Por más de seis años, las comunidades de Sacatepéquez han luchado por defender su territorio contra la construcción de torres de alta tensión y la destrucción de los recursos naturales como parte de un megaproyecto de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), filial del Grupo de Energía de Bogotá (EEB), y que obedece al modelo extractivo neoliberal que se ha instalado en todo el continente. Éste atraviesa más de 850 kilómetros, por lo menos 17 departamentos del país y afecta a más de 350 centros poblados.
“Guatemala firmó hace muchos años un compromiso de proveer de energía a América Central y parte sur de México y a eso se debe la construcción de hidroeléctricas con esa nueva modalidad de energía limpia. La excusa es llevar desarrollo a las comunidades, pero hemos demostrado que el proyecto funciona únicamente como un plan de reordenamiento territorial desigual […] la pobreza sigue agudizándose”, explica Ana Laura Rojas, integrante de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por TRECSA.
Según la entrevistada, estos acuerdos internacionales reducen la cuota de pago por el uso de la energía eléctrica a las grandes corporaciones y empresas extractivas, en tanto se afecta a las y los pequeños contribuyentes, quienes sostienen este andamiaje. “La empresa [TRECSA] se ha justificado con el respaldo de leyes y acuerdos gubernativos para entrar en los territorios violando varios derechos”, comparte Rojas, enfatizando en la imposición de servidumbre forzada; la presión para la compra de tierras comunitarias; intervención en áreas protegidas; faltas a los derechos individuales y colectivos; deforestación y otros. “Y todo esto lo hacen bajo la protección de las instituciones del Estado”, señala.
Fallo a favor
En el 2013, el entonces presidente, Otto Pérez Molina emitió un acuerdo gubernativo en el que declaró de urgencia nacional y necesidad pública, la implementación del proyecto TRECSA. “Los funcionarios no podían oponerse debido al carácter de este acuerdo, sin embargo, se logró demostrar que era inconstitucional. En diciembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) falló a favor de las comunidades”, aclara Ana Laura.
La empresa utilizó todos los recursos legales para seguir avanzando en los territorios, “forzando y coaccionando a las personas para que cedieran sus terrenos y perdieran sus bienes. Hay casos de represión; además, no existen estudios de impacto ambiental municipal”, precisa la representante de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por TRECSA.
El pasado 1 de mayo finalmente entró en vigencia la resolución de la CC, cancelando todas las licencias del acuerdo. TRECSA fue obligada a detener las obras, pero, representantes y líderes comunitarios de Sacatepéquez denunciaron que las torres se mantienen instaladas y que continúa la tala de árboles. “Los alcaldes siguen siendo asesorados y manipulados por la empresa. Recibieron dinero y están comprometidos. Lo que les corresponde es apegarse al debido proceso”, dilucida Rojas.
Además, aclara que la construcción ilegal de las torres en Antigua Guatemala, provocó la pérdida de cultivos y de terrenos. La coordinadora presentó un amparo en contra de la empresa por la instalación de las mismas y en contra de la municipalidad, por inacción. “Por otro lado, se exigió resarcimiento para las comunidades debido a los perjuicios provocados en actividades agrícolas” añadió la entrevistada.
Según Ana Laura, existen pruebas de las inconsistencias e ilegalidades cometidas por TRECSA en Guatemala, desde su primer contacto con el Estado, hasta la fecha. “Sabemos que no es una batalla fácil. Entendemos que frenar este proyecto significa poner una barrera para otras hidroeléctricas, mineras, etcétera. Ya no tenemos una población dormida, indiferente o miedosa. Las cosas han cambiado y hemos enviado un mensaje claro de que el territorio es nuestro y vamos a seguir defendiéndolo”, dice.
Sin espacios de negociación
Luis Ochoa, integrante también de la coordinadora, explica que el Cerro Nimachay, donde quieren instalar parte del proyecto extractivo, es un punto estratégico para la empresa transnacional, pero también para varias comunidades por ser considerado un bosque nuboso y proveer agua a San Bartolomé Milpas Altas, Santa María Cauqué y Antigua Guatemala. “El reclamo de la población, desde hace varios años, es la protección del cerro”, argumenta.
En San Bartolomé se han llevado a cabo varias actividades informativas, por lo que el alcalde Rubén Ernesto Axpuac propuso una mesa técnica. Luego, se acercó al diputado Sergio Celis y éste último convocó a la reunión que se llevó a cabo ayer, 4 de julio, entre representantes de las comunidades, Concejo Municipal, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Bosques (INAB) y la empresa. El entrevistado aseguró que las comunidades no reconocieron éste como un espacio de diálogo y mucho menos de negociación. “No hay conclusión más que una solicitud de información emitida por Celis. Existe un acuerdo municipal del 18 de mayo que ordena a TRECSA suspender actividades en la zona, sin embargo, la empresa sigue trabajando. Hay intimidaciones, agresiones, presencia del ejército y se han detectado vehículos sin placa”, comparte Ochoa.
Por su lado, en Santa María Cauqué durante un cabildo abierto, realizado el 29 de junio, la población reiteró su decisión de no permitir el ingreso de la transportadora de energía a su territorio y acordaron realizar una marcha pacífica el 2 de julio. Después de varias horas de escucharse las consignas en contra de TRECSA frente a la comuna, el alcalde permitió el ingreso de algunos representantes comunitarios y se emitió un acuerdo municipal en donde se establece la instalación de una mesa técnica y la suspensión de las actividades de TRECSA, hasta que esa mesa emita una resolución. La primera sesión se llevó a cabo recién el 4 de julio entre representantes de la empresa, los ministerios y comunidades. En la misma acordaron que la municipalidad deberá entregar el expediente completo de todo el proceso y tras la lectura del documento, se retomará la discusión. “Entiendo que la reunión de seguimiento quedó pactada para el próximo 2 de agosto”, añade Luis.
Para las comunidades, esta lucha en la defensa de la vida, el agua y los territorios ha representado la criminalización de varias personas; amenazas, opresión y engaños, empero tienen la disposición de seguir en resistencia orientando sus esfuerzos para asegurar un mejor futuro para la niñez y juventud. “Es importante resaltar que no existe ningún espacio de negociación. Hay comunidades que están pidiendo el cambio de ruta y otras la cancelación definitiva de las licencias. El INAB dice que están trabajando en ley, pero ellos no analizan el impacto que tendrá [TRECSA] en un futuro”, concluye el representante de la coordinadora.
