Texto y fotos: Asier Vera / Periodista
La lucha de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, continúa más que nunca cuatro años después de su crimen. Las mujeres de la comunidad Lenca a la que ella pertenecía siguen trabajando “en defensa de la vida, del territorio y del agua” y resistiendo a la intención de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) de llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’ en el río Gualcarque.
La oposición férrea de Berta Cáceres a esta infraestructura le costó la vida, su legado está intacto en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). A través de esta organización fundada por Berta en 1995, prosigue la lucha de las mujeres lencas, entre quienes se encuentra Marleny Reyes, quien denuncia que “siempre somos las invisibles que se resisten a proyectos extractivos”. “El gobierno no mira que existimos como pueblo indígena”, critica, al tiempo que remarca que “la herencia de Berta es luchar por la vida y por la igualdad entre mujeres y hombres, porque ella combatía contra el patriarcado que desplaza a las mujeres de nuestros derechos, dado que quienes toman las decisiones por nosotras, son otros”.
“En Honduras, se criminaliza a quienes nos oponemos a proyectos extractivos y cada vez que se sigue financiándolos, se está financiando la muerte de más compañeras”, denuncia, al tiempo que señala que cuando “físicamente nos quitan a Berta Cáceres, creyeron quitar la lucha de todas las mujeres que se organizan y se resisten a este modelo opresivo”. Sin embargo, recalca que el espíritu de la ambientalista “está en la voz de cada compañera que se opone a los proyectos extractivos”, teniendo en cuenta que Berta “luchó por su pueblo, por ser mujer y por ser indígena”.
“Los autores intelectuales gozan de impunidad”
‘¡Despertemos! ¡Despertemos humanidad! Ya no hay tiempo’, se lee en la tumba de Berta Cáceres, decorada con un colorido mosaico en el que se reproduce su rostro sonriente. Cuatro años después del crimen por el que ya han sido condenados siete hombres a penas de prisión de entre 30 y 50 años, su familia sigue exigiendo justicia para que se persiga a los autores intelectuales mientras recibe seguridad del Estado por amenazas.
Una patrulla de la Policía Nacional de Honduras está apostada las 24 horas frente a la vivienda de la madre de Berta Cáceres, Austra Bertha Flores, ubicada en La Esperanza Intibucá. Frente a un altar con fotos de la ambientalista asesinada, Flores remarca que su hija “enseñó a las mujeres que tenían que luchar porque también tenían derecho a ser dueñas de sus tierras y propiedades y a ser más independientes de sus esposos”. Lamenta que la “persecución” contra Cáceres que finalizó en su asesinato, comenzó cuando organizó a la comunidad indígena Lenca para oponerse a la construcción de una gran represa en el río Gualcarque que “iba a inundar un montón de pueblos”. “Se ha logrado que por lo menos los siete gatilleros estén ya presos y condenados, pero faltan los verdaderos autores intelectuales que gozan de impunidad y, por eso, continuamos luchando y batallando para pedir que se haga justicia contra quienes mandaron y pagaron para que la asesinaran”.
La madre de Berta Cáceres revela que, tras las denuncias y movilizaciones realizadas después del crimen, “hemos sido amenazados y por ello está la seguridad para protegernos de lo que pueda suceder porque nunca se sabe”.
La familia de la ambientalista apunta directamente a la familia Atala como responsable intelectual del crimen, al ser la socia mayoritaria de la empresa DESA, cuyo gerente general, Roberto David Castillo, fue detenido en marzo de 2018 y enfrentará próximamente un juicio por ser, según la investigación judicial, el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales del asesinato.
Laura Zúñiga, hija de Berta, lamenta que “la estructura criminal que atentó contra mi mami sigue intacta”, mientras que la concesión del río Gualcarque “aún está en manos de la empresa criminal que la asesinó y sigue teniendo un financiador que no se ha retirado definitivamente, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica”. No obstante, Zúñiga destaca que Berta “sigue viva y nos sigue acompañando, protegiendo y dando fuerza para poder enfrentar a una dictadura, a la militarización y a un empresariado que ha demostrado ser asesino, criminal y corrupto. Ni el miedo, ni el dolor, ni la rabia que ha significado este asesinato van a detener los procesos de defensa de la tierra y de la vida”, avisa.
En este contexto, desvela que “las amenazas continúan y es algo con lo que una tiene que asumir que va a vivir cuando decide enfrentar a los asesinos de nuestra mamá”, teniendo en cuenta que “no se ha desarmado esa estructura criminal que atentó contra Berta”.
Una de las consecuencias de los proyectos extractivos, según recuerda Zúñiga, es el desplazamiento interno en Honduras, que provoca que las personas de la comunidad Lenca “tengan que emigrar a engordar los cinturones de pobreza en las ciudades más industrializadas del norte o tengan que salir del país quitándoles el arraigo territorial”.
Para la hija de Cáceres, hubo un “ensañamiento” contra su madre por ser mujer, dado que “horas antes de que levantaran su cuerpo, el Ministro de Seguridad decía que había sido un pleito de faldas, mientras que hubo campañas de odio en las que la tachaban de loca, bruja y revoltosa”. Por su parte, la madre espera que su legado “no vaya a morir nunca”, debido a que “han asesinado a muchísimas mujeres luchadoras y, por eso, hago un llamado a las mujeres de todo el mundo para que nos organicemos, enfrentemos la situación y no esperemos que solo los hombres puedan, sino también nosotras”.