De la Plaza a los Tribunales: cómo cayeron los casos del MP contra quienes manifestaron el #21N
Coyuntura

De la Plaza a los Tribunales: cómo cayeron los casos del MP contra quienes manifestaron el #21N

By 25 noviembre, 2020 No Comments

Los jueces ordenaron al Ministerio Público investigar a la Policía Nacional Civil por las agresiones y violencia desmedida en la captura de más de 30 personas que manifestaban el pasado 21 de noviembre. Esto y más pasó en una jornada de tres días de audiencias contra quienes sufrieron detenciones.

Jody García/laCuerda

Melvin Rolando García pasó la noche del lunes 22 de noviembre solo en la carceleta de la Torre de Tribunales. Fue su tercera noche. El resto de días los pasó junto a 30 hombres que fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en la manifestación del 21 de noviembre realizada en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Pasaron 72 horas desde que Melvin fue capturado hasta que recuperó su libertad. Fue el último de un grupo de 36 manifestantes, entre ellos 5 mujeres, a los que el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Congreso de la República, trataron de procesar por supuestamente cometer cuatro delitos: atentado contra los agentes, desorden público, manifestaciones ilícitas y depredación del patrimonio nacional.

Las 36 personas fueron capturadas en la manifestación del sábado 21 de noviembre; las audiencias iniciaron un día después, la mañana del domingo 22 y terminaron el martes 24.

“Salí limpio”, dijo Melvin mientras esperaba que un juez firmara su hoja de libertad. En su audiencia, el MP reconoció que no tenía indicios creíbles ni suficientes de que hubiese cometido algún delito. Esto, luego de que cuatro jueces diferentes resolvieran dar falta de mérito a su investigación debido a que la Fiscalía no presentó elementos creíbles de que cometieran un delito durante las protestas.

Las falencias del MP

“No voy a ser benevolente con la fiscalía”, dijo el juez Mario Martínez en la primera audiencia. El fiscal del MP dijo que no tenían elementos suficientes contra los manifestantes porque tenían “poco personal”. Pese a ello les imputó los delitos y pidió que las personas fueran ligadas a proceso.

Durante las audiencias los jueces coincidieron en señalar que el MP hacía una imputación colectiva y que en ninguno de los casos indicó qué hizo cada quien.

No había fotografías o videos donde se les viera agrediendo a los policías, lanzando piedras o quemando el Congreso, como decía la Fiscalía. Por el contrario, la defensa presentó  material visual donde se veía que los agentes agredieron a las personas. Por ejemplo, la abogada Diana Vivar, del Bufete de Derechos Humanos, quien defendió a Alexander Paiz y Yancarlo Marín, señaló que fueron 24 policías los que detuvieron a los dos jóvenes.

El MP sustentó su imputación con declaraciones del personal policial que capturó a las y los manifestantes, o que supuestamente lo hicieron, ya que el fiscal dijo que en algunos casos no dieron su testimonio porque ya estaban descansado de su turno. Las y los abogados defensores hicieron ver que, en algunos casos, los policías que testificaron ni siquiera fueron los que detuvieron a sus clientes.

La abogada Vivar incluso señaló que en contra de Alexander Paiz y Yancarlo Marín había cuatro declaraciones de policías que eran exactamente iguales, con los mismos puntos y comas. “No puede ser que vieran exactamente lo mismo y lo relataran de la misma forma”, señaló al juez. Parecía un “copy-paste” de la misma declaración para aparentar que existían más elementos que los inculparan.

A las inconsistencias del Ministerio Público se sumó que presentaron fotografías de las personas manifestantes ya capturadas como indicio de que estaban en la manifestación cometiendo delitos, cuando en realidad estaban ya con las esposas puestas.

Además, hubo contradicciones entre los lugares y horas de captura que señalaban quienes manifestaban y las declaraciones del personal policial, que les situaba frente al Congreso, rompiendo la valla policial para incendiar el edificio. Esto, debido a que quienes manifestaban fueron detenidos en la Sexta Avenida de la zona 1 o cerca de la Concha Acústica, ubicada a un costado de la Plaza Central.

“Aunque no quedó registrado, sí hubo violencia contra los agentes”, dijo el fiscal en la audiencia. Aún sin documentación, la fiscalía trató de procesarlos. Incluso el mismo MP dijo que a ninguna de las personas detenidas se les encontró algún objeto ilícito o arma.

“¿Cuál es el fin de esta audiencia si el MP no presentó ningún indicio material?”, cuestionó el juez Mario Godoy. Así se realizaron 20 audiencias más.

Los relatos

Algo que resaltó de los tres días de diligencias en el juzgado de turno, fueron los testimonios de las y los manifestantes capturados. Algunos llegaron indignados por la aprobación del presupuesto del Estado para el año 2021, otros por la corrupción gubernamental y otros como Mynor Abel Barrondo, por lo que sufrió su comunidad con el paso de la tormenta Eta.

Mynor estaba esposado saliendo de la audiencia cuando contó que es de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, municipio donde está ubicada la aldea Quejá, una de las aldeas más afectadas con la tormenta Eta  y donde un deslave sepultó alrededor de 150 casas.

“Me dejan libre pero todavía seguimos en la lucha, porque no es solo que no aceptaran el presupuesto. Necesitamos también que ayuden a las personas que sufrieron con las tormentas. Esa gente necesita ayuda, que les construyan una nueva casa. Por eso estamos aquí y si podemos seguir ayudando a esas personas, yo lo haría con todo gusto”, dijo Mynor.

