Una de las primeras acciones del gobierno de Alejandro Giammattei fue ordenar el cierre de varias instancias dentro del Ejecutivo. Entre ellas la Secretaría de la Paz que debía darle seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Como parte de esta reestructuración, dicha secretaría debió trasladar los valiosos expedientes en los que constan testimonios de las víctimas del conflicto armado. Esa historia está en peligro.

Francelia Solano/ laCuerda

Parte de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) era el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) responsable de llevar a cabo las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado interno en el país. El PNR custodiaba los expedientes con testimonios de más de 85 mil casos de tortura, intimidaciones, desplazamiento forzado, secuestro y ejecución extrajudicial.

Foto: Carlos Sebastián

Dichos archivos no son solo son papeles, son potenciales casos que se podrían investigar y traducirse en denuncias penales contra militares por crímenes de lesa humanidad.

Diversas organizaciones alertaron sobre el peligro en el que se encontraban estos expedientes cuando el gobierno ordenó que el PNR fuera trasladado al Ministerio de Desarrollo Social. Por esa razón, desde abril de este año, cuando las familias solicitaban expedientes se encontraban con que estos habían sido trasladados por orden de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), una nueva instancia creada por el ejecutivo.

Según una denuncia pública hecha por el sindicato de trabajadores de la SEPAZ, los traslados de expedientes eran repentinos, con solicitudes de 1 o 2 días de anticipación, incluso menos, cuenta Azarías Perencén, secretario general. “El gobierno pedía y continúa pidiendo expedientes importantes como los de Nebaj, que no lograron trasladar, pero otros como ciertos archivos de Quiché, Mazatenango y Cobán sí lograron movilizarse”, explica Perencén, quien asegura que aún no saben cuántos de los 85 mil expedientes que tiene la SEPAZ fueron trasladados.

En una citación en el Congreso, Rigoberto Casasola, quien desde mediados de noviembre funge como director de la COPADEH, aseguró que los archivos del PNR estaban siendo enviados a SEGEPLAN y era esta entidad la que trasladaba los archivos a la COPADEH más tarde.

En una entrevista con laCuerda, Casasola aseguró que los expedientes del PNR no fueron transferidos a la COPADEH sino al Ministerio de Desarrollo. Walter Gómez, vocero de esa cartera apuntó que ya se comenzó el traspaso de archivos, sin embargo no respondió cuántos, de los 85 mil expedientes, trasladaron.

Mientras los expedientes siguen siendo removidos y es incierto su destino, el jueves 2 de diciembre la Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite la acción de inconstitucionalidad parcial planteada por la Procuraduría de los Derechos Humanos contra el Acuerdo 98-2020 que derogó el acuerdo de creación de la SEPAZ.

Importancia histórica

Azarías Perecen tiene algo claro y es que él, desde su trabajo como investigador en la institución, ha visto como gobierno tras gobierno han intentado destruir estos archivos. Tanto que en 2012 comenzó una iniciativa para digitalizar los archivos que guardan. Tras esto vino un “proceso de desarticulación”, asegura.

¿Pero por qué estos archivos son tan importantes? Según Asiel Castro del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) la importancia radica en tres cosas. La primera es que todos esos archivos relatan los abusos estatales que se dieron durante el conflicto armado. Cada expediente es la historia de Guatemala y más importante aún, es el cómo será contada y registrada esta historia.

El segundo elemento es que es a través de estos testimonios, las víctimas pueden lograr un resarcimiento. Castro apunta que, en este sentido, el Estado no está cumpliendo de manera integral.

Por último (y quizás más importante) es que esos archivos son testimonios de crímenes de lesa humanidad cometidos por altos mandos del ejército durante la guerra en el país. Militares, muchos de ellos, que aún continúan vivos y pueden ser juzgados, ya que estos delitos no prescriben. Castro señala que esto se entiende sabiendo que Giammattei está rodeado de “asesores militares”.

Perder la pista a estos archivos, podría traducirse en impunidad.