Ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad por casi tres meses le da a la persona designada la posibilidad de cambiar el rumbo de los casos de corrupción más complejos y tener voz y voto en las decisiones sobre los asuntos más importantes del país. Esta es la razón principal por la que la silla a la que aspiran el juez Mynor Moto y el decano Estuardo Gálvez, es tan apetecida.
Jody García/laCuerda
Mynor Moto, juez tercero penal y Estuardo Gálvez, ex rector de la Universidad de San Carlos, compiten por ocupar la vacante que dejó en la Corte de Constitucionalidad (CC), el magistrado Bonerge Mejía, quien falleció a causa de coronavirus.
Ambos candidatos tienen en común el ser señalados de operar en favor de la impunidad.
Contra ambos hay dos expedientes abiertos -cada uno- en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y también son investigados por supuestamente comunicarse con Gustavo Alejos, un empresario en prisión por seis casos de corrupción que van desde intentos de controlar de forma ilegal el sistema de justicia hasta contratos anómalos en el Ministerio de Salud. Alejos es señalado de ser uno de los principales operadores en las diferentes elecciones de jueces y magistrados.
Pese a los antecedentes de Moto y Gálvez el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) persiste en su intención de elegir al sustituto de Bonerge Mejía, en el período que termina el próximo 14 de abril.
El día de la elección contrataron edecanes y servicio de comida para quienes votaran por ellos. La segunda vuelta entre ambos estaba programada para el lunes 11 de enero. Sin embargo, quedó en suspenso.
La honorabilidad
“Al analizar la trayectoria y comportamiento de los candidatos ya señalados, se puede establecer que social y públicamente no aparentan en lo más mínimo ser imparciales y mucho menos honorables”, dijo un grupo de profesionales de derecho que el pasado 7 de enero presentó un amparo en contra de la inscripción de Moto y Gálvez como aspirantes a la CC.
El pasado y presente de Gálvez y Moto les precede. En el amparo presentado están detallados los casos por los cuales ambos son señalados. El juez Mynor Moto tiene una solicitud de antejuicio por las resoluciones que ha emitido en el caso Bufete de la Impunidad y recientemente, la FECI pidió que se le retire la inmunidad para ser investigado por los delitos de conspiración para la obstrucción de la justicia y prevaricato, por presuntamente reunirse con personas allegadas a Gustavo Alejos en el proceso de Comisiones de Postulación del año 2020.
A Moto también se le cuestiona porque el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de ingreso a ese país.
Gálvez también tiene un expediente abierto en la FECI por supuestos vínculos con Gustavo Alejos. Su nombre aparece en la investigación llamada Comisiones Paralelas 2020, donde hay indicios de que el empresario utilizó un hospital privado para reunirse con aspirantes a magistraturas y otras personas vinculadas con el proceso de elección. Gálvez reconoció que visitaba con regularidad a Alejos.
El ex rector además es investigado por un caso de corrupción que inició la CICIG y ahora continúa la FECI, donde se sospecha que estuvo involucrado en las gestiones de 5 proyectos de obra dentro de la Universidad de San Carlos (USAC), que habrían sido sobrevalorados.
El amparo presentado contra el Tribunal Electoral del CANG establece que con esos antecedentes no se pretende emitir ningún señalamiento concreto sobre su culpabilidad, pero sí “son motivos suficientes para estimar que los requisitos de idoneidad y honorabilidad no son llenados por los profesionales citados”.
El 8 de enero la jueza Reyna Yat Marcos otorgó amparo provisional y ordenó la suspensión de la segunda vuelta entre Gálvez y Moto. Eso provocó que se presentaran tres apelaciones ante la CC para que el proceso siga y que la jueza recibiera ataques.
La Fundación contra el Terrorismo además denunció a la jueza Yat por suspender el proceso y la señaló de seis delitos. La noche del domingo 10 de enero, la Asociación de Jueces por la Integridad publicó un comunicado de prensa donde respaldó el trabajo de la jueza Yat Marcos y denunció que estaba siendo criminalizada en redes sociales a causa de su resolución.
“Hay personas que no están de acuerdo con las resoluciones y buscan castigar a otros jueces para que no se animen a ser independientes”, dijo el juez Carlos Ruano, presidente de la Asociación.
La Asociación de Jueces por la Integridad respalda a la jueza Reyna Victorina Yes Marcos, quien otorgó el amparo que suspendió las votaciones en el Colegio de Abogado para elegir a un magistrado de la @CC_Guatemala. La jueza está recibiendo ataques por el el fallo. pic.twitter.com/cZZGqxZffk
— Jody García (@JodyReporta) January 11, 2021
Desobediencia
Mientras la CC resuelve, la presión para elegir al magistrado aumenta. El domingo 10 de enero el Tribunal Electoral del CANG emitió dos comunicados. En el primero llamaba a sus agremiados a acudir el lunes 11 de enero al Club La Aurora, donde se instaló el centro de votación, pese a que el amparo provisional lo suspendió. En el segundo decía expresamente que respetarían el fallo.
Ese mismo día circuló un video donde Moto convocó a sus simpatizantes a votar. El juez fue cuestionado en redes sociales ya que mientras aspira al cargo más alto en el poder judicial, llamó a desobedecer un amparo provisional.
Estuardo Gálvez respondió a laCuerda que considera que el amparo es espurio y que quienes lo presentaron se “burlaron” de los agremiados que fueron a votar.
“Son abogados que fueron a votar en la primera vuelta y como no pasaron sus allegados interpusieron el amparo y se burlan de los 6 mil que que fueron a ejercer su derecho al voto”, señaló.
Sobre su relación con Gustavo Alejos, Gálvez justificó: “Yo he tenido relación con muchos funcionarios, expresidentes y empresarios y varios de ellos tienen procesos en los tribunales. Conocer a una persona que tiene un problema legal no implica perder la independencia”.
laCuerda intentó comunicarse con Mynor Moto pero no respondió a las distintas llamadas. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad está en pleno para resolver las distintas acciones presentadas alrededor de la elección.
