Este 21 de mayo fueron presentados los hallazgos del informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad” desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala.
En el documento se evidencia la realidad de quienes alzan la voz para reclamar el bienestar personal y colectivo, pero que no gozan de privilegios sociales ni del Estado por ser un país injusto, desigual y racista, como lo describió el PDH, Jordan Rodas, en su discurso de apertura. Sin embargo, con optimismo el procurador concluyó que está motivado para continuar en la lucha por los derechos de todas las personas, pese a los intentos del mismo Estado por cerrar las puertas.
Fotografía: PDH
Liliana Valiña, representante del OACNUDH, explicó que este informe abarca desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2019 y que se construyó a través de misiones en las diversas regiones del país. Fueron recogidos y analizados 196 testimonios en Guatemala, aunque la mayoría se llevaron a cabo fuera de la ciudad capital, considerando que las zonas rurales y campesinas son las más vulnerables.
Señaló además que en Guatemala existe un enorme desafío en materia de información, porque las instituciones públicas no cuentan, “de formal articulada e integral”, con datos de las personas defensoras.
Foto: PDH
Valiña añadió que durante el proceso se probó la falta de conocimiento y reconocimiento del rol que juegan quienes aportan en la “construcción y consolidación de la paz”. Detalló los riesgos que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos como denuncias falsas en su contra, estigmatización, agresiones físicas, vigilancia o persecución, violencia sexual e intimidaciones; estas últimas reportadas en el 97 por ciento de los casos.
Aclaró que en 2017 se conocieron 13 asesinatos relacionados a la defensa de derechos humanos y que en 2018 la cifra se duplicó, causando alarma por el desmedido ascenso.
OACNUDH y PDH establecieron los patrones más comunes de los ataques como, por ejemplo, formar parte de algún grupo organizado, ser intérprete de éste o simplemente no ceder antes las presiones de quienes están en el poder. Advirtieron, además, que siendo mujer e indígena, se incrementan los riesgos y se utilizan otras formas de violencia.
Las dos entidades señalaron que, en ocasiones, el Estado y empresas privadas son actores que reprimen, persiguen, criminalizan y judicializan a las y los defensores.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado informó que hay cuatro factores que vulneran a las personas defensoras: el desconocimiento de su labor; la distribución injusta de tierras; la corrupción e impunidad como aspectos estructurales; y la debilidad institucional, especialmente en el ámbito de justicia en donde aún existe criminalización y desigualdad en la recepción de denuncias, además de la judicialización de personas que reclaman sus derechos, especialmente cuando provienen de poblaciones indígenas o de situación de pobreza.
Entre 2017 a abril de 2019, se reportaron 106 casos de criminalización de lideresas y líderes comunitarios en los que, en algunos casos, el Estado, finqueros y trabajadores de empresas multinacionales han estado involucrados, tal es el caso de Abelino Chub Caal, Bernardo Caal, los pescadores en El Estor, Izabal y Dalila Mérida.
Todas estas aristas analizadas, causan una profunda preocupación debido al impacto que tienen a nivel individual, familiar y colectivo/comunitario, provocando la autocensura y rompimiento del tejido social por la migración, difamaciones, etcétera.
Las respuestas del Estado
“Guatemala cuenta con un sistema de protección para personas que enfrentan situaciones de riesgo, entre ellas a personas defensoras de derechos humanos” detalla una de las conclusiones del informe, sin embargo, hasta la fecha no se han logrado establecer mecanismos ni criterios uniformes en la atención a este tipo de situaciones. No existen las medidas flexibles y justas para las y los defensores de recursos naturales y el Estado tampoco garantiza el enfoque de género ni la pertinencia cultural al momento de implementar las pocas acciones de protección, manifestó Valiña.
Según los datos obtenidos en el proceso, entre 2017 y 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público solicitó a la Dirección de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) medidas de protección para 568 personas, incluyendo periodistas, activistas, sindicalistas y más de 200 operadores de justicia.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 30 personas defensoras en Guatemala, con el fin de proteger su integridad física, pero también visibilizar su situación. “PDH y OACNUDH recibieron información de casos en los cuales la DPPS intentó suspender las medidas de protección de personas defensoras que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, sin tener la previa aprobación de ésta, como es el caso de la defensora Juana Bacá de la Red Mujeres Ixiles en febrero 2018 o del Colectivo MadreSelva en 2017”, cita el texto en donde se evidencian las pocas intensiones del Estado por resolver la violencia en el país.
Para finalizar, Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, invitó al Estado de Guatemala a que cumpla con las recomendaciones emitidas por entes internacionales en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que el país es signatario de varios esfuerzos que buscan garantizar una vida plena.
En conclusión, es necesario fortalecer los compromisos políticos, así como el ejercicio institucional y estatal para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de cada persona, sin discriminación. Se deben crear espacios integrales, gestionar herramientas y mecanismos que devuelvan la tranquilidad a las poblaciones, sobre todo a aquellas que han sido históricamente afectadas por el racismo.
