Por décadas, las mujeres achís han buscado justicia por los delitos de violencia sexual perpetrados por el ejército en contexto del conflicto interno en Guatemala. Finalmente, llegaron a la etapa intermedia del proceso penal, sin embargo, tienen temor de que al aprobarse la iniciativa de Ley 5377, sus denuncias se engaveten.
Para comprender el contexto de este caso, laCuerda entrevistó a Haydeé Valey, “abogada, mujer indígena que pertenece al pueblo Achí y quien desde el Programa de Participación de Víctimas de Impunity Watch, da acompañamiento a las denunciantes”, como ella misma se define.
Fotografía: Jo-Marie Burt
¿Por qué es importante tener en cuenta, abordar y seguir hablando sobre este caso en particular?
En primer lugar, porque acceder a la justicia es un derecho de las mujeres y porque eso refleja lo que sucedió en el pasado en contra de muchas, la utilización de la violencia sexual como arma de guerra y que fue parte de esa maquinaria de destrucción de los pueblos indígenas.
También es importante mostrar que en el presente se puede hacer justicia por casos del pasado porque eso debería mandar un mensaje claro de que la violencia sexual que ocurre, va a tener repercusión a nivel penal. Eso va enlazado con las garantías de no repetición. El Estado debe procurar justicia para las mujeres a quienes han sido violentados sus derechos.
¿Cuál es la situación actual del caso?
Es un caso de 36 mujeres que fueron sometidas a violencia sexual en diversos momentos, algunas fueron encerradas en destacamentos militares y allí fueron víctimas de violaciones múltiples y masivas. Existen también casos de mujeres que fueron abusadas en sus casas o mientras estaban huyendo en las montañas. Esto ocurrió en varias comunidades de Rabinal, Baja Verapaz. Todo refleja un patrón de persecución en contra del pueblo maya Achí, pero en particular contra las mujeres indígenas.
Se presentó la denuncia en los años 2012-2013 y ahora estamos en la etapa intermedia del proceso penal, es el momento en el que se discute la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) en contra de las personas previamente acusadas y ahora procesadas. El Ministerio debe presentar los medios de convicción que sustenten la solicitud y necesidad de enviar este caso a juicio. Como abogada, junto a las representantes de las mujeres querellantes, nos corresponde apoyar los argumentos del MP, mientras los abogados defensores intentarán atacar esa argumentación, para evitar que el caso sea conocido en juicio.
¿Cuánto tiempo llevó el proceso previo con las mujeres Achí?
Llevó bastante tiempo. En 2011 sólo había nueve mujeres que se habían atrevido a denunciar hechos en su contra y en los años subsiguientes el grupo fue creciendo. Tomó mucho tiempo, sobre todo, por el tabú que se maneja en relación a la violencia sexual y más en las comunidades indígenas por el miedo de que los esposos o hijos se enteren de lo sucedido. Hubo mucho trabajo de acompañamiento, de formación política, de atención a nivel psicosocial que hizo que las mujeres comenzaran a hablar de sus casos. Fue un proceso de ir indagando, preguntando y acercándose porque las mismas mujeres poco a poco empezaron a hablar.
También influyó mucho el hecho de ver que el caso Sepur Zarco estaba siendo juzgado. Eso fue una gran motivación para ellas porque tuvieron la oportunidad de estar en algunas audiencias y de ver que las mujeres tomaban la palabra y se dirigían a un tribunal. Esto hizo que a las mujeres Achí quisieran que su caso llegara a esas etapas. Fue una parte muy importante y reflejó ese nivel de empoderamiento político que tenían las mujeres.
¿Cuál es el nivel de vida de estas mujeres?
Son situaciones complicadas y diferentes porque hay algunas que, a pesar de todo lo que sufrieron, desarrollaron liderazgos. Han sido candidatas a integrar las corporaciones municipales, otras han sido promotoras comunitarias o comadronas, pero la gran mayoría vive una situación compleja porque hablamos de proyectos de vida truncados, de mujeres que no pudieron reconstruir su vida o formar una vida en pareja porque fueron violadas cuando eran niñas.
Las condiciones de pobreza son lamentables porque algunas perdieron sus tierras; otras lograron recuperarlas, pero no producían lo mismo que en el pasado, debido a la carga emocional de la guerra que recibieron.
También hay desplazamiento a la ciudad capital, otras perdieron el uso de su vestuario indígena. El proyecto de vida de estas mujeres quedó distorsionado o truncado y es un efecto visible hasta la actualidad.
¿Hay alguna palabra en Achí que ellas utilicen para nombrar lo que vivieron en ese contexto?
Ellas utilizan la palabra “chapoo”, que es como tomar algo, pero refiriéndose a una cosa, entonces es la forma de vincular la violación sexual con una palabra que se utiliza para apropiarse de algo material, que no tiene vida ni alma. Es un acto denigrante para ellas.
¿Cómo se vinculan las violencias que hoy se viven con éstas que todavía están en proceso de ser sometidas ante la justicia?
Siempre hablando del continuum de la violencia en contra de las mujeres; de esa exacerbación de la violencia en contexto del conflicto armado que las mujeres sufrieron en sus cuerpos, y que, en la actualidad, lo seguimos viendo.
Muchas sufren violencia en sus hogares, situación que no terminó con la Firma de la Paz, lo que muestra que es necesario seguir trabajando para eliminar la violencia.
Gran cantidad de integrantes del ejército pertenecen a comunidades indígenas, entonces, lo que practicaban durante el conflicto, lo siguen haciendo ahora, dentro de sus familias y comunidades.
Hay casos en los que las y los hijos son fruto de esas violaciones sexuales. ¿Cómo ha sido la vida de ellas y ellos?
Las señoras, las víctimas de violencia sexual, que tuvieron embarazos forzados ven a sus hijos, como hijos propios. Sin embargo, hay una situación compleja a nivel comunitario porque hay mucha estigmatización, no sólo hacia la madre, sino también hacia el hijo. Varias nos han dicho “a mi hijo le dicen el hijo del soldado”, es una cuestión que los marca y es otro impacto que necesita trabajo.
Es una carga con la que se quedaron las mujeres que llegaron a finalizar sus embarazos, porque también hay casos de quienes quedaron demasiado golpeadas y que a los pocos meses tuvieron abortos espontáneos.
¿Qué creerías que es pertinente añadir en el marco del caso?
Para relacionarlo con el presente, la iniciativa de Ley 5377, que se está discutiendo en el Congreso de la República, es una amenaza directa a este tipo de casos. Es una burla, una revictimización; es querer botar todos los años que las mujeres Achís llevan luchando para que el caso avance.
Hablamos de una búsqueda de justicia que ha llevado décadas para las mujeres, que se discuta este proyecto es procurar impunidad. Hay que prestarle mucha atención.
Las mujeres Achís se han sentido defraudadas por este Estado, porque no están respondiendo como debería. Posiblemente este caso no llegue a su fin, si esta ley se aprueba.
¿Cómo el Estado aplicará justicia si del otro lado tienen a personas con amnistía? No hay forma de tener una reparación digna de esa forma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a Guatemala que engavete este proyecto de reforma, sin embargo el Congreso parece, nuevamente, retar a la verdad y la justicia.
