Desde hace aproximadamente 5 años el Congreso de Guatemala le ha dado la espalda a las mujeres y niñas guatemaltecas. La legislatura actual y la anterior se han caracterizado por engavetar iniciativas de ley que, de ser aprobadas, beneficiarán al 52 por ciento de la población total: las mujeres. 

Kimberly López /laCuerda

A inicios de 2016, las mujeres guatemaltecas celebraron una victoria.  En febrero de ese año, el Congreso aprobó la Ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas (Decreto 9-2016). La intención era garantizar una localización pronta. Para entonces, según las estadísticas del Ministerio Público (MP) de ese año, en el país desaparecían 2 mujeres al día. Ahora desaparecen 4. 

Según Stephanie Rodríguez, abogada con experiencia en asesoría legislativa, esa fue la última vez que el Congreso se tomó en serio un tema relacionado a la vida y derechos de las mujeres. También fue la última ley aprobada que ha representado un esfuerzo en la búsqueda de justicia y dignidad para las mujeres. 

El decreto dio vida a la creación de la Alerta Isabel-Claudina. Un sistema bautizado por los nombres de María Isabel Veliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz, dos mujeres que fueron desaparecidas y asesinadas. Dos años más tarde, un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) concluyó que esa nueva alerta sí contribuyó de manera sustancial a encontrar a las mujeres desaparecidas con mayor facilidad, con menos formalismos y en menor tiempo. 

“No solo el Congreso, en general, el Estado tiene una deuda con las mujeres”, resume la analista. 

Antes de 2016, añade la entrevistada, el país logró algunos avances en sus normativas. Por ejemplo, la aprobación de la Ley contra el Femicidio en 2008 o la prohibición del matrimonio en niñas y adolescentes menores de edad. 

“Pero después de eso, vemos que muchas iniciativas de ley han quedado olvidadas. El tema de mujeres no es una prioridad para el Congreso”, asegura. No es la única que opina en esa línea. 

Sonia Gutiérrez es diputada del partido Winaq y, por segunda ocasión, integra la Comisión de la Mujer del Congreso. Según la congresista, pertenecer a un órgano legislativo que debe impulsar normativas a favor de las mujeres ha sido como nadar contra corriente. 

Hasta inicios de 2021, la diputada Merana Oliva presidía dicha comisión. 

Según Oliva, la legislación del país no está cerca de garantizar calidad de vida al 52 por ciento de la población guatemalteca. “Considero que hacen falta muchas reformas para asegurar derechos, resguardar vidas y reparaciones dignas a niñas y adolescentes”, añade. 

«Ha habido diputadas que han intentado presentar iniciativas interesantes, el problema es que no avanzan dentro del pleno», lamenta Rodríguez. Lo hizo la exdiputada Sandra Morán en la legislatura pasada y las diputadas Andrea Villagrán y Sonia Gutiérrez en la actual. 

De acuerdo con la experiencia legislativa del país, una ley tarda aproximadamente 10 años en ser aprobada. 

«Es difícil lograr avances cuando son solo algunas diputadas las que hacen el esfuerzo a nivel personal, diputadas que no cuentan con un bloque grande que las respalde. Tampoco hay una agenda en el Congreso que busque posicionar y atender el tema de mujeres en cuanto a seguridad, salud, sexualidad, derechos laborales, etc», añade. 

A eso se suma que la política se rige de forma excluyente y machista. 

Un compromiso pendiente con los Acuerdos de Paz

Catalina Soberanis, la primera presidenta del Congreso, recuerda que la deuda de legislar en favor de las mujeres y niñas data desde el fin de la guerra interna en Guatemala. 

«En los Acuerdos de Paz existían compromisos relacionados con la promoción de los derechos de las mujeres. Quizá es en la parte normativa en donde se ha avanzado, pero no en el aspecto fáctico, en cómo hacer cumplir las leyes «, opina. 

Según Soberanis hace falta camino por recorrer en el tema de violencia y el derecho de participación en la toma de decisiones. 

A la fecha, estas son algunas de las iniciativas que permanecen paralizadas en el Congreso: 

  • Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (Iniciativa 5376): La iniciativa busca, en términos generales, facilitar las condiciones necesarias para que las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o de trata puedan retomar su proyecto de vida, alcanzar un desarrollo integral y tener la opción de interrumpir un embarazo forzado. Sin embargo, la propuesta recibió dictamen no favorable de parte de la Comisión de la Mujer, en septiembre de 2018. 
  • Reformas a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres (Iniciativa 5561):  La propuesta fue presentada por la exdiputada Alejandra Carrillo. En 2020, la iniciativa recibió dictamen favorable pero con algunas modificaciones de parte de la Comisión de la Mujer. Hasta la fecha no ha sido conocida por el pleno. 
  • Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Obstétrica en Guatemala (Iniciativa 5243): La propuesta fue planteada por Leocadio Juracán y Sandra Morán en 2017. Tiene como propósito eliminar cualquier forma de discriminación o maltrato hacia las mujeres que reciben atención médica durante un embarazo o un parto; e imponer penas de 2 a 5 años a quienes incurrieran en esa una práctica obstétrica violenta. En 2017 la iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de la Mujer. Sin embargo, no ha sido conocida por el pleno. 
  • Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (5452):  La iniciativa fue propuesta por los diputados Enrique Álvarez y Sandra Morán, en 2018.  Su objetivo es facilitar el acceso a recursos económicos y productivos para el fomento, impulso e implementación de iniciativas y proyectos productivos y de empoderamiento económico de las mujeres guatemaltecas, especialmente, las del área rural en condiciones de pobreza.  En 2019, la propuesta recibió dictamen favorable, aunque con modificaciones de parte de la Comisión de la Mujer. Hasta la fecha no ha sido conocida por el pleno. 
  • Reformas a la Ley Electoral: Colectivos de mujeres han impulsado una reforma al artículo 212 de la Ley Electoral. El propósito es que sea modificado para que incorpore condiciones de paridad y alternabilidad en la representación de cargos a elección popular para hombres y mujeres, tomando en cuenta la pertenencia étnica de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y ladinas. En la última reforma electoral, el Congreso no aceptó incluir la paridad como un requisito para la conformación del Organismo Legislativo ni de organizaciones políticas. 
  • Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna: La propuesta surgió en 2016 y en 2017 recibió dictamen favorable de la Comisión de Salud. No obstante, no ha sido discutida ni aprobada. El propósito de la normativa sería garantizar la protección y apoyo a las madres y padres en el proceso de lactancia a recién nacidos.