Rosario Orellana / laCuerda
Mientras al fondo sonaba con fuerza el paso de la movilización en la que se conmemora el 25 de noviembre, Día internacional de la NO violencia contra las mujeres, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a tres ex altos mandos del ejército acusados de genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada en la zona ixil durante el periodo de la guerra en Guatemala.
Dentro de la sala del Tribunal de Mayor Riesgo B, ubicada en el nivel 14 de Torre de Tribunales, todas las sillas estaban ocupadas. Ixiles, organizaciones, familiares de los ahora procesados, Ministerio Público (MP) y defensa de las partes interesadas, además de los diversos medios informativos que atendieron al llamado para conocer la resolución del juzgador.
Gálvez inició la audiencia rememorando hechos ocurridos en el país desde el mandato de Juan José Arévalo y Jaboco Arbenz (1944-1954); adujo que en dicha época suscitaron acontecimientos que provocaron un conflicto más cruento y sanguinario. Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera escucharon con atención en todo momento; Noguera, con rostro desencajado, no soltó su rosario café; por su lado, con brazos cruzados, Lucas García y Callejas asentían con la cabeza cada vez que el juez mencionaba acciones llevadas a cabo por el Estado Mayor y el ejército, durante su militancia.
El juez mencionó que su decisión fue tomada con base en documentos militares clasificados y no clasificados, testimonios, además de investigaciones internacionales y tesis relacionadas al conflicto armado. Dedujo que la población Ixil, ubicada en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul sí fue clasificada por los militares.
Según Gálvez, el ejército extendió documentos de identificación personales para reconocer a personas aliadas y justificar los ataques a la población presuntamente subversiva. Subrayó, además, que en 1979 se registraron 1,371 asesinatos y secuestros políticos, un año más tarde se reportaron 2,264 casos y en 1981, las cifras aumentaron llegando hasta los 3,426. “El presidente Lucas asumió el gobierno en julio de 1978. En los seis meses últimos de ese año fueron encontrados 500 cadáveres, de los cuales 200 presentaban señales de tortura”, agregó.
Después de detallar el contexto, Gálvez leyó la resolución. Lucas García y Callejas fueron ligados a proceso por los tres delitos, mientras que Noguera recibió auto de procesamiento por genocidio y desaparición forzada; esto debido a que los primeros dos ya recibieron una condena de 30 años por la desaparición del joven Marco Antonio Molina Theissen y los vejámenes cometidos contra su hermana Emma Guadalupe.
El MP solicitó prisión preventiva para los tres exmilitares implicados, considerando que existe peligro de fuga y obstrucción a la investigación, sin embargo, Gálvez ordenó arresto domiciliario para Noguera dado su estado de salud y avanzada edad. Los otros dos continuarán el proceso en el Hospital Militar, como lo han hecho hasta ahora.
La próxima audiencia fue programada para el lunes 9 de marzo de 2020; mientras, el MP tendrá tres meses para ampliar su investigación.
Con este dictamen comienza un nuevo camino para la población Ixil, que por más de 35 años ha resistido y buscado justicia.
