Sonia Mercedes Escobedo Escalante / Colectivo Agroecofeminista y Casa Colibrí -Rochoch Tz’unúm
Hace unos meses se realizó en Guatemala el tribunal de conciencia “La violencia sexual en el pasado y el presente es un crimen”, impulsado por organizaciones de mujeres y feministas. La Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), organización que tuvo el liderazgo en dicho proceso, solicitó la elaboración del peritaje “Impacto socioeconómico de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en Guatemala”, del cual aquí se presenta un resumen.
Despojos históricos como continuum de violencia sexual
El proceso de acumulación y despojo colonial en el pasado, y capitalista neoliberal en el presente, arrebató las capacidades de la población en Iximulew para la producción de sus medios de vida.
De esa manera, Aura Cumes, afirma: “la violación sexual fue un instrumento institucionalizado, que provocó comportamientos violentos con poderes ilimitados frente a quienes no tenían poder para devolver la violencia”, se caracterizó por tener un continuum a lo largo de la historia. Hoy prevalece el despojo y acumulación que la era neoliberal consolida a través de la depredación de la tierra, el ecocidio y de la “guerra expresiva” de la que habla Rita Segato, que tiene como fin “infundir el miedo, despojar y desplazar para que el proceso de acumulación y enriquecimiento de unos se consolide”.
Según Silvia Federici, “la globalización y el neoliberalismo constituyen nuevas formas de acumulación del capital; tienen repercusiones violentas a través de la flexibilización laboral, la explotación de la fuerza de trabajo, la precarización de los salarios, el desempleo y la creciente informalidad del trabajo”. Todo ello ha generado una nueva escalada de violencia contra las mujeres, donde la violación sexual y el femicidio adoptan características que hacen funcional el sistema.
La división sexual del trabajo y la obligación sexual
Para comprender la violencia sexual, hay que analizar la división sexual del trabajo, ésta no sólo confina a las mujeres al hogar, las tareas domésticas y de cuidado, sino las condena a labores al ser invisibilizadas en la economía.
En el marco de esa apropiación del cuerpo y sus productos, se encuentra el tiempo, del cual las mujeres no son dueñas porque de él disponen los varones de su entorno y la sociedad. Los cuidados no tienen horario ni remuneración, esto provoca que surja la obligación sexual como otra forma de apropiación del cuerpo.
Según la feminista materialista Collette Guillaumin, “rige el uso físico y control, las mujeres nos convertimos en propiedades y por ello somos menospreciadas y desposeídas”.
Costos institucionales
En dicho peritaje se hizo evidente el costo de la violencia, lo cual conllevó la estimación del gasto público incurrido en el funcionamiento de instituciones que atienden la violencia contra las mujeres; las asignaciones presupuestarias siguen siendo invisibles, no se desglosan y muchas veces se cae en el error de sobredimensionar la inversión, adicionalmente ha sido difícil identificar el gasto público destinado a la atención de la violencia sexual por no estar etiquetado.
Para 2018, se destinó más de 161 millones de quetzales y para 2019, poco más de 105 millones, la mayoría para funcionamiento de servicios públicos: fiscalías especializadas del Ministerio Público, Organismo Judicial (OJ) a través de los órganos de femicidio y la Secretaría de género, Secretaría contra la Violencia Sexual, Defensoría de la Mujer Indígena, estudios clínicos sobre violencia contra la mujer del INACIF, clínicas de atención médica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otros. Para el ejercicio fiscal 2019, se reportó una reducción presupuestaria de más de 56 millones de quetzales (35.6 por ciento) con relación al ejercicio fiscal anterior, lo cual evidencia la precariedad de los deficientes servicios de atención a mujeres sobrevivientes de violencia que se atreven a denunciar.
Costos que implica la atención de la violencia sexual
Adicional a los costos institucionales presentados con anterioridad, se determinaron los gastos directos e indirectos que implicarían una atención integral a víctimas de violencia sexual, para ello se tomó como base 10,792 casos registrados por el OJ en 2018.
Con relación a los costes directos: atención médica hospitalaria (diagnóstico, tratamiento, hospitalización, servicios de rehabilitación en un hospital público y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual) el monto asciende a poco más de 109 millones. En los gastos indirectos se contemplaron dos dimensiones: 1) en términos productivos, cuando una mujer sobreviviente de violación o agresión sexual deja de trabajar, sufre una discapacidad física o psicológica, temporal o permanentemente; 2) el daño emocional causado por violación y agresión sexual. Este componte es complejo de medir, vivir con miedo y zozobra no es cuantificable, sin embargo, se hizo el ejercicio para tener un parámetro y así visibilizar las implicaciones económicas. Para los casos de imposibilidad productiva por violación sexual, se estima una inversión de alrededor de 67 millones de quetzales y por agresión sexual, aproximadamente 27 millones; para la atención por daño psicológico causado por violación sexual, se cuantifica poco más de 400 millones, mientras que por agresión sexual, cerca de 162 millones de quetzales.
La consolidación de gastos directos e indirectos por violencia sexual en 2018 sumó Q769 millones, 666,749.77, monto que debería estar contem- plado en el presupuesto del Estado, pero lamen- tablemente, gran parte de éste lo asumen las mujeres y sus familias.
Los costos en el bolsillo de las mujeres son los pagos en los que incurren para dar seguimiento a tratamientos médicos, atención psicológica y procesos penales, que implica también absorber los costes de transporte, alimentación y hospedaje cuando deben viajar para ser atendidas, además de asumir las pérdidas económicas por los días no laborados.
Para dar continuidad al proceso de denuncia, en el municipio de Guatemala, se estima que aproximadamente, las mujeres invierten tres mil 200 quetzales; en comunidades de Jocotán, mil 800 mientras que, en la Zona Reina, Uspantán más de cuatro mil quetzales; en La Libertad, Petén el monto es aún mayor. Según registros, generalmente el agresor es el padre de las agraviadas, quienes deben viajar a Puerto Barrios, Izabal, para continuar su proceso lo cual implica un gasto de alrededor de siete mil 500 quetzales, en este municipio cabe resaltar que el CAIMUS administrado por la Asociación de Mujeres de Petén Ixqik brinda acompañamiento a las víctimas.
