La irresponsabilidad del Estado y de una empresa de seguridad privada, que operaba de forma ilegal, cobraron la vida de Patricia Samayoa Méndez, el 3 de julio de 2014. Aunque han transcurrido siete años desde el suceso, la justicia guatemalteca le debe a la familia una reparación digna por lo ocurrido; y a la población en general, la garantía de que algo similar no vuelva a ocurrir. Andrea Carrillo Samayoa, hija de Patricia, buscará justicia ante organismos internacionales.
Kimberly López / laCuerda
La tarde del 3 de julio de 2014, Patricia Samayoa Méndez, de 59 años, llegó a una farmacia ubicada en la zona 1 de la Ciudad, con la intención de comprar medicamentos. Sin mediar palabra, Mynor David Guevara, el guardia de seguridad privada que custodiaba el establecimiento disparó contra ella y le arrebató la vida.
El agresor permaneció en el lugar y estuvo presente cuando el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llegaron a la escena para evaluar las evidencias. El agresor también disparó contra dos agentes, mientras cumplían con ese trabajo.
Patricia durante 15 años había impulsado proyectos de desarrollo social de la Municipalidad de Guatemala. Por su parte, el hombre que portaba el arma no tenía motivo alguno para atentar contra ella. Padecía de trastorno afectivo bipolar, según revelaron investigaciones posteriores.
La normativa guatemalteca establece que una persona con inestabilidad mental no puede ser condenada por un delito. Sin embargo, lo ocurrido puso en evidencia la negligencia del Estado, el cual tiene a su cargo el rol de vigilar las actividades de empresas privadas de seguridad. También, desnudó la irresponsabilidad de la empresa Shield Security y de su representante legal, Carmelino López Alvarado, por operar sin controles estrictos.
“La empresa cometió una grave falta porque permitió la contratación de un trabajador que sufría trastorno mental bipolar mixto y, por lo tanto, nunca debió portar un arma”, explica Carlos Martínez Roca, abogado del Bufete de Derechos Humanos, que acompaña el caso.
La responsabilidad del Estado
A pesar de que Guevara no fue condenado por el incidente, el hecho despertó una serie de procesos legales para señalar la responsabilidad del Estado en lo ocurrido. Según la Constitución Política, es el Estado el que debe garantizar seguridad para su ciudadanía. No obstante, en algunos casos, puede delegar esas funciones a empresas privadas de seguridad, siempre y cuando cumplan con ciertos controles y requisitos.
La entidad a cargo de cumplir ese rol es la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP). Sin embargo, falló a sus funciones porque mucho antes de la muerte de Patricia Samayoa, la entidad tuvo conocimiento de que la empresa Shield Security trabajaba con anomalías y no llenaba todos los requerimientos establecidos por la ley.
“Ya se habían reportado anomalías en el operar de esta empresa y por eso se determina también la responsabilidad subsidiaria del Estado de Guatemala. La DIGESSP tenía conocimiento de deficiencias en la empresa, de que no tenían en orden a su personal y no cumplían con estándares nacionales e internacionales. No tenían un control en la contratación del personal… debió haber procedido a la cancelación de dicha empresa”, argumenta el abogado.
A partir de esto, inició también un proceso penal contra la empresa de seguridad y su representante legal, por operar de una forma anómala, sin controles en la contratación de su personal.
Un largo camino por la justicia y la reparación integral
Ambas causas lograron sentencias, pero los responsables apelaron y la justicia optó por darle la espalda a Patricia Samayoa y a Andrea Carrillo Samayoa, su única hija.
Al responsable legal de la empresa lo sentenciaron en 2017 a nueve años de prisión. Sin embargo, una apelación lo absolvió del delito de homicidio culposo y lo sustituyó por el delito de prestación ilegal de servicio de seguridad. Hoy, López Alvarado está en libertad y goza de una medida sustitutiva.
Aunque Guevara Tenaz, no fue sentenciado, sí hubo una resolución que buscaba acciones para reparar el daño ocasionado a Patricia y Andrea; y establecer un precedente para que una tragedia similar no vuelva a ocurrir. Pero la defensa apeló la resolución.
“Andrea Carrillo, como víctima también de lo ocurrido, solicitó al tribunal una serie de medidas de reparación: una compensación económica por daño moral, y una publicación en diarios de circulación nacional que aclarara que su mamá murió por un ataque armado producido por un guardia de seguridad contratado por una empresa que incumplió estándares y que el Estado tuvo responsabilidad en ello”, explica Martínez.
Además, solicitó la creación de una defensoría en la Procuraduría de Derechos Humanos para apoyar a víctimas de guardias de seguridad privada y de una Fundación que atendiera a personas en situaciones similares. Sin embargo, la sala no escuchó estas peticiones.
Desde entonces, Carrillo Samayoa y el Bufete de Derechos Humanos se han enfrentado a más de 15 apelaciones, que han llegado incluso hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Siete años después no ha habido una reparación integral por la muerte de Patricia Samayoa.
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Un caso enigmático
Durante este tiempo, buscar una reparación por la muerte de Patricia Samayoa se ha convertido en un camino lleno de espinas para la familia. “La reparación va más allá de una compensación económica, la vida de una madre no tiene precio”, argumenta Martínez.
Y es que, contrario a ciertos discursos, la búsqueda de justicia no termina en una compensación, sino también con acciones que garanticen que un hecho similar no vuelva a ocurrir.
Por esa razón se presentó una denuncia en contra del Estado de Guatemala, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de que el caso trascienda el sistema de justicia nacional y sea conocido por otras instancias.
“Lo enigmático de este caso es que Guatemala tiene un grave problema de seguridad y las agencias de seguridad privada han formado parte de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad,que forman parte del entramado de corrupción”, añade el abogado que acompaña el caso.
También es emblemático porque evidencia lo tediosa que resulta la búsqueda de justicia para una víctima que acude a las instituciones a hacer efectivos sus derechos.
“No quiero que nadie sufra lo que yo sufrí”
Aunque el camino ha sido adverso y cansado, dice Andrea, la falta de respuesta del Estado también es un incentivo para seguir adelante hasta lograr una sentencia que garantice que algo similar no vuelva a pasar.
“Lamentablemente, el caso de mi mamá no fue el primero ni el último. Antes de ella, ocurrieron hechos donde murió gente a causa de guardias de seguridad y después del 2014 también. La falta de respuesta del Estado para establecer una pena que garantice que esto no va a ocurrir desmotiva, indigna, pero al mismo tiempo me hace seguir buscando justicia”, asegura.
En Guatemala hay aproximadamente 43 mil 400 guardias de seguridad privada registrados. Sin embargo, la cifra real podría ascender a 100 mil, según la DIGESSP.
A criterio de Carrillo Samayoa, estos guardias representan un riesgo latente para la población, pues no hay forma de garantizar que cumplen con una preparación adecuada.
“Estas personas están armadas, sin capacitación, muchos sin educación, expuestos a jornadas laborales extenuantes. Las personas constantemente estamos en riesgo de que en cualquier momento nos pase algo”, puntualiza.
Los últimos siete años, dice Andrea, han sido desgastantes y dolorosos. Pero puede más el deseo de alcanzar una sentencia satisfactoria.
“Yo estoy convencida de que hay que seguir sobre todo para que nadie más pase el dolor que yo pase. Yo pensé que no iba a sobrevivir con ese dolor que sentía, es un dolor que no había sentido y pensé que no iba poder vivir más. Yo no quiero que nadie sufra lo que yo sufrí”, concluye.
