Durante tres días consecutivos cientos de mujeres y hombres indígenas, campesinos y estudiantes se organizaron para gritarle una sola exigencia al sistema político: ¡Queremos cortes, no mafias! A pesar de las movilizaciones, este miércoles 10 de marzo quedó conformada la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) con 10 magistrados que, en su mayoría, no llenan los requisitos de idoneidad a los ojos de la sociedad civil.
Kimberly López / laCuerda
“Gracias al abuelo Sol y la abuela Luna por acompañarnos en este caminar, ojalá nos permitan que unidos podamos salir bien y podamos ser felices”, decía uno de los representantes de la Asamblea Social y Popular (ASP) frente a la Casa Presidencial, la mañana del miércoles 10 de marzo. Adentro, Alejandro Giammattei junto a sus ministros, elegía a los últimos dos magistrados de la CC, que estarán en funciones hasta 2026.
Desde un día antes las organizaciones que conforman la ASP atendieron la convocatoria de manifestar durante tres días consecutivos (9,10 y 11 de marzo) para exigir la conformación de una CC idónea, no seleccionada según los intereses de grupos criminales. No obstante, el 10 de marzo la máxima corte quedó conformada y las asociaciones civiles se sintieron desahuciadas.
Giammattei optó por seleccionar a Leyla Lemus como magistrada titular de la CC y al abogado Juan José Samayoa. Con esa designación, el órgano quedó conformado de la siguiente forma. Magistrados titulares: Gloria Porras, Néster Vásquez, Dina Ochoa, Roberto Molina y Leyla Lemus. Magistrados suplentes: Rony López, Claudia Paniagua, Luis Rosales, Juan José Samayoa y Walter Jiménez.
“Es decepcionante. En el Ejecutivo se rechazaron propuestas de personas con perfiles adecuados y eligieron a personas que responden a otros intereses, la conformación de la CC nos parece un atentado hacia la institucionalidad de la Corte y las garantías constitucionales y de derechos humanos”, opina Andrés García, representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda De León”, una de las organizaciones que se sumó a la exigencia de cortes idóneas esta semana.
Según García, el escenario que se vislumbra no es alentador para las organizaciones que defienden derechos humanos, para líderes comunitarios, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) e incluso para la AEU.
“Creemos que esta nueva CC va a actuar contra las garantías de derecho”, afirma.
Tejedoras: La CC es el último órgano en donde podemos apelar nuestros derechos
En medio de las movilizaciones sociales también estuvo presente el Movimiento Nacional de Tejedoras, una organización de mujeres que se esfuerzan por proteger el patrimonio de los tejidos. Angelina Aspuac, representante de la organización, explica por qué los cientos de mujeres que conforman el colectivo se sumaron a las exigencias.
“Como tejedoras —explica— tenemos demandas en concreto como la aprobación de leyes para proteger nuestra identidad. Hemos acudido en dos ocasiones ante la CC y ahí nos damos cuenta de que las resoluciones que emite esa Corte son muy importantes puesto que es como el último órgano en donde podemos apelar nuestros derechos”.
Angelina se refiere a las ocasiones en las que las tejedoras han expuesto ante la CC las razones para defender su derecho de propiedad sobre sus diseños textiles, también a la ocasión en la que se defendieron de la folklorización y comercialización ejercida por el Instituto Guatemalteco de Turismo.
Por eso esperaban que se conformara una corte con visión plurinacional, que entendiera las necesidades de los pueblos indígenas y de las mujeres.
“La elección de cortes nos afecta, nos afecta la gente que llegue a ocupar puestos tan altos. Al final son los que garantizan los derechos constitucionales y nos preocupa que sean personas no honorables, que sabemos que algunos de los nuevos magistrados defendieron a Ríos Montt y trabajan para Giammattei, que han demostrado tener intereses espurios”, agrega.
Otra de las preocupaciones, asegura, es el difícil acceso a la justicia para las mujeres.
“Si ni siquiera hay justicia para los pueblos en general, menos hay para las mujeres. Supuestamente ha habido avances, está la Secretaría Presidencial de la Mujer o la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres”, explica.
Sin embargo, dichas instituciones han sido debilitadas a través de la baja asignación presupuestaria y dependen del Organismo Ejecutivo para tener un funcionamiento adecuado.
“Hay un sistema racista y patriarcal que no nos deja avanzar, realmente es difícil ser mujer en Guatemala. Por eso hoy nos sumamos a denunciar la corrupción que afecta gravemente a las mujeres mayas que vivimos en los pueblos. Además, somos las que vivimos más fuertemente el empobrecimiento del país”, concluye.
Organizaciones religiosas también se suman al clamor
Mayra Rodríguez es representante de la organización Centinelas por la Dignificación del Estado, un espacio interreligioso.
“Para nosotros este es un llamado desde las comunidades de fe a no utilizar el discurso religioso para justificar una agenda regresiva”, explica Rodríguez.
Su preocupación es la conformación de una alianza entre políticos, funcionarios corruptos, sector empresarial interesado en guardar sus privilegios, sectores vinculados a crímenes de lesa humanidad, sectores interesados en seguir corrompiendo para acceder a las cortes del país.
“Compartimos con las comunidades y líderes comunitarios la preocupación de que al haber perdido a la CC empezamos de manera más marcada un retroceso en la democracia de nuestro país. Lo que se ha logrado queda pendiendo de un hilo”, advierte.
A criterio de Rodríguez y del resto de grupos que marcharon esta semana, los magistrados electos no son idóneos. A pesar de la presión social, se logró consumar un acuerdo para armar una Corte regresiva para los derechos humanos.
Otra demanda: Apoyo a FECI
Pero no solo la conformación de cortes preocupa a los distintos sectores sociales. También la idoneidad del sistema de justicia, en general.
Andrés García, representante de la AEU, comenta que otra de las principales demandas que sigue en pie es brindar apoyo al fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, una de las fiscalías que continúa el trabajo de persecución a grupos criminales.
“Como organización estudiantil es importante nuestro apoyo y solidaridad, ante todo cuando existen ataques en su contra”, asevera. En el segundo día de marchas, 10 de marzo, lideresas, líderes y representantes se reunieron con Sandoval para manifestar su respaldo ante los intentos de intimidación a su trabajo.
Él nos dijo que no perdamos la esperanza, relata Angelina Aspuac. Y citó: “Cuando todo parece más oscuro, es porque está próximo el amanecer”.
“No nos vamos a rendir”
La jornada de movilizaciones culminó el 11 de marzo, con una multitud que recorrió las calles desde el Congreso hacia la PDH. Algunos de ellos cargaban un féretro para ilustrar la siniestra situación del país tras la conformación de la CC.
“Estamos muy tristes”, dijo Angelina desde las afueras del Congreso. “Hubiésemos querido evitar la situación, pero no está en nuestras manos, lo que podemos hacer es venir aquí y ejercer nuestro papel de ciudadanos, estamos aquí, están cooptando las Cortes pero nosotros no nos vamos a rendir”, aseguró.
Para Aspuac, al país le esperan años de adversidad en materia de justicia. Posiblemente más persecución para los pueblos indígenas. Sin embargo, tiene claro que: Los pueblos somos más fuertes y somos más, no perdemos la esperanza y por eso seguimos moviéndonos y movilizándonos.
Lo mismo opina Mayra Rodríguez: “Hay que seguir aprendiendo y acuerpar las luchas. Sabemos que son los sectores poderosos quienes tienen los recursos, pero nuestro desafío es saber cómo organizarnos de mejor manera”.
