Hoy el Congreso podría aprobar la iniciativa de ley 5870, la cual fue presentada por el Organismo Ejecutivo. La propuesta tiene como objetivo resolver el financiamiento y la adquisición de vacunas contra la Covid-19 en Guatemala. Son Q1 mil 500 millones los que el gobierno solicita para vacunar a 11 millones de personas guatemaltecas durante este año. Estos son los detalles de la propuesta.

Kimberly López / laCuerda

Ayer en horas de la tarde, el Ministerio de Finanzas dio marcha atrás a la iniciativa 5868, para el financiamiento y adquisición de vacunas. La propuesta contemplaba una readecuación millonaria, pero despertó preocupación de parte de varias bancadas del Congreso de la República y expertos en salud, porque suponía la adquisición de más deuda.

En su lugar, presentaron la iniciativa 5870, que consta de 5 artículos y que difiere de la anterior en que propone una nueva fuente de financiamiento. Esta aclara que la vacuna será gratuita para la población guatemalteca. No obstante, aún despierta preocupación la falta de claridad en la forma en que se ejecutará un plan de vacunación nacional.

¿De dónde saldrán los recursos?

La iniciativa anterior buscaba obtener Q800 mil de los Q1 mil 500 millones a través de bonos del tesoro, es decir, de más deuda para el país. Sin embargo, la nueva propuesta plantea una readecuación de algunos rubros del presupuesto 2020 que quedaron como saldo al no haber sido ejecutados por varios ministerios.

Compras sin Ley de Contrataciones

De ser aprobada la iniciativa, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) podrán comprar no solo vacunas sino también equipo y servicios necesarios para la conservación y movilización de las dosis, sin sujetarse a la Ley de Contrataciones. El Estado podrá realizar anticipos de pago a los proveedores de vacunas y estará exento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En otras palabras, la iniciativa autoriza una excepción para hacer una compra directa dado que no hay muchos oferentes de vacunas en el mundo.

Según el investigador y economista de la Universidad Rafael Landívar, Erick Coyoy, la propuesta es razonable debido a que era complicado proponer un proceso competitivo de compra de vacunas.

“La compra directa resulta necesaria en este caso pero lo importante es que toda la información sea pública para que pueda realizarse la fiscalización necesaria”, añade.

De acuerdo con la propuesta, la fiscalización estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y las compras deberán publicarse en el portal de Guatecompras en un plazo no mayor de 30 días.

En otros sectores, este artículo despierta preocupación.

“Solicitamos que se revise a fondo para que plasme el genuino interés que tiene el Organismo Ejecutivo de crear un mecanismo legal para hacer la compra pública directa internacional por parte del MSPAS y del IGSS”, advirtió el Laboratorio de Datos a través de un pronunciamiento público, la semana pasada.

Sin plan de vacunación

Karin Slowing, doctora e investigadora del Laboratorio de Datos, organización que ha dado seguimiento a la pandemia, explica que como profesionales no están en contra de la iniciativa. Sin embargo, les despierta preocupación que no tenga suficiente sustento técnico para establecer la logística y estrategia para la distribución de las vacunas.

Según Slowing: “Debería ser una ley que deje previsto que haya que comprar vacunas el año entrante. Una preocupación que tenemos es que solo estén pensando en comprar este año y el año entrante que miren qué hacen”.

Hasta la fecha, el MSPAS aún no ha concluido la elaboración del Plan de Vacunación, tampoco ha socializado los avances de este. Según la iniciativa, el MSPAS debe hacer público dicho plan los 30 días posteriores a la vigencia del decreto, cuando sea aprobado.

¿Qué vacuna comprarán y cuánto costará?

Según informó el presidente Alejandro Giammattei, durante una reunión con diputados del Congreso, hasta el momento Guatemala desconoce el precio real de las vacunas de todas las marcas. Tampoco hay claridad de la empresa que será seleccionada para la adquisición de las mismas.

No obstante, el gobierno ya firmó convenios de confidencialidad con tres casas médicas: Moderna (la más costosa del mercado), Pfizer y Johnson & Johnson.

Tras un análisis, el Laboratorio de Datos manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno concrete las negociaciones con Moderna.

“Recomendamos considerar una negociación con otros proveedores que garanticen un precio que permita ampliar sustantivamente la cobertura poblacional y realizar el derecho que todos los ciudadanos tenemos a la vacuna”, advirtieron.

Conocer esta propuesta es uno de los puntos contemplados en la agenda de hoy del Congreso. Pueden descargarla en el siguiente enlace.