En cinco años y medio, el Ministerio Público (MP) recibió 17,473 denuncias por el delito de negación de asistencia económica y solo consiguió 952 sentencias. La burocracia en el sistema complica la situación de las mujeres y sus hijas e hijos, que se ven limitados en sus derechos.

Mariela Castañón / laCuerda

*Rosario y *Julio se casaron cuando ella tenía 19 años y él 20.  Empezaron a vivir en la casa de los padres de Rosario y después se fueron a alquilar un apartamento. Vivieron juntos aproximadamente un año y medio.

Rosario tuvo un bebé de Julio. Ella no tenía trabajo pero se había graduado de maestra.  Él trabajaba, pero invertía su dinero en la compra de celulares y videojuegos.  Dejaba por un lado su responsabilidad paterna.

La joven recuerda que cuando empezaron a vivir juntos, él compró una refrigeradora y un videojuego que no pudo pagar. “Al final me quitaron la refri y se llevaron su videojuego, que le costó cuatro mil quetzales”, explica.

Rosario admite que después de casarse empezó a notar las actitudes irresponsables de su esposo, pero tenía miedo de separarse porque él la amenazaba con que el Juzgado le quitaría a su bebé, porque no tenía trabajo. “Tenía miedo de perder a mi hijo”, refiere.

Ella siempre pensaba en el futuro de su bebé y en el ejemplo que Julio le daba al niño. Se separó de él y regresó a vivir con sus papás. Lo demandó, pero le llevó aproximadamente seis meses fijar una pensión provisional y después el proceso fue aún más engorroso porque su exesposo no cumplía y la burocracia en el sistema se agudizó con la pandemia del Covid-19.

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“Él tenía diferentes prioridades, no era mantener bien al bebé y pagar los gastos de la casa, sino que era gastarse el dinero en galguerías o lujos. Yo dije ¿para qué quiero este ejemplo para mi hijo?, por eso me separé”, explica Rosario.

A finales de 2017, Rosario empezó un proceso legal en contra de Julio, pero fue hasta mediados de 2018 que un Juzgado le impuso una pensión provisional mensual de Q1,500 que tampoco cumplió y se le juntaron varias cuotas.

El abogado de Julio propuso una Junta Conciliatoria y acordaron que daría Q800 al mes y el pago de las cuotas acumuladas por Q1,280 divididos en cinco meses.

Los siguientes meses serían similares, se atrasaba y entregaba solo algunas cuotas; se volvían acumular los pagos. Mientras tanto el bebé de la pareja crecía y necesitaba alimentos, ropa o atención médica.  Esos gastos los absorbía Rosario y sus padres.

En septiembre de 2020, ella buscó la asesoría de la Fundación Sobrevivientes. Julio volvió a ser notificado. Rosario logró divorciarse  y la pensión aumentó a Q1,000 porque ahora su hijo tiene seis años y esto amerita más gastos. Actualmente Julio le ha dado dos cuotas y si deja de cumplir podría ser detenido.

Rosario continúa su vida, labora como asistente de recursos humanos en una empresa y va por el tercer año de su carrera universitaria, desea un futuro que le permita crecer integralmente a su hijo.

La deuda de la justicia

La negación de asistencia económica es un delito que está tipificado en el Artículo 242 del Código Penal y conlleva de seis meses a dos años de prisión para quien lo incumpla.

A criterio de Rosario, quien ahora es apoyada por la Fundación Sobrevivientes, muchas mujeres no demandan una asistencia económica debido a la falta de información para emprender un proceso legal, por el desgaste emocional y psicológico que provoca, por los honorarios de un abogado y por la burocracia en el sistema.

Jeimy Fuentes, abogada del Área de Familia de la Fundación Sobrevivientes, opina que los factores que han observado para que estos casos no siempre lleguen a una sentencia se deben a que los Juzgados están saturados y a que comúnmente promueven un convenio entre las partes.

Los jueces suelen dar una oportunidad para que los demandados cancelen la totalidad de la deuda, lleguen a un convenio o presenten una garantía de pago. La entrevistada explica que en algunas ocasiones también hay una dependencia emocional de las mujeres con los demandados, pero en la Fundación se les explica que están solicitando un derecho para sus hijas e hijos. Algunas desisten del proceso para evitar que sus exesposos vayan a prisión.

Fuentes dice que el proceso de cobros de pensiones puede incluso presentarse en varias ocasiones, no basta con una sola denuncia, lo cual podría llevar hasta tres años para que se resuelva.

Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, explica que la demora en los procesos por negación de asistencia económica afecta a la niñez y adolescencia porque se les limita en la alimentación, vivienda y en la salud.

Gómez describe que otro impacto negativo de este delito es que afianza en la cultura machista guatemalteca la irresponsabilidad de los hombres respecto a las obligaciones que tienen con sus hijas e hijos, además contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres y la niñez.

Fortalecer el sistema de justicia, prevenir y proveer de herramientas a las mujeres

La Defensora de la Mujer, Dorotea Gómez, considera que el sistema de justicia debe fortalecer los mecanismos institucionales que permitan sanciones a quienes reincidentemente incumplen con la pensión alimenticia, porque inician dando los pagos, pero después ya no lo hacen.

Para Gómez también se debe trabajar en la prevención de este delito: modificar los contenidos educativos, retirar lo relacionado con los estereotipos y prejuicios de género, mensajes misóginos que reafirman el desprecio a la vida de las mujeres y su sexualidad.

Jeimy Fuentes indica que la Fundación Sobrevivientes cuenta con apoyo psicológico para las mujeres que son afectadas por diferentes situaciones, entre estas la negación de asistencia económica. A estos equipos se les denomina “grupos de apoyo mutuo de terapia psicológica”. Al mismo tiempo, hay una alianza con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) para que las mujeres puedan adquirir conocimientos que les permitan, en la medida de lo posible, salir adelante.

Además, cuando la Fundación Sobrevivientes recibe donaciones de pollo, víveres, zapatos o útiles, también apoya a las usuarias de escasos recursos.

 

*Nombres ficticios para proteger la identidad de la entrevistada.