Silvia L. Trujillo/ La Cuerda
La violencia contra las mujeres periodistas en cifras
Uno de los problemas a la hora de reportar datos de violencia contra mujeres periodistas, es que en el marco de la institucionalidad estatal solo se cuenta con el registro del Ministerio Público (MP), sin embargo, en los datos que esta entidad proporciona existe un subregistro de los casos imposible de calcular, debido a que no todas las agresiones son denunciadas en el sistema de justicia. Los motivos que llevan a las periodistas a no denunciar por esta vía son, entre otros, la impunidad, la desconfianza en el sistema penal que opera desde lógicas patriarcales, así como el temor a las consecuencias que acarrea en su vida privada y profesional entablar acciones penales contra quienes las violentan.
Por este motivo, la información del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP), que se presenta a continuación, se contrasta con datos aportados por otras fuentes de la sociedad civil que mantienen monitoreos de agresiones e incorporan a sus registros los casos denunciados en el MP, así como aquellos que se denuncian por medio de redes sociales u otras vías.
Entre enero de 2019 y julio de 2021, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del MP registró denuncias de 84 mujeres periodistas y comunicadoras, quienes fueron víctimas de diversos delitos. Ese dato representa el 20% del total de denuncias recibidas en esta fiscalía. Dicho de otra forma, de cada diez delitos contra periodistas que se denuncian, dos son contra mujeres.
Cantidad de casos de violencia contra mujeres periodistas
Elaboración propia a partir de información del SICOMP
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), entre 2019 y los primeros cinco meses de 2020, el número de periodistas agredidas suma 35. De tal cuenta que en el primer año del reporte existe cierta concordancia entre ambas fuentes.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), catalogó 2020 como “un año desolador para la prensa en Guatemala”, los datos en su Observatorio registran, de enero a octubre, 124 agresiones contra periodistas mujeres y hombres (no desagregan el dato por sexo). Mientras tanto, una investigación de la Agencia de Noticias Km. 169, publicada en Prensa Comunitaria, documenta 132 casos, de los cuales 44 se cometieron contra mujeres periodistas (14 de ellas indígenas y 30 mestizas).
En 2021, los datos del MP presentan un descenso bien pronunciado en el número de casos, sin embargo, la interpretación de Jorge Santos, coordinador general de la UDEFEGUA es que no se debe a un cese o disminución drástica de la violencia contra las mujeres periodistas, sino que es una consecuencia de la impunidad en la resolución de casos. Afirma que “dentro de las acciones del pacto de corruptos1, que aún no hemos terminado de dimensionar, está la impunidad y fruto de ésta hay descenso en el número de denuncias, ya no se denuncia tanto. Esto acarrea una dificultad ya que bajan las cifras, pero no es cierto que bajó la criminalización”.
La misma fuente agrega que entre enero y julio de 2021, la UDEFEGUA ha registrado 48 agresiones contra mujeres periodistas y comunicadoras sociales quienes han denunciado “actos de hostigamiento, difamación, acoso sexual, un intento de asesinato en contra de una periodista del municipio de Joyabaj en el departamento de Quiché. La mayoría están vinculados con actos de intimidación por la labor que realizan y de criminalización”.
La invisibilización o ausencia de análisis de las características específicas que asume la violencia contra las mujeres periodistas representa un reto extra para ellas, ya que las deja excluidas de atención pertinente y con enfoque de género, así como del derecho a la debida investigación y a la reparación integral.
¿Dónde ocurren las agresiones?
En los dos años y medio de relevo de información el 66 por ciento de casos que registró el MP sucedieron en el departamento de Guatemala, donde sumaron 64 delitos, mientras que el 34 por ciento restante (32 delitos) se produjeron en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Alta Verapaz, Retalhuleu, Izabal, Santa Rosa y Huehuetenango, entre otros. Cabe aclarar que de los 84 casos denunciados se contabilizaron 96 hechos delictivos ya que en algunos casos se cometió más de un delito contra una mujer. Amenazas y coacción fueron los que más se repitieron.
En este sentido, es importante enfatizar que quienes ejercen la labor periodística en los departamentos constituyen un conglomerado diverso que generalmente es poco visible en las investigaciones sobre la situación del gremio en el país, situación que se complejiza con las mujeres en ámbitos departamentales, comunitarios y rurales porque aumenta su nivel de vulnerabilidad. Deben enfrentar los estereotipos que aún priman sobre las mujeres en el periodismo y desarrollar su trabajo en ámbitos hostiles y con muy poca seguridad.
Brenda Guillén, representante de UDEFEGUA explica que, en el marco del informe 2019-2020, “en el área rural las mujeres están informando lo que sucede en estos territorios y es por esto por lo que están sujetas a amenazas, difamación, secuestro y, sobre todo, a ejercer violencia sexual en contra de ellas. Amenazan también a su círculo cercano pues saben que es muy importante para las mujeres como son sus familiares o sus hijos, en el área urbana están recibiendo ataques de difamación y discursos de odio, por medios de redes sociales”.
El Programa de Acompañamiento Internacional (ACOGUATE) coincidió con su posición, ya que en el informe 2020 enfatiza que “el riesgo fue especialmente evidente en caso de periodistas que investigaban denuncias de abusos por parte de empresas extractivas, denuncias de violencia contra las mujeres y quienes cubrían dinámicas sociopolíticas a nivel municipal o realizaban fiscalización de las instituciones del gobierno”.
Respecto a las vulnerabilidades específicas de las comunicadoras comunitarias, vale citar el asesinato de la locutora Irma del Carmen Chinchilla, ocurrido el 6 de febrero de 2020 en el municipio de Salamá, Baja Verapaz, al norte del país, quien desde diciembre de 2019 había denunciado que era víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales.
