Rosario Orellana / laCuerda
Foto: Ixoqiib Achi
En el año 2012, cuando se hicieron las primeras denuncias formales por violencia sexual en Rabinal, Baja Verapaz, cometidas durante el conflicto armado interno, las mujeres Achi decidieron perder el miedo, romper el silencio y exigir el cumplimiento de sus derechos. Hoy, estas mismas sobrevivientes se enfrentan a un sistema de justicia en el que prevalece el racismo y el sexismo, en detrimento de las víctimas y sus propios relatos.
Foto: Ixoqiib Achi
Este 5 de diciembre, la abogada Gloria Reyes de la Asociación Bufete Jurídico Popular, acompañada de las mujeres Achi, entregó una denuncia penal en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público contra la jueza titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, por discriminación y racismo luego que ésta pusiera en duda los testimonios con los que se busca condenar a siete ex patrulleros de autodefensa civil, acusados de delitos sexuales y crímenes contra los deberes de la humanidad. Esta denuncia también se presentó ante la Procuradora adjunta Miriam Roquel, con quién se sostuvo una reunión en la que se expusieron las demandas de las agraviadas.
Foto: Ixoqiib Achi
“La jueza Domínguez nos trató de manera humillante e intimidatoria, nos preguntó si el Ministerio Público (MP) nos pagó para declarar, consintió que los defensores utilizaran argumentos sexistas y racistas en nuestra contra y lo más grave es que no creyó en nuestra palabra”, cita el comunicado de prensa.
Según el mismo documento, esta denuncia puede convertirse en un incentivo para que más mujeres indígenas denuncien a operadores del Estado que vulneran a las víctimas de violencia sexual y sentar así un precedente para que estas agresiones no se sigan cometiendo.
Foto: Ixoqiib Achi
Contexto
El 21 de junio de 2019, pese a que las víctimas reconocieron a los agresores, la juzgadora dejó en libertad a Simeón Enrique Gómez, Pedro Sánchez Cortéz y Félix Tum Ramírez señalados por el MP de delitos contra los deberes de la humanidad, argumentando que la Fiscalía fue incapaz de comprobar los años en los que éstos formaron parte de las Patrullas de Autodefensa Civil. Por otro lado, dictó cierre provisional en el caso de Benbenuto y Bernardo Ruiz Aquino, además de Damián Cuxum Alvarado, hasta que se probara la participación de ellos en los hechos imputados.
Foto: Ixoqiib Achi
Días después de la resolución de Domínguez fueron presentadas tres recusaciones contra la jueza por negar el acceso a la justicia a las mujeres Achi, quienes por años han intentado sanar las graves violaciones a las que fueron sometidas. La apelación presentada por la abogada Reyes sigue sin resolución y el caso permanece inmovilizado.
