Diversos estudios demuestran que mientras más mujeres lleguen a puestos de poder dentro del gobierno, se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones aprobadas desde el Ejecutivo y el Legislativo. Una iniciativa planteada por diputadas del Congreso busca que exista paridad entre la cantidad de hombres, mujeres y pueblos indígenas que llegan a ocupar cargos públicos. Estos son sus argumentos.
Kimberly López / laCuerda
Actualmente, en Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no cuenta con una regulación para garantizar que igual cantidad de mujeres y hombres ocupen los listados de candidatos a puestos de elección popular. Desde el Congreso, la Comisión de Asuntos Electorales analiza una serie de reformas electorales que tampoco incluyen la paridad e inclusión de grupos indígenas.
Por ello las diputadas Andrea Villagrán, Sonia Gutiérrez, Sandra Lorena de León, Merana Esperanza Oliva, Evelyn Morataya, Karina Paz, Marleni Matías, Petrona Mejía, Vicenta Jerónimo y Ligia Hernández presentaron la iniciativa de ley 5893, para impulsar la paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas. Este esfuerzo multipartidario estuvo acompañado, además, por la organización Alas de Mariposa, la Asociación Chomija, Convergencia Ciudadana de Mujeres y Mujeres Transformando el Mundo.
Foto: Grupo de asesoras Andrea Villagrán
La Corte de Constitucionalidad (CC) en varias resoluciones ha emitido opiniones en favor de la inclusión y paridad en el sistema electoral. Con ese antecedente, la propuesta de las diputadas se resume en adicionar el artículo 212 Bis a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
De acuerdo con la iniciativa, el orden de postulación en las listas de candidatas y candidatos a diputados, corporaciones municipales, Parlamento Centroamericano y binomio presidencial, debería alternarse entre mujer y hombre; e incluir tanto a mujeres como hombres indígenas.
En el caso de los distritos electorales, en donde predomina la población indígena, el primer puesto de las listas de postulación deberá ser ocupado por una mujer u hombre indígena. La misma lógica tendría que aplicarse para integrar partidos políticos, comités cívicos y sus órganos internos.
La propuesta también incluye la participación de personas con discapacidad.
No hay democracia sin la participación de mujeres
Según ONU Mujeres, en su informe Paridad de género: política e instituciones. Hacia una democracia paritaria, la experiencia de algunos países en Latinoamérica ha mostrado que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuye a que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad. Entre estos, la custodia parental, leyes contra la violencia de género, salud sexual y reproductiva, el empleo, autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, entre otros.
Para la diputada Andrea Villagrán, la participación de las mujeres en la esfera política enfrenta varios obstáculos.
“Desde problemas estructurales hasta una sistemática exclusión en la participación política y en el ejercicio de los derechos políticos que tenemos como mujeres”, explica.
Una consecuencia de esa exclusión es que a nivel de gobierno y legislativo se hace una deficiente asignación presupuestaria para la atención de las problemáticas de las mujeres.
La subrepresentación es evidente. Durante este período, en las 340 municipalidades del país solamente hay 11 alcaldesas; de las 160 diputaciones del Congreso solo 31 son mujeres; y al frente de los 14 ministerios del Ejecutivo sólo hay 2 mujeres incluidas.
Básicamente son hombres quienes, en su mayoría, toman decisiones sobre políticas públicas que afectan a toda la población.
“No podemos llamar democracia a una sociedad que excluye a las mujeres de la participación política, una sociedad será democrática en la medida en que hombres y mujeres en igualdad podamos ser parte de la toma de decisiones”, resume Villagrán.
Exclusión histórica a pueblos indígenas
“El espíritu de esta reforma es la inclusión de los pueblos indígenas y de las mujeres. Muchos años hemos sido excluidos. Como movimiento indígena maya, desde los territorios, hemos venido haciendo peticiones pero nunca han sido escuchadas”, asegura la diputada Vicenta Jerónimo, del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
En Guatemala, según la información del censo poblacional, el 43.56% del total de la población forma parte de los pueblos mayas, xincas y garífunas. La representación de personas indígenas en puestos de poder contrasta con el dato.
Foto: Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj
En esta gestión, por ejemplo, ninguno de los 14 ministros de gobierno es indígena.
“Los pueblos somos una porción importante de la gente pero no tenemos voz, ni voto, solo se nos ha utilizado como propaganda para campañas políticas”, señala Jerónimo.
La diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, es una de las 3 mujeres mayas que integran el Congreso. Con preocupación señala que a pesar de ser un país multicultural, habitado por cuatro pueblos distintos, la voz de la población indígena no es tomada en cuenta.
Los beneficios de la inclusión política
Según estudios del Banco Mundial, hay un efecto positivo cuando un sistema político permite que más mujeres lleguen a puestos de poder. Las consecuencias se reflejan en el tipo de políticas adoptadas por los gobiernos. En el caso de los parlamentos, en países que aplican la paridad, se han impulsado nuevas leyes relacionadas a impulsar co-responsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar, a la igualdad salarial y la mitigación de la violencia de género en una región.
Sin embargo, para que esto suceda, explica el documento, es necesario promover las mismas condiciones para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las agrupaciones políticas. En palabras de la diputada Evelyn Morataya, es momento de replantear la posición que ocupan las mujeres en las estructuras políticas.
“Si fuéramos más mujeres en el Congreso aprobaríamos una agenda legislativa no solo a favor de las mujeres sino de las familias, tendríamos leyes como la de agricultura familiar, la ley de desarrollo económico para las mujeres, una ley de aguas, una ley nueva de desarrollo social, entre muchas otras”, explica.
Sin embargo, han sido silenciadas y excluidas de la toma de decisiones, incluso desde los comités cívicos y partidos políticos. “En organizaciones políticas a las mujeres se les relega a tareas menores, a organizar mítines, a repartir propagandas, a repartir café o panes”, lamenta.
La propuesta aún debe ser conocida por el Congreso y recibir el apoyo de la mayoría de diputados y bloques. Sin embargo, desde ya, cuenta con el respaldo de organizaciones civiles y de mujeres.