También, es importante destacar el caso de criminalización utilizando el sistema de justicia para perseguir penalmente a la periodista maya k’iche’, Anastasia Mejía Tiriquiz, locutora y directora de la emisora local Xol Abaj Radio y de Xol Abaj TV, quien fue detenida de manera arbitraria el 22 de septiembre de 2020, luego de que el alcalde del municipio de Joyabaj, Quiché, Florencio Carrascosa, la acusara de participar e incentivar a una turba que atacó e incendió parcialmente el edificio municipal el 24 de agosto de ese año. La periodista se encontraba en el lugar cubriendo los hechos, pero a instancias del alcalde se la acusó de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio y robo agravados.
La persecución en su contra fue promovida por la autoridad municipal debido a que Mejía, siendo integrante del Consejo Municipal, en febrero 2017 acusó al jefe edil de corrupción. Desde entonces hubo varios procesos penales entre Carrascosa y la comunicadora. “En todo este proceso la fiscalía distrital mostró una actuación absurda y la única lógica para esta sería su pacto con el alcalde o prebendas recibidas de este para criminalizar a Mejía”, concluye el informe de la APG.
Las acciones desplegadas contra Anastasia Mejía tienen todos los componentes de criminalización. Se trató de utilizar su caso como ejemplificador para desestimar cualquier otro intento de informar sobre actos de corrupción en el espacio local, utilizando un conjunto de acciones sociales (descalificación, acusaciones falsas para mellar su credibilidad), políticas (allanamiento de su casa) y jurídicas (ligarla a proceso penal utilizando de manera dolosa los marcos legales). La respuesta gremial, nacional e internacional, fue importante para que la periodista fuera puesta en libertad, aunque aún resta hacer frente al proceso penal.
Delitos visibles e invisibilizados cometidos contra las mujeres periodistas
En cuanto al tipo de delito cometido contra las periodistas, el que se repite con mayor frecuencia en los datos de la fiscalía es amenazas (36 por ciento), seguido por coacción (21 por ciento), violencia contra la mujer (15 por ciento), lesiones graves (6 por ciento) y robo agravado (5 por ciento). Los demás delitos son porcentajes inferiores al 5 por ciento.
Poca o nula es la información que existe en las estadísticas oficiales sobre el acoso sexual ocurrido contra las periodistas. Evelyn Blanck, directora de Centro Civitas, explica que de acuerdo con investigaciones realizadas previamente, el 90 por ciento de mujeres periodistas han sufrido acoso sexual y los perpetradores son desde sus colegas, compañeros de trabajo y jefes, hasta las fuentes informativas.
Además del uso de la violencia sexual o la amenaza de tales actos, otra de las características que distingue los ataques contra las periodistas mujeres es que las agresiones se extienden a sus familias. Se ha registrado al menos tres casos donde se implica a familiares con la intención de silenciarlas. Al respecto Ruth del Valle señala que, “en los casos más fuertes donde la intención no es solo asustarlas, sino sacarlas del medio, sucede que se involucra a la familia, a veces a toda la familia”.
Esta particularidad está estrechamente vinculada con los roles de género asignados ya que es a las mujeres a quienes se les atribuyen las tareas de cuidado de las otras personas integrantes de la familia y, la percepción de que sea vulnerada la seguridad de la familia por el trabajo que ellas desempeñan es muy difícil de enfrentar. Al mismo tiempo, en la mayoría de casos son escasas las redes de apoyo.
Por último, otra característica distintiva es la descalificación como parte de las acciones de criminalización. En muchos casos la utilización de la estructura judicial se acompaña de una estrategia discursiva en redes sociales para atacar su credibilidad. De esta manera tratan de mantenerlas ocupadas en numerosos trámites y procedimientos burocráticos, dilatando los procesos, vulnerando su integridad personal y paralelamente, cuestionando su trayectoria para que se le reste credibilidad a la información que ellas produzcan.
De todo lo anterior puede concluirse que sí hay una forma de violencia específica que opera contra las mujeres periodistas y el objetivo que se persigue es el silenciamiento. Por eso el énfasis de los ataques se da contra quienes asumen un periodismo comprometido con las luchas sociales, con la cobertura de los impactos de la corrupción en la vida de las personas o de las empresas extractivas en la vida de las comunidades. Hay un vínculo estrecho entre el trabajo que estas mujeres realizan y las agresiones, por eso se instrumentaliza su cuerpo para acallarlas. “Pretenden obturar el ejercicio político de la libertad de expresión, los ataques contra la mayoría de las mujeres periodistas son ataques contra la libertad de expresión”, remata del Valle.
En conclusión, estas violencias responden a motivos diversos, a las periodistas se las agrede porque la información que dan, desnuda corrupción y malos manejos de fondos públicos por parte de las autoridades estatales locales o porque esa información afecta los intereses de las grandes empresas extractivas o de grupos de crimen organizado.
Los riesgos aumentan si además la condición de periodista es atravesada por otras categorías. Ser periodista, mujer, indígena y trabajar en ámbitos comunitarios suman factores de vulnerabilidad porque persisten los prejuicios basados en el género y porque hay menores posibilidades de forjar redes de apoyo.
En condiciones tan desventajosas, forjar alianzas entre mujeres, lograr apoyos gremiales e impulsar protocolos que garanticen redacciones seguras y libres de violencia son elementos importantes de estrategias que es necesario desarrollar.
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- En Guatemala se ha llamado de esa forma a la alianza entre quienes detentan cargos públicos de toma de decisiones y el empresariado, surgida en septiembre de 2017 que desde sus lugares de poder inciden para asegurarse impunidad y privilegios.
