Samuel Choc estuvo preso y su caso demostró la criminalización contra quienes defienden sus territorios de compañías extractivas y de monocultivos. Mientras tanto, en otra región de Guatemala, un grupo de mujeres se opone a las actividades de una empresa que a su vez, las acusa de cometer delitos.
Jody García / laCuerda
Después de pasar tres años sujeto a un proceso penal, Samuel Choc Ac, líder comunitario de la aldea Las Mercedes, ubicada en Chisec, Alta Verapaz, fue absuelto de los cargos que le imputaron el Ministerio Público y la empresa de palma africana, TécniServicios Agroindustriales.
El pasado martes 17 de marzo, Fidel Och, juez del Tribunal de Sentencia de Cobán, Alta Verapaz, lo declaró inocente de los delitos de usurpación agravada e instigación a delinquir. En su resolución el juez dijo que la investigación del Ministerio Público (MP) estuvo llena de inconsistencias y que los testigos presentados por la Fiscalía y la empresa, fueron contradictorios.
En marzo de 2018, Choc fue capturado porque según la empresa, días antes él habría invadido uno de sus terrenos para internar apropiarselo. El comunitario y sus abogados del Bufete de Derechos Humanos, argumentaron que se encontraba en un terreno propiedad de su padre y que el caso fue una revancha por sus posturas en contra de la compañía y la expansión de la palma africana.
Las Mercedes es una comunidad ubicada a más de 300 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, que por un lado está rodeada de palma africana y por otro colinda con los ríos Chixoy y Chiribiscal. Debido a las tormentas Eta e Iota, la aldea estuvo inundada por más de cuatro semanas y los pobladores perdieron sus casas y siembras. Para recuperar algunas de sus pertenencias tuvieron que moverse en canoas. Las cosechas que sobrevivieron quedaron infectadas de una plaga de gusanos y a la fecha no han recibido ningún tipo de apoyo del gobierno.
Desde el 2012, cuando la empresa inició a operar en esa área, un grupo de pobladores ha manifestado su descontento ya que en sus planes de expansión buscan comprar terrenos a los vecinos. Quienes se oponen, como Samuel, han enfrentado criminalización y han sido sujetos a proceso penales que no tienen sustento, pero que afectan la organización comunitaria en defensa del territorio.
Aunque Samuel Choc ya está libre de cargos, hay otras seis personas de Las Mercedes que tienen órdenes de captura por una acusación similar.
Las mujeres de Huehuetenango
La criminalización de comunidades que defienden sus territorios ocurre en todas las regiones de Guatemala e involucra a todo tipo de empresas.
Desde marzo de 2016 un grupo de mujeres de Huehuetenango ha rechazado la instalación de antenas telefónicas de la empresa SBA Torres Guatemala. Como consecuencia de su oposición, las mujeres han denunciado que son perseguidas penalmente.
En una conferencia de prensa realizada en diciembre de 2020, Dina García, lideresa de la aldea El Terreno, zona 4 de Huehuetenango, explicó:
“Nosotras nos cuestionamos la idea de que se coloque una antena de telefonía frente a un puesto de salud, a un mínimo de cinco o seis metros. Nosotras quisimos, a través del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), que se nos explicara cuáles son los posibles daños que podrían provocar pero nos dijeron que ellos no iban a estar dando ninguna explicación”.
Las vecinas denuncian que ahora enfrentan persecución legal por parte de la compañía por cometer los supuestos delitos de atentado contra los servicios de telecomunicaciones e instigación a delinquir.
“A quienes tienen que perseguir es a ellos (SBA Torres), no a nosotras”, señaló García.
Esta empresa ya tiene antecedentes de tomar acciones contra pobladoras que fiscalizan sus operaciones. En 2016 denunciaron a Fabiana Menchú, de 63 años y a Carolina Cabrera Estrada, de 57, por los mismos delitos. Ambas enfrentaron juicio por supuesta coacción y amenazas tras haber cuestionado la instalación de antenas en su comunidad.
