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Guatemala es uno de los máximos productores y exportadores de aceite de palma en Latinoamérica. Hasta febrero del 2019 ya se reportaban 165 mil hectáreas sembradas1 en la costa sur del país, en la Franja Transversal del Norte y el sur de Petén, entre otros. 

En 2018, después de algún tiempo de haber notado cómo su territorio se desmoronaba, las mujeres de la comunidad Sonora en Ixcán, se reunieron en un salón comunal para discutir sobre los efectos ambientales provocados por la llegada de la empresa Palmas del Ixcán a su territorio. 

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“Comenzaron a botar los árboles. Aquí [en Sonora] vivimos de la milpa y toda la que está sembrada cerca de donde quieren plantar la palma, está seca. Parece caña, no hay nada. Destruyeron el arroyo en donde nos bañamos y lavamos la ropa, el agua está sucia y si se usa, nos salen ronchas o nos enfermamos. La palma nos está destruyendo la vida”, señala Isabel*, una de las lideresas del lugar. 

“La empresa compró nueve parcelas, justo donde nace el arroyo. Metió maquinaria y comenzaron a hacer quineles (zanjas profundas). Cuando llueve, toda la tierra escarbada contamina el agua. Ellos [la empresa] no ven las necesidades de la comunidad. Llamamos al señor Odilsar Cardona, representante de la empresa, y nos ofreció filtros que no funcionaron”, complementa Manuel*, uno de los comunitario afectados. 

La población de Sonora sugirió varias alternativas que podrían mermar, parcialmente, las graves consecuencias de la destrucción del territorio, pero la empresa se negó a invertir para el futuro de estas familias. La empresa y representantes de la comunidad firmaron un acta en la que Palmas del Ixcán se compromete a no trabajar, hasta solucionar las inconformidades de la comunidad.

“Los empresarios, por capricho siguen botando la montaña. Hicieron excavaciones y eso nos está afectando, no hay agua porque tumbaron todo”, añade el entrevistado.

Autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se presentaron en el lugar, tomaron fotografías y constataron los daños provocados, pero detener la instalación del proyecto de Palmas del Ixcán. 

Foto: PDH

Isabel* explicó que no tienen hacia dónde movilizarse, que el arroyo más cercano está a unos 40 o 45 minutos de viaje en carro y que deben pagar para trasladarse de un lugar a otro, al menos Q150 a la semana. “La empresa vino y compró la tierra con engaños. Quiere mandarnos en nuestra casa, nuestro territorio. Es cierto que compraron las tierras, pero no tienen derecho a destruirlo todo”, añade. 

Demanda a los demandantes 

Manuel* explicó que la comunidad, con apoyo de la PDH, interpuso una demanda ante el Ministerio Público en contra de la empresa por los daños a su territorio y la contaminación del arroyo. Representantes de la Fiscalía de Narcoactividad y la de Delitos contra el Ambiente realizaron una verificación en el área; además advirtió, con preocupación, que Palmas del Ixcán denunció a doce personas comunitarias, argumentando que trabajadores de la empresa habían sido detenidos con violencia. “Nosotros fuimos a hablar con el caporal, porque firmamos un acta y no se ha respetado, no teníamos a nadie secuestrado. Cuando llegó un licenciado a ver la situación, junto a sus guardaespaldas con escopeta en la cintura, vieron a quienes buscaban chateando por su celular y tranquilos”, comparte. 

Hasta la fecha, las personas denunciadas no han recibido citaciones. Esperan resolver pronto su situación y mantener la demanda en contra de la empresa, por destruir su comunidad y sus recursos naturales, sin embargo, aún no cuentan con asesoría legal.  “Un licenciado nos habló y nos dijo que solito no podía llevar nuestro caso porque es muy grande y complicado. No somos la única comunidad, hay gente de Petén, Sayaxché y otros”, subraya. 

“Las mujeres de Sonora lo que queremos y exigimos es que la tierra se deje en paz para que los árboles vuelvan a crecer. Nosotros no sabemos cuánto nos quede de vida, pero peleamos por lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos”, declara Isabel.  

“Nosotros no queremos que se siembre palma porque todos los químicos que van a usar terminarán de matar nuestro arroyo y nuestro territorio”, concluye el afectado. 

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Datos de referencia obtenidos de una entrevista realizada por Prensa Libre a José Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala. 
 
       * Por seguridad de las personas entrevistadas, sus nombres fueron modificados.