Roxana Coronado, trabajadora de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) e integrante de Centinelas, una convergencia de movimientos religiosos que se pronuncia contra la corrupción e injusticias del Estado, también fue capturada y liberada.

Fue capturada porque se subió a la misma patrulla en la que la PNC subió a su hijo, Pablo Puente. Tomó su mano y no la soltó hasta que llegaron a la Torre de Tribunales, donde ella también fue apresada.

Cuando escuchó que el juez la dejó libre junto con otras ocho personas, todavía con las manos esposadas levantó un pequeño cartel en el que convocó a manifestar para el próximo 28 de noviembre.

“Solo quiero motivar a las personas a que no se dejen intimidar. No nos tenemos que esconder y dejar que nos repriman, sino al contrario de forma pacífica, ejercer nuestro derecho a manifestar. Nos vemos el 28 porque no podemos continuar permitiendo que nos sigan robando”, dijo afuera de Tribunales, donde un grupo de familiares y amistades la recibió junto con las demás personas liberadas.

Estos son los nombres de las personas que fueron liberadas durante tres días de audiencias:

Juan Pablo Alvarado López

Daniel Pérez Cordón

José Daniel Vélez Cordón

Otto René Castellanos

Daniel Arturo Rosales

Oscar Javier Franco Ramírez

Eimy Fernanda Calderón

Melissa Mencos

Marco Antonio Méndez

Pedro Alexander Santay

Alexander Adalbeto Paiz

Yancarlos Israel Marín

Renato Manuel Toledo Morales

Robert Eduardo Herrera

Edgar Cesario Caal

Edy Josué Ramírez Choc

Kevin José Luis Altuve Maldonado

Christian Javier Orozco de León

Diego Abraham Chacón Hernández

Mynor Abel Barrondo

José Pablo Puente Coronado

Henry Stalling López

Roxana Abigaíl Coronado

Claudia Evelyn Salguero

José Rodrígo Mazariegos

Saúl Juan Pablo López

Erick Hernández León

Mavelyn Lourdez Guzmán

Juan Pablo Sagastume

Heber Ananias García Cifuentes

Melvin Rolando García

Un ligado a proceso y una audiencia pendiente

No todos los detenidos salieron bien librados. A las 3 de la mañana del domingo 22 de noviembre, el Juzgado de Turno ligó a proceso al joven Pablo Altamirano, un skater que ni siquiera participó en la manifestación del #21N. Él regresaba de su trabajo cuando seis policías lo detuvieron y entre cuatro lo golpearon. La agresión quedó captada en vídeo.

Para recuperar su libertad tuvo que pagar una caución económica de Q2 mil y quedó bajo arresto domiciliario. El MP lo señaló de atentado, aunque no hay ningún indicio que pruebe que cometió algún delito.

Además Ana Paulina Estrada Mendoza también tiene audiencia pendiente por supuesta alteración del orden público, un hecho que es considerado una falta y no un delito.

Por otro lado, en Quetzaltenango también se reportaron capturas. Los nombres de las y los detenidos son Juan Andrés Guzmán Díaz, José Ricardo Pérez Ramírez, Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillén Alcahé, César Ubaldo Boj y Nataly Duarte Castañeda. Todos están en libertad pero su situación jurídica se definirá el próximo 3 de diciembre.

Lo que viene

El MP  anunció que no impugnará las faltas de mérito a favor del grupo de manifestantes de la Ciudad de Guatemala. Lo que sí continuará es la investigación contra los agentes de la PNC, como lo ordenaron los jueces de paz y penal de turno. Esta orden todavía no ha sido notificada al MP, por lo que está pendiente de conocerse qué fiscalía estará a cargo.

Por otro lado, ya hay una denuncia por las agresiones de la policía en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Juan Carlos Andrés Guzmán Díaz, un hombre de Huehuetenango, denunció que el sábado 21 de noviembre llegó a la Plaza de las Armas de ese departamento a protestar cuando la policía llegó a dispersar a quienes manifestaban.

A través de un comunicado de prensa relató que fue pateado, golpeado y rociado con gas pimienta. Por los golpes Díaz fue trasladado al Hospital de Huehuetenango y luego llevado al Juzgado de Paz de ese departamento, donde fue puesto en libertad por falta de indicios. Ahora exige que la PDH y el MP investiguen.

Orlando López, abogado defensor en estos casos dijo que la orden del juez es que no solo se investigue a los agentes sino también a la cadena de mando, es decir, a sus superiores en la PNC y el Ministerio de Gobernación.

Jovita Tzul, abogada que participó en la defensa de las y los manifestantes, dijo a laCuerda que el trabajo de los jueces fue fundamental para que se respetara el derecho de la ciudadanía a protestar.

“Fue evidente que ninguna de esas personas estuvo implicada en un acto ilícito, al contrario, lo que se mostró es la violencia desmedida de la PNC. Lo que corresponde ahora es constituirnos en la Fiscalía y darle seguimiento correspondiente esperando la objetividad del MP de este caso”, explicó Tzul.

Mientras las investigaciones avanzan, la convocatoria para manifestar este 28 de noviembre está en pie.

“Aunque los policías se porten de forma violenta con nosotros, nosotros sigamos siendo pacíficos por Guatemala”, fueron las últimas palabras de Melvin García antes de dejar la carceleta donde estuvo encerrado tres días. Con él, las y los manifestantes están libres y listos para volver a la Plaza Central.