar conformes con su respuesta, comenzaron a tornarse violentos. Antes de eso, declaró, Petrona le advirtió que tomaría acciones contra él.

En esa misma línea, la Fiscalía sostuvo que Manuel Hernández estuvo presente en la protesta y que fue parte del grupo de personas que tenían intención de dañar el patrimonio de la municipalidad y atacar al alcalde. Por esas razones, el MP solicitó arresto domiciliario para Manuel Hernández, quien ahora debe presentarse ante el juzgado de Paz de Joyabaj a firmar el libro de medidas sustitutivas, además de pagar una caución económica de Q100 mil quetzales.

En respuesta, el abogado defensor, Andrés Chacaj, argumentó que la cifra era demasiado elevada dado que su condición de pobreza era “más que evidente”. Manuel entiende con dificultad el español, no sabe leer, ni escribir y se dedica a la agricultura.

Los argumentos de la jueza

Al final de la jornada, la jueza tomó la decisión de ligar a proceso a las tres personas acusadas. Sin embargo, les dio la posibilidad de permanecer en arresto domiciliario, tras pagar una caución económica de Q20 mil. Por su lado, el MP tendrá tres meses para concluir sus averiguaciones.

En el caso de Manuel Hernández, solamente será procesado por sedición. En cambio, según la jueza, las acciones de Anastasia y Petrona encuadran en los delitos de sedición y atentado con agravación. El robo e incendio agravado quedó descartado por falta de pruebas, indicó.

“La agente PMT dijo que frente a la municipalidad había un grupo de comerciantes inconformes y la señora Petrona estaba al frente. La agente también declaró que Anastasia Mejía la golpeó con una de sus manos y con la otra sujetaba su celular”, señaló Pérez, durante su argumentación.

Además señaló que Anastasia entró a grabar al palacio municipal sin que los responsables de los disturbios le dijeran nada.

En el caso de Manuel Hernández, concluyó, hay testigos que lo ubican en la trifulca.

Mientras el MP continúa con la investigación, los señalados tienen prohibida cualquier comunicación con el alcalde municipal, su secretario y el resto de integrantes del concejo municipal.

El 11 de febrero a las 10 horas se realizará la audiencia de etapa intermedia.

“La verdad tiene que salir a la luz”

La abogada, notaria e investigadora de asuntos judiciales, Andrea Reyes, también considera equivocada la decisión de señalar a Anastasia por sedición. La sedición, explica, implica terrorismo, organizacion, planificacion y que se busca botar a una autoridad. “Empujar a un agente de la policía no es sedición”, añade.

“La sedición es un delito extremadamente grave. El MP en su narración no muestra que ella estaba participando en el hecho. Las únicas grabaciones son las de las mismas sindicadas y eso prueba que ellas no estaban vinculadas en los hechos de la quema del lugar”, agrega.

Sumado a eso, explica, las actuaciones de Anastasia y el resto de acusados se deben contextualizar en un momento de euforia colectiva, en un momento en el que muchas personas se encontraban en medio de una trifulca.

Para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), la decisión de la jueza resulta desproporcionada pues no hubo suficientes indicios para pensar que Anastasia y Petrona incurrieron en sedición.

“No vemos una jueza independiente sino con parcialidad, vemos un atentado grande a la libertad de expresión que es uno de los derechos fundamentales para la democracia. Esto no solo afecta a Anastasia sino también a los habitantes y ciudadanos en tanto que ella estaba ejerciendo su derecho como periodista al informar a la población sobre una situación concreta respecto a un funcionario”, manifestaron tras la audiencia.

Según UDEFEGUA, existe un patrón de criminalización contra Anastasia, quien además enfrenta dos procesos penales más por hechos ocurridos en 2018. Sin embargo, no sería la única que enfrenta ataques similares, agregan.

De enero a agosto de este año, UDEFEGUA ha identificado 8 actos de censura y 54 agresiones contra periodistas y comunicadores guatemaltecos.

Al salir del juzgado, Anastasia aún tenía en sus manos las dos rosas que sostuvo durante toda la audiencia. Cansada pero sonriente; y antes de ser trasladada a un centro carcelario, Anastasia quiso opinar sobre la decisión de la jueza: “Los colegas comunicadores no me dejarán mentir, a veces tenemos que hacer muchos sacrificios… Considero que la verdad tiene que llegar a la luz”.

El 28 de octubre, Anastasia y Petrona pasaron la noche en el Centro Preventivo para hombres de Santa Cruz del Quiché. El vehículo del Sistema Penitenciario que las trasladó desde Quetzaltenango a Quiché se fue sin ellas.

Una serie de organizaciones en defensa de los derechos humanos y de periodistas se organizaron para realizar una colecta para pagar la caución económica impuesta por la jueza. Mientras las muestras de solidaridad crecen, sus colegas y familiares realizaron una serie de préstamos para devolverle un poco de su libertad a cambio de Q20 mil.

El jueves 29 de octubre, casi a las 7 de la noche, Anastasia y Petrona salieron de prisión, rumbo a sus hogares. Mientras tanto, continúan los esfuerzos colectivos para que Manuel Hernández también vuelva al lado de su familia.