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Mujeres participantes de la Plataforma LeyDem
La desigualdad de género ha sido, históricamente, uno de los mecanismos de control y despojo del modelo predominante: capitalista y patriarcal, que ha vulnerado a las mujeres en distintas dimensiones, como en la falta de garantías en salud, educación, participación social y política además de la economía. Sobre esta última, el Informe Global de Brecha de Género 2020, del Foro Económico Mundial, advierte que para lograr equidad en términos de reconocimiento, oportunidades y condiciones laborales entre mujeres y hombres, aún faltan alrededor de 100 años. Frente a este apabullante contexto, al menos 50 colectivos y asociaciones de mujeres diversas y organizadas de Guatemala conformaron una plataforma nacional y desarrollaron la Iniciativa 5452, con la que se dispone aprobar la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM) para potenciar una economía más humana y feminista.
De acuerdo con Sandra Morán, diputada 2016-2020, quien impulsó y presentó la iniciativa junto al diputado Enrique Álvarez, este proyecto aborda el trabajo productivo, pero también visibiliza las labores reproductivas no remuneradas y, mayormente delegadas a las mujeres y niñas. “Nuestra ley es integral porque toca al Ministerio de Trabajo, de Economía, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), además del Instituto de Capacitación (INTECAP) y a la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) a modo de que haya acceso a recursos financieros, capacitación técnica y tecnológica, préstamos, acceso a tierras y programas específicos para jóvenes recién graduadas que podrán vivir la experiencia que se les solicita en trabajos futuros, y para mayores de 35 años, con el fin de reducir la discriminación etaria que vemos con frecuencia”, afirma. La diputada manifiesta, también, que esta ley prioriza a mujeres en situación de vulnerabilidad, aunque tiene una visión general que involucra a todas.
Por su lado, Celia Hernández, representante de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS) e integrante de la Plataforma LEYDEM, aclara que esta iniciativa pretende “aportar a la economía de las mujeres y a su autonomía” además de “garantizar el cumplimiento del Estado como sujeto de obligación de derechos en la facilitación de recursos”. Hernández acota que uno de los aportes más valiosos de SERJUS en el proceso de creación de esta iniciativa ha sido “promover que se retome el enfoque de economía social y solidaria y que los emprendimientos que las mujeres ya están llevando a cabo puedan fortalecerse”, como los grupos de autoahorro y los mercados campesinos.
Esfuerzo de todas
Uno de los valores agregados de esta iniciativa, a diferencia de la mayoría de propuestas que llegan al Congreso de la República, es que nace desde la realidad de las mujeres que integran la Plataforma LEYDEM. “Surge de la población y responde a los intereses de la misma población, es lo más importante porque se le da validez a las voces que hacen una demanda clara y que la han llegado a documentar”, señala Andrea Villagrán, diputada reelecta 2020-2024 y parte de la Comisión de la Mujer, entre otras.
La entrevistada también explica que “esta iniciativa llega a darle solución a muchas problemáticas del país, como la desnutrición. Ayudar a una mujer no es apostar por un individuo sino por una comunidad entera. Las repercusiones de la iniciativa no se limitan al empoderamiento económico per se y a la independencia económica, que ya es algo bueno, va más allá y atacará los problemas estructurales como la pobreza y extrema pobreza”.
Hernández detalla que el proyecto logra “materializar el esfuerzo de las mujeres organizadas, quienes han luchado históricamente por el reconocimiento de su aporte a la economía. No se trata de ver únicamente la iniciativa sino todo el proceso, los esfuerzos y los años que implicó. Va a favorecer a muchas familias y a la población en general”, reitera.
Pese a que las ideas plasmadas en este proyecto prometen un importante paso en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y, sobre todo, en el desarrollo económico de la población en su conjunto, en el organismo legislativo no ha tenido un camino fácil. La Comisión de Finanzas, sin discutir a profundidad la propuesta, decretó dictamen desfavorable mientras que la Comisión de la Mujer demoró un año para dar una respuesta positiva. Hasta la fecha, únicamente una vez ha sido agendada para discutirse en pleno y, finalmente, el punto no fue abordado. “El compromiso es que esta iniciativa se convierta en una realidad”, sostiene Villagrán.
Proteger y garantizar
La Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres “no transforma las cosas como quisiéramos, pero sí soluciona las necesidades más inmediatas, además de fortalecer la capacidad de las mujeres y su sentido de poder propio y colectivo”, finaliza Morán.
Actualmente la Comisión de la Mujer, junto con las organizaciones de la Plataforma LEYDEM, tienen la dura tarea de reposicionar la discusión sobre la mesa, pero sobre todo de lograr que la iniciativa sea aprobada. “Es un reto grande, pero es muy importante porque al hablar de empoderar a las mujeres económicamente, hacemos referencia a cuestiones transversales, por ejemplo, la participación política de muchas, que se ha visto limitada por la falta de recursos económicos”, concluye Villagrán.
La aprobación de esta ley supone un avance importante en la reducción de la brecha de género en el país; un impulso que propone nuevas dinámicas sociales en las que se dignifiquen los trabajos desempeñados por las mujeres y que históricamente no han sido reconocidos; que garantiza un desarrollo integral para todas; que cuestiona y confronta al sistema y sus mecanismos sexistas para provocar la deconstrucción de realidades y así vivir en plenitud, armonía y pleno goce de los derechos humanos y de las mujeres.
