Por: Rosario Orellana/periodista
Este 26 de junio, en el Juzgado de Mayor Riesgo A, representantes de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal, del Ministerio Público (MP) y de los grupos de mujeres Achi víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en el país, presentaron seis apelaciones y una recusación en contra de la jueza Claudette Domínguez luego de que dictara libertad para seis expatrulleros procesados.
La juzgadora declaró sobreseimiento para tres de ellos; esto quiere decir que, a partir de la decisión, no podrían ser ligados a juicio. Para continuar el proceso con los otros tres expatrulleros, Domínguez exigió al MP que presente documentos que respalden su periodo y lugar o lugares de militancia, argumentando que la fiscalía no investigó todos los hechos correctamente y que los documentos ya presentados no coinciden con los testimonios.
Según Haydée Valey, abogada del Bufete Jurídico de Rabinal, los archivos solicitados por la jueza son imposibles de conseguir. “Hay una dependencia que se creó en 2011 para documentar quiénes habían sido patrulleros, pero fue una comisión temporal que no tuvo el alcance para elaborar registros tan detallados como los que ella pretende”, compartió.
Domínguez ya había sido vinculada con polémicas resoluciones a favor de grupos e individuos que pertenecieron al ejército, por ejemplo: quitó el arraigo a Edgar Ovalle al rechazar los planes militares como elementos de prueba; eliminó la orden de captura contra Erick Melgar Padilla, militar acusado de asesinato; otorgó medidas sustitutivas a favor de militares procesados por el crimen cometido contra seis campesinos en la Cumbre de Alaska y ligó a proceso al defensor Abelino Chub Caal, entre otros.
Pese a ello, Valey aseguró que no imaginaron “tan nefasta decisión”. Comentó que las mujeres Achi confiaban en el sistema de justicia, especialmente porque todas las víctimas reconocieron a sus agresores. “Estábamos esperanzadas en que, a pesar de la forma tan irrespetuosa con la que a veces se dirige al MP o a las querellantes, su resolución iba a ser apegada a la ley, pero ya nos dimos cuenta que no es una persona objetiva. Está parcializada a favor de los militares”, señaló la abogada.
Ahora, las mujeres Achi deberán esperar para que la jueza eleve el expediente a la sala de mayor riesgo que conocerá dicha apelación. Según la entrevistada, los plazos están establecidos, sin embargo, en Guatemala no se cumplen. “Así como puede tardar tres días, puede ser una semana o hasta un mes”, advirtió.
La entrevistada dijo que las mujeres Achi estaban devastadas y decepcionadas por la resolución de la jueza. “Ellas se atrevieron a denunciar porque confiaban en que el sistema reaccionaría ante los casos gravísimos. La decisión de la jueza otorga impunidad, además nos enfrentamos a una situación compleja porque varias han sido amenazadas por familiares de los acusados. Eso les provoca mucho miedo”, concluyó.
Tras la entrega de apelaciones, un grupo reducido de mujeres Achi junto a Valey, se acercaron al Tribunal de Conciencia que se desarrolló en el Paraninfo universitario en la zona 1, donde las abuelas de Sepur Zarco, les hicieron un homenaje y mostraron su apoyo incondicional en la lucha por la dignidad y el cumplimiento de sus derechos humanos.
“Nosotras compartimos diferentes conocimientos con ustedes y es aquí donde debemos celebrar y alzar la voz para que seamos escuchadas ante la justicia” dijo Demesia Yat, una de las representantes del caso Sepur Zarco.
Por su lado, las mujeres Achi agradecieron el respaldo; reiteraron su compromiso por alcanzar la justicia y reclamaron públicamente que la juzgadora Domínguez desestimó su verdad, por lo que recurrirán a todos los medios legales que les permitan avanzar y obtener respuestas justas. “El Estado no está para nosotras. Nosotras queremos justicia, no somos basura para que nos traten así” concluyó una de las Achi.
