El balance de poderes en Guatemala cambiará a mediados de abril, cuando la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad asuma el cargo. Estas son las preocupaciones en el sistema de justicia.
Jody García /laCuerda
El próximo 14 de abril tomarán posesión las y los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes estarán en el cargo hasta abril 2026. Los titulares electos, —que todavía no han sido juramentados en el Congreso—, son Dina Ochoa, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez y Gloria Porras (contra los últimos dos hay amparos por su designación que siguen en trámite). Los suplentes son Rony López, Luis Rosales, Claudia Paniagua, Walter Jiménez y Juan José Samayoa.
No es una casualidad que cuatro magistrados titulares tengan antecedentes y señalamientos de la sociedad civil de favorecer a implicados en investigaciones de corrupción, como en el caso de Néster Vásquez, quien ha votado cuatro veces para no levantarle la inmunidad al diputado Felipe Alejos pese a las numerosas pruebas en su contra.
Roberto Molina Barreto es cercano al sector empresarial y pesa sobre su currículo la anulación de sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Mott y haber sido candidato presidencial de Zury Ríos. Dina Ochoa es cercana al gobierno y durante la presidencia de Jimmy Morales fue clave para expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Leyla Lemus fue una de las funcionarias esenciales en el gobierno de Alejandro Giammattei, con quien tiene una relación larga pues coincidieron al ser señalados en el caso Pavo Real, donde Lemus enfrentó cargos por supuestamente obstruir la investigación. El caso no avanzó y fue cerrado.
Su llegada a la CC compromete las más grandes investigaciones criminales de los últimos años y definirá el futuro que tomen los casos que investigó la CICIG y que heredó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
También impactará en los casos por violaciones a los derechos humanos y en la forma en la que opera actualmente el sistema de justicia de Guatemala.
La coyuntura y la estructura
Andrea Reyes, abogada e investigadora, considera que el nivel de influencia que tendrá la CC en los casos dependerá del poder que tenga la persona sindicada.
Por ejemplo, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex diputado Gudy Rivera ya no tienen el mismo poder político que cuando estaban fuera de la cárcel. “Probablemente si se ven condenados en otros casos (ambos ya enfrentan una condena) la CC no hará mayor cosa para rescatarlos”, señala Reyes.
Las investigaciones relacionados al gobierno de Jimmy Morales, como el caso por presunta corrupción en la construcción del Libramiento de Chimaltenango y la investigación por sospechas de financiamiento electoral ilícito y anómalo en la campaña de FCN-Nación, serán las que pondrán a prueba el criterio e independencia de las y los magistrados, ya que hay élites políticas y económicas involucradas en ambos expedientes.
Las resoluciones de la Corte pueden llegar a cambiar no solo el rumbo de los expedientes, sino también la propia forma en que funcionan las leyes. En los últimos diez años el sistema de justicia de Guatemala tuvo avances que permitieron modernizar la forma en la que se realizan las investigaciones criminales y cómo se juzgan los casos más graves.
“Los juicios importan mucho, pero lo que preocupa más es que todo el trabajo de legislación y de construcción del sistema de justicia que se hizo en los últimos diez años se puede ver revertido a partir de inconstitucionalidades”, explica la investigadora Reyes.
Esto podría ocurrir con las escuchas telefónicas, que han sido de los principales elementos con los que la CICIG y la FECI demostraron la forma en que operan las redes criminales dentro del Estado.
Solo en el caso La Línea, que desentramó una red de defraudación aduanera en el gobierno del Partido Patriota, los fiscales cuentan con aproximadamente 88 mil escuchas telefónicas que comprometen al ex binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y a decenas de sus aliados.
De acuerdo con Andrea Reyes, a través de inconstitucionalidades los implicados podrían hacer que la CC resuelva que las escuchas telefónicas se consideren ilegales, modificar delitos o reducir las penas de cárcel.
La suma de intereses particulares e influencias políticas para modificar la ley y que decenas de implicados en casos de corrupción se libren de los procesos penales, provoca preocupación ya que la misma alineación puede detener o revertir las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
“Las mismas redes de impunidad que quieren proteger a las élites poderosas, han querido proteger a las élites militares del pasado por la misma complicidad que tuvieron en ese momento histórico”, explica Reyes.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), dice que se prevén resoluciones apegadas a intereses oscuros de sostenimiento de un sistema basado en la impunidad.
“Los pueblos, las organizaciones, las comunidades y las y los defensores de derechos humanos tendremos que hacer un esfuerzo grande por estar recordando la legalidad en el país”, considera el activista.
La fiscalización será intensa para identificar los riesgos de retrocesos en la independencia de las instituciones públicas.
“Estamos en la mayor encrucijada en la cual Guatemala se ha enfrentado durante su historia más reciente, que es efectivamente la instalación de un Estado totalitario que va a hacer retroceder los pocos y débiles avances en materia de democracia para la instalación de un modelo mucho más autoritario y dictatorial”, concluye Santos.
Al cierre de esta nota el Congreso se encontraba a un paso de juramentar a la nueva CC pese a que no han sido resueltos los amparos en contra del proceso de elección de Néster Vásquez, de parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo en la misma CC en contra de la intención del Legislativo.
