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De mayo a octubre de 2019, lideresas y comadronas de Chimaltenango, Sololá, San Marcos, Chiquimula y Guatemala realizaron un monitoreo para conocer la realidad de los servicios de salud sexual, planificación familiar y atención a violencia sexual en los Centros de Atención Permanente (CAP), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), instalados en varios municipios. Los hallazgos de esta investigación, impulsada por la Organización de Mujeres Tierra Viva, permiten denunciar, nuevamente, las diversas violencias a las que miles de mujeres se enfrentan a diario.
Alma Odette Chacón, coordinadora general de Tierra Viva, explica que los resultados reflejan conclusiones apabullantes. Por un lado, se visibiliza que muchas mujeres están más conscientes del impacto positivo que provoca la planificación familiar y la recuperación del propio cuerpo y sexualidad, sin embargo, aún el miedo y la violencia desbaratan los esfuerzos por construir vidas libres.
Como segundo punto, Chacón hace énfasis en las muertes maternas. “Por mucho que nos digan que hay ideas y acciones bien intencionadas, el cambio no es suficiente. Se habla de entre 108 y 118 muertes por cada 100 mil nacidos vivos”, acota la entrevistada, quién también señala el racismo que vulnera aún más a mujeres indígenas o de origen ch’orti’ que se abocan a estos centros. “Eso de que defienden la vida y desde la concepción yo lo dudo mucho porque las muertes siguen”, agrega.
Otro de los ejes más preocupantes gira alrededor de la violencia sexual. Según la representante de dicha organización, el 90 por ciento de los agresores pertenecen al entorno familiar o comunitario de las víctimas, por lo que se instala en ellas un profundo miedo a denunciar. “Es una violencia que nos avergüenza porque nos dijeron que era nuestra culpa, además hay un ejercicio de poder que no permite que se denuncie con facilidad, como otro tipo de violencias. Esa parte la tenemos que trabajar no sólo desde las mujeres, sino como algo comunitario y colectivo”, dice la especialista.
Por último, pero no menos importante, la entrevistada hace hincapié en los servicios de salud: “Yo me preguntaba por qué las mujeres hablaban tanto de los baños, pero claro, si vas a un lugar sucio y sin agua, te sentís incómoda, te sentís maltratada; y es que no es solamente en los baños, se trata también del equipo que usan, del encamamiento, de los ultrasonidos… ¿cómo los hacen? y lo más importante ¿ellas cómo se sienten? Se necesita mejorar la visión de que las mujeres deben ser primero sujetas de políticas y estrategias que garanticen mejorar su calidad de vida. El contexto ya es difícil y en estos lugares ellas deberían sentirse protegidas y seguras”, razona.
En contraparte, María del Carmen Quintero, Técnica del Programa Nacional de Salud Reproductiva del MSPAS, quien asistió a la presentación de los resultados del monitoreo, ve provechoso el recurso para mejorar en muchas áreas, aunque advierte que en la institución hay poco presupuesto para cambiar la situación. “Me impresionó ver a mujeres que se están empoderando, que tienen el deseo de lograr mejoras para ellas y para su comunidad”, asevera.
Fotografía: Rosario Orellana
Voces y demandas
Los testimonios de las mil 236 mujeres entrevistadas, que asisten a CAP’s ubicados en 19 municipios, coinciden en varios aspectos, como la discriminación hacia quienes no hablan castellano, como denuncian Beatriz Reyes y Bernardina Canán, monitoras de Chiquimula. Esta situación se replica en San Marcos, donde se suma el desabastecimiento de métodos anticonceptivos. “Esto ya pasó hace algún tiempo. Mujeres de 52 años quedaban embarazadas y el miedo ahora es que pase lo mismo. Ellas no quieren una maternidad si ésta no es planificada”, acota Consuelo Castañón, lideresa y comadrona, quien además manifiesta con agobio que en el departamento impera el machismo, tal y como lo mencionó también Natividad Coc de Chimaltenango. Castañón expresa que existe mucha violencia intrafamiliar y también en los centros educativos por parte de los directores y maestros, mientras la impunidad impera en los juzgados.
Por su parte, María Elena Sian originaria de San Juan Sacatepéquez revela que a muchas mujeres se les niegan los exámenes de salud y que existe retraso en la entrega de resultados de Papanicolaou. “Por ser familias con muchos hijos e indígenas, no tenemos recursos para comprar medicamentos o asistir a hospitales privados”, explica. También la lideresa asegura que muy pocas mujeres hablaron sobre la violencia sexual, aunque se conocen casos de padres hacia hijas.
Finalmente, Ángela Dionisio de Sololá denuncia desabastecimiento de métodos anticonceptivos y falta de herramientas para atender a las mujeres, además de casos de violencia que se detectaron, aunque las afectadas decidieron, en su mayoría, no hablar al respecto.
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- Fotografías: Rosario Orellana
Primer tropiezo del 2020
Quintero sostiene que el MSPAS requiere la organización de las comunidades para lograr cambios en el país y que este monitoreo contribuye a visibilizar las necesidades de las poblaciones, sin embargo, esto no parece suficiente para que el Estado responda a las demandas de las mujeres.
Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) existe el riesgo de no contar con suministros suficientes para la atención digna de la salud sexual en 2020, después de un malobrado proceso del Ministerio de Salud que repercute en los tiempos de adquisición de los métodos anticonceptivos.
Esta situación parece respaldar la mayor preocupación de las mujeres representadas en esta investigación, quienes frente a un Estado que no garantiza acceso a servicios básicos, de calidad, calidez y que sean integrales, están dispuestas a defender su salud sexual y reproductiva y a buscar mecanismos que les permitan enfrentar la violencia sexual.
