Rosario Orellana / laCuerda
Este miércoles 19 de agosto se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas de coerción solicitada por los militares Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Francisco Gordillo, con la que pretendían salir del Centro Médico Militar donde cumplen condena por desaparición forzada, violación agravada y delitos contra los deberes de la humanidad; hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno y vinculados al caso de la Familia Molina Theissen.
La defensa argumentó que, al encontrarse en un centro hospitalario, corren peligro de ser contagiados con COVID-19 y planteó que la avanzada edad de los tres acusados, sumada a sus parecimientos de salud, se convertía en factor de riesgo; por tanto, pidieron ser privilegiados con arresto domiciliario, pese a que los delitos por los que Lucas García, Callejas y Gordillo recibieron penas de entre 33 y 58 años, son inconmutables de acuerdo al Código Procesal Penal.
Por su lado, el Ministerio Público (MP) explicó que conceder la medida solicitada, constituye una violación a los derechos de las víctimas, además de un alto peligro de fuga.
Se detalló que cualquier persona está expuesta a contagiarse por el virus, sin importar si se encuentra en la cárcel, en un hospital o en la calle, por lo que otorgar las medidas únicamente puede convertirse en una estrategia para obstaculizar la justicia.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia Molina Theissen reclamó que los tres sentenciados ya gozan de privilegios que otros privados de libertad no tienen y que la petición de la audiencia debió ser rechazada desde un inicio.
Después de analizar el panorama, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por la Magistrada Anabella Cardona y los Magistrados Mynor Oxom y Marvin Reyes, rechazó la solicitud, considerando inviable e imprudente la petición, ya que fueron condenados por delitos de violación agravada en contra de Emma Guadalupe Molina.
Lucas García, Callejas y Gordillo no son los primeros que intentan favorecerse en el contexto de la pandemia. Militares vinculados al caso CREOMPAZ también solicitaron revisión de medidas de coerción en mayo pasado. La jueza Claudette Domínguez denegó la petición.
