A media noche y a escondidas. Así es como la Junta Directiva del Congreso, presidida por el diputado oficialista Allan Rodríguez, tomó la decisión de suspender el trámite del presupuesto 2021. La presión ejercida por las protestas ciudadanas parece haber obligado a los diputados aliados a Alejandro Giammattei a retroceder en sus cuestionadas intenciones. Sin embargo, para detener el proceso del presupuesto planean recurrir a un procedimiento ilegal que despierta suspicacias en las bancadas opositoras.

Kimberly López / laCuerda

Tras una jornada de manifestaciones, la quema de una parte del edificio del Congreso y la desmedida respuesta policial que dejó personas heridas y decenas de capturas, la actual directiva del Legislativo y congresistas afines informaron que darían marcha atrás a la aprobación de los Q99 mil 700 millones para el Estado.

Lo hicieron el domingo último en horas de la noche, en secreto y reunidos en el Ministerio de Defensa. “En aras de mantener la gobernabilidad del país y la paz social hemos decidido suspender el trámite del presupuesto por medio del procedimiento legislativo correspondiente, en consecuencia dicho decreto (33-2020) no será remitido al Organismo Ejecutivo”, anunció Allan Rodríguez.

Diputadas y diputados de la UNE, Semilla, Winaq, BIEN y URNG, en respuesta, exigen la renuncia de la junta directiva, que el futuro presupuesto sea discutido en el pleno y que el Congreso aclare ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que en Guatemala no hay riesgo de rompimiento constitucional.

Esto último, tras el anuncio realizado por el presidente Alejandro Giammattei, de involucrar a la OEA en la situación coyuntural del país y lanzar una alerta internacional invocando la Carta Democrática Interamericana por un supuesto riesgo de rompimiento constitucional en el país, utilizando como único argumento las manifestaciones en contra del gobierno.

Los diputados sostienen que la decisión anunciada la noche del domingo es ilegal pero coinciden en la necesidad de repensar el presupuesto. Con esa premisa, estos son los posibles rumbos que podría tomar la discusión de este presupuesto.

Si insisten en ilegalidades, vamos a denunciar

El máximo órgano del Congreso no es la junta directiva, sino el pleno conformado por los 160 diputados de distintas bancadas. Algunas negociaciones previas se realizan entre las jefaturas de bloque. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido el domingo, en estas reuniones participan representantes de todas las bancadas, sin excepción.

La diputada Evelyn Morataya aseguró que este tipo de reuniones realizadas en cuarteles militares se suman a la lista de arbitrariedades cometidas por la actual dirigencia del Congreso.

“Incurrieron en una ilegalidad porque citaron solo a los jefes aliados y tomaron una decisión arbitraria”, explica la analista Stephanie Rodríguez. Legalmente, no son 17 los diputados que deben tomar la decisión de suspender un proceso como este, sino al menos 81, durante una sesión en pleno.

Según el diputado de la UNE, Carlos Barreda, si la Junta Directiva  no convoca a un pleno y no trasladan el decreto al Ejecutivo estarían cometiendo varios delitos incluso violando la Ley Orgánica del Congreso, en la que están establecidas las funciones de cada órgano del Organismo Legislativo. En ese caso, explica Barreda, los diputados no tendrían más alternativa que presentar denuncias contra los directivos.

El diputado sospecha que la estrategia de anunciar la suspensión de este decreto, a través de un procedimiento ilegal, podría responder a un truco para ganar tiempo y dejar vigente el presupuesto aprobado.

El pleno podría anular el presupuesto

En 2017, el Congreso dio marcha atrás y suspendió la aprobación de una serie de reformas al Código Penal decidiendo no mandarlo al Organismo Ejecutivo. El contexto fue similar al actual: los diputados fueron acorralados con una jornada de manifestaciones.

Ese sería el mismo procedimiento al que el pleno podría recurrir para suspender el trámite del presupuesto 2021. Luego de eso, tienen que iniciar el proceso para formular un presupuesto nuevo. Todo esto antes del 30 de noviembre, de lo contrario, quedaría vigente el mismo presupuesto aprobado para 2020.

La analista Rodríguez agrega una nueva alternativa: que sea la Corte de Constitucionalidad (CC) la que decida otorgar alguno de los amparos interpuestos contra el presupuesto y lo deje sin validez.

Modificaciones podrían esperar hasta el próximo año

Si el decreto 33-2020 queda sin validez, el Estado tendría que funcionar el próximo año con los mismos recursos aprobados para este.

“A la hora de no aprobarse el presupuesto o ser derogado, quedaría vigente el actual pero sin financiamiento porque no están aprobados los bonos y quedan algunos programas que para el próximo año no tendrían recursos”, explica Barreda.

Esto implicaría realizar modificaciones y aprobar fuentes de financiamiento, entre estas, bonos y más deuda para el país.

Mientras el Congreso hace su parte, el presidente Alejandro Giammattei convocó hoy a una reunión con algunas organizaciones para discutir readecuaciones presupuestarias. Destaca que la mayor parte de invitados son cámaras empresariales, la participación de solo tres mujeres en la discusión y la falta de representantes de las comunidades indígenas.