Las demandas de las mujeres con respecto a la ejecución de los acuerdos de paz carecen de efectos tangibles. A 14 meses de que los mismos entraran en vigencia, es difícil percibir cómo esos compromisos se convierten en acciones, en esta realidad donde seis de cada diez guatemaltecas viven en áreas rurales y la falta de servicios públicos es lo común.

Aquí un ejemplo que sirva para explicar qué se ha hecho para «reconocer la igualdad de derechos de la mujer y el hombre en el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y asegurarle las mismas posibilidades a la mujer que al hombre, en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos…», según reza al acuerdo socioeconómico.

Este compromiso, al compararlo con los puntos del cronograma (documento en el que detallan cómo y cuándo), deja claro que todavía se carece de estrategias de acción encaminadas a evitar que lo anterior sea letra muerta.

Cabe entonces conocer qué opinan cuatro guatemaltecas. Durante años y en diferentes espacios de la sociedad civil, ellas han presentado propuestas de solución. A su criterio, la atención de los problemas nacionales incluye acciones específicas de género, etnia y edad.

Los acuerdos de paz incluyeron de manera expresa algunas de sus demandas, otras se relegaron y unas más se omitieron, coinciden Eugenia Mijangos, de la Coordinadora de Acciones Legales de la Mujer (COALM), y Gloria Cospín, de la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM).

En cuatro de los siete acuerdos de temas sustantivos, se encuentran enunciados específicos tendientes a atender la problemática nacional que afecta a las guatemaltecas.

Sandra Morán, de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), indica que el contenido de las demandas de las mujeres todavía no se ha abordado, «aún no está claro cuál es la dimensión de género», comenta.

Estos reclamos se están haciendo de lado, al igual que aquellos que corresponden a otros sectores mayoritarios, afirma Eugenia Mijangos. En su opinión, se debe a la incongruencia que hay entre las políticas de gobierno y los acuerdos de paz.

Para la representante de la COALM, las medidas de ajuste estructural que abarcan la privatización de bienes estatales y la protección de los grandes capitales se contraponen a las exigencias urgentes de las guatemaltecas.

Según el Informe 1998 de UNICEF, en Guatemala, de cada cien partos sólo 35 son atendidos por médicos, enfermeras, parteras o agentes de atención primaria de salud. De cada diez mujeres casadas únicamente tres tienen acceso al uso de anticonceptivos. Las estadísticas de la ONAM sostienen que de cada diez mujeres, seis no saben leer ni escribir, y siete son indígenas.

Gloria Cospín opina que será casi imposible que este gobierno cumpla con su responsabilidad de reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna, que asciende a 200 mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada cien mil nacidos vivos.

A juicio de Francisca Álvarez, de la Fundación Manuel Colom, el Estado carece de una concepción para atender los problemas históricos de las mujeres. Estos requieren esfuerzos de fondo, de carácter global en los niveles económico, político, social y cultural.

La opresión hacia las mujeres y los indígenas existe por valoraciones profundamente arraigadas y por tanto tiene sus implicaciones a nivel de Estado. De tal manera que «caminar hacia una equidad de género y étnica», es cuestión de largo plazo, agrega.

Para Francisca Alvarez la atención a estas demandas está ligada a su vez a la democratización de las agrupaciones de la sociedad civil. Hay que cuestionar formas organizativas y de capacitación, que en lugar de liberar cargas de trabajo, añaden más. También superar estereotipos, incluso aspectos del derecho consuetudinario que conciben a la mujer sólo obediente y sumisa.

De acuerdo al cronograma, el gobierno aceptó propiciar la convocatoria de un foro, crear una defensoría de las indígenas y dar seguimiento a los compromisos relativos a la mujer. Antes del año 2000, promover que se tipifique la discriminación étnica y el acoso sexual como delitos.

La instalación del Foro de la Mujer -aunque con retraso- es calificada como un logro por Sandra Morán. «Esa convocatoria como cuestión abstracta se hizo terrenal, a través de las múltiples expresiones organizadas de mujeres que existen ahora», y si bien no es una organización permanente, precisa, puede generar agrupaciones que sí lo sean.

Este Foro es un instrumento para generar propuestas y planificar acciones de cabildeo con otros sectores, tras resumir que abre posibilidades para ser interlocutoras con el poder estatal.

Gloria Cospín comenta igual, podrán sugerir políticas públicas, ya que esa instancia no es para ejecutar los planes de atención a las demandas de las mujeres: «más bien es un canal para presionar».

El reto para quienes apoyan las demandas del género femenino, estén integradas o no en el Foro de la Mujer, será elaborar propuestas que incidan en la gestión pública y por tanto transformen el Estado actual.