El 2020 cerró con la cifra de ataques a personas defensoras más alta de los últimos 20 años y el 2021 podría superar el número si persiste la tendencia actual. Las activistas se enfrentan al racismo, el machismo y un sistema de justicia que funciona rápido para criminalizarlas, pero lento para tomar sus denuncias.

Francelia Solano / laCuerda

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) lleva 20 años documentando agresiones a las personas defensoras. El 2014 había sido el año más violento con 820 agresiones. Pero en 2020 las cifras se dispararon.

Según UDEFEGUA, en 2020, un total de 1,004 ataques fueron registrados. Pero el 2021 podría superarlo según proyecciones de esta unidad. Hasta junio del 2021 se documentaron 551 ataques. Otro dato es que en 2020 hubo 17 asesinatos de defensoras y defensores mientras que hasta julio de este año se han registrado 5 homicidios y 3 intentos de asesinato.

Esta situación de violencia e inseguridad afecta mayoritariamente a las y los defensores indígenas. Según Brenda Guillén, asistente de coordinación de UDEFEGUA, los más presentes en la lucha son los pueblos indígenas, pues son ellos quienes “hacen demandas colectivas y son pocos los sectores mestizos los que se suman a éstas”.

El asesinato de una persona activista o defensora de los Derechos Humanos suele no viralizarse en las redes sociales. Bueno, depende de las circunstancias. Nanci Sinto, defensora de derechos humanos maya kaqchikel, explica que en Guatemala “hay una falta de empatía acompañada de racismo y clasismo”, por lo tanto, “el asesinato de un lider racializado del campo, no suele tener el mismo impacto que el de un mestizo citadino”.

Según los registros de esta unidad, que desde el año 2000 recolecta los datos de agresiones, las personas defensoras más atacadas son siempre los defensores de tierra y territorio, medio ambiente y periodistas o comunicadores. Ahora también se incrementaron los ataques contra personas del sector justicia.

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Ser mujer y activista

En los últimos años UDEFEGUA detectó un incremento en la violencia contra las defensoras. En el pasado las mujeres solían no ser las principales víctimas, pero ahora ha ido en aumento.

En 2021, de las 551 personas atacadas: 44% son hombres, 43% son mujeres y  13% se refiere a organizaciones. Según Guillén estas últimas organizaciones, en su mayoría, son conformadas netamente por mujeres.

Ellas podrían ser ahora las que están en la mira debido a su labor de defensa en múltiples frentes. Muchas defienden la tierra y el territorio, pero su labor no se limita a ello, sino también a los derechos de las mujeres, de la niñez y adolescencia.

Eso las vuelve más vulnerables a recibir ataques por abanderar distintas luchas.  Es por ello que ser mujer y activista es cada vez más peligroso.

También el tipo de ataque que reciben es mucho más personal. Según Sinto hay patrones claros de estrategias de descalificación y campañas de desprestigio que muchas veces son más violentas con las mujeres.

UDEFEGUA ha detectado que los ataques a las mujeres defensoras están regularmente asociados con su sexualidad. En cambio a los hombres los asocian con su trabajo. Por ejemplo, a un hombre se le acusa de robar dinero de la organización pero a una mujer de tener un amante.

Irónicamente el segundo ejemplo termina teniendo un mayor desgaste para ellas en sus comunidades, pues no solamente les afecta de forma personal, sino también a su familia y entorno cercano.

Casos de agresiones a mujeres

Maria Choc es una activista y defensora maya-q’eqchi, su labor se ha enfocado en la traducción de su idioma materno al español para casos de defensa de territorio y derechos de las mujeres en Izabal. Esta labor la ha llevado a ser criminalizada desde enero del 2018 y su caso aún sigue abierto.

Choc explica que “la lucha, defensa y resistencia de las mujeres es muy compleja, es desde el hogar y fuera del hogar”. Explica que su activismo ha tenido que ser un balance entre ser defensora, mujer y madre. Su multiplicidad añade cargas a su trabajo.

Al igual que Choc, hay muchas mujeres defensoras que han tenido que enfrentar ataques. Nanci Sinto es otra de ellas, durante las manifestaciones del 21 de noviembre del 2020 fue agredida por la Policía Nacional Civil. “A mi me persiguieron y montaron toda una campaña para que no me viera como víctima, sino como terrorista y delincuente”, cuenta.

El proceso de ella culminó en mayo, pero para eso tuvo que pasar por experiencias donde percibió vigilancia y hostigamiento.

Otro de los ejemplos de agresiones a mujeres defensoras y periodistas es el caso de las hermanas Lucía, Gabriela y Andrea Ixchíu quienes documentaron la tala ilegal en un bosque comunitario de San Francisco El Alto, en Totonicapán. Por ello fueron interceptadas por un carro con dos personas que las golpearon, agredieron con machetes y amenazaron. Hasta el momento no hay justicia en este caso.

Fotografía: Alianza por la Solidaridad

La “justicia”

La justicia para la población indígena es lenta. Poner una denuncia en el Ministerio Público es una tarea titánica, pero en contraste las denuncias de criminalización dirigidas contra las personas defensoras avanzan de forma rápida.

Sinto explica que “el acceso a la justicia y el retraso del debido proceso ha tenido un patrón claro del racismo, clasismo y misoginia”. Un caso ante un juez puede llevar años para que se resuelva y mientras eso pasa, se desgasta la persona y su defensa.

Por ejemplo, Maria Choc comenta que salir adelante en su caso ha requerido mucho de su dinero pues  “tiene que pagar multa, abogados y muchas cosas más para desgastarnos económicamente”.

Para Sinto esta es una forma clara de cómo el sistema busca “silenciarlas y vetarlas de la participación comunitaria, política, y ciberactivista” pero no solo a través del sistema de justicia, sino desde distintos flancos y acciones.

El sistema de vigilancia, la ley contra las ONGs, los retrocesos en materia de Derechos Humanos y la búsqueda de legislación cada vez más conservadora que afecta a las mujeres, son solo algunas de las formas con las que buscan silenciar a las mujeres y su participación en estos espacios.