Lucía Escobar / Periodista
Cuatro mujeres indígenas, opositoras políticas del actual alcalde de Joyabaj, fueron criminalizadas por asistir a una manifestación afuera de la municipalidad que terminó en disturbios. Un año después, aún sufren las consecuencias en sus vidas diarias, en su trabajo, en su salud y en su comunidad.
Sobre la pared del Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj en Quiché se proyecta un video filmado el 24 de agosto de 2020 en medio de la pandemia de Covid-19 y del descontento del pueblo de Joyabaj, con quien es su alcalde desde el 2008, Florencio Carrascoza Gámez.
Lo que comenzó como una protesta pacífica y la entrega de un pliego de peticiones de parte de personas vendedores del mercado, se convirtió en la quema y saqueo de la municipalidad de Joyabaj. Todo fue filmado y transmitido en vivo por la directora de Xolabaj Radio y Xolabaj Tv, Anastasia Mejía.
“Lo que pensamos que eran solo rumores, resultó ser cierto”, narra la periodista k’iche’ en su transmisión en vivo. “Es muy triste que nuestro municipio se esté vistiendo con actos de violencia. Hay un malestar profundo de la gente. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel informando”.
El video, que es parte del trabajo periodístico de Anastasia Mejía, fue también medio de prueba propuesto por el Ministerio Público (MP), para “probar” los delitos de sedición, robo agravado e incendio que enfrentó Anastasia, así como la señora Petrona Siy Castro, de 69 años, una reconocida lideresa indígena de su comunidad, quién también tiene el cargo de presidenta de la asociación civil de vendedores del mercado de la plaza pública de Santa María Joyabaj y es promotora social de las comadronas.
Anastasia Mejía, afuera del Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj, tras conocerse que su proceso quedó cerrado.
Tanto Anastasia como Petrona y el alcalde Florencio aparecen en la proyección audiovisual que observa en una sala pequeña, el juez Gilmar Barrios, las implicadas y sus abogadas, el MP y un grupo pequeño de periodistas. Se ve y escucha cuando doña Petrona entrega un pliego de peticiones al alcalde y le habla en su idioma natal, el alcalde responde en español a los planteamientos denegando la mitad. El video salta de minuto a minuto, adelante y atrás según lo que el MP pretende probar. Pero nada en las imágenes sugiere que su hipótesis y sus señalamientos son acertados.
En esta audiencia de la etapa intermedia llevada a cabo el viernes 3 de septiembre, en Santa María de Nebaj, el Juzgado de Primera Instancia Penal presidido por el juez Gilmar Barrios decidió el destino de las tres personas sindicadas. Una de ellas, Manuel Hernández Mejía, quien murió durante el proceso y, por lo tanto, se dio la extinción de la persecución penal.
Las otras dos, Anastasia Mejía Tiriquiz y Petrona Siy Castro, estuvieron 37 días presas y pagaron una fianza de 20 mil quetzales cada una para salir de la cárcel. Sus abogadas defensoras, Floridalma Judith Aguilar y Dinora Rodríguez pidieron que se desestime el caso y que no fueran a juicio. Explicaron que no existía dentro de los hechos planteados una acusación, clara precisa y justificada. “Nadie le va a devolver a Petrona el mes que estuvo presa. Ella es vulnerable por ser mujer, indígena, campesina, analfabeta y de la tercera edad, es utilizada como chivo expiatorio”. Las abogadas pidieron, a continuación, una resolución ajustada a derecho para Petrona quien solamente llevaba un memorial de los vendedores.
Las abogadas Dinora Rodríguez, Floridalma Aguilar, Ana López e Ingrid Ajsivinac, preparan la defensa de Anastasia Mejía y Petrona Siy.
El juez Gilmar Barrios señaló que Petrona Siy Castro corrió peligro por su edad, “en una acusación no pueden incluirse presunciones, sino indicios. Los indicios tienen características. La función del MP es mostrar los indicios. Un indicio es que sea cierto, indiscutible. No existen hechos que vinculen a la señora Petrona como autora de un hecho delictivo”, señaló el juez y emitió auto de sobreseimiento a favor de Petrona.
El Consejo de Pueblos K’iche’ y otras autoridades indígenas toman la calle afuera del Juzgado de Nebaj en apoyo a las mujeres criminalizadas.
Respecto a la participación de Anastasia Mejía, el juez explicó que no existían los elementos para ir a juicio oral y público. “No veo una conducta que pueda encuadrarse en los tipos penales regulados en estos artículos. No encuentro elementos serios para llevarlas a juicio. Recomiendo cerrar irrevocablemente el proceso”.
El alcalde de Joyabaj, Florencio Carrascoza Gámez tiene varios antejuicios en curso. Se encuentra incluido en la lista Engel de funcionarios corruptos de Centroamérica. Es señalado de socavar procesos democráticos o instituciones, intimando y encarcelando injustamente a políticos oponentes.
Sebastiana y Micaela
Dos semanas antes de esta audiencia. En el mismo juzgado, Micaela Solís Juárez, otra de las acusadas en el caso del incendio de la municipalidad de Joyabaj, fue ligada a proceso e irá a juicio por sedición. Micaela se dedicaba a lavar ropa y es de una comunidad alejada del casco urbano de Joyabaj.
Ella se lamenta porque la única razón por la que habló en esa manifestación es que se dio cuenta de la realidad en la que vive su gente y se animó, reconoce que tiene derecho a manifestar y que puede oponerse a lo que hace el alcalde.
Micaela se aflige por ella, pero también por Sebastiana Pablo Hernández, la única implicada que pasó 10 meses en la cárcel preventiva Santa Teresa en Cantel, Quetzaltenango. Además, manifestó que tiene padecimientos físicos. La traductora lo explica así: “Es una serpiente que viene de su corazón para su espalda y que por varias noches no ha podido dormir. Le duele el alma. Siente una tristeza profunda”.
Sebastiana Pablo Hernández llora al conocer que saldrá de prisión preventiva tras 100 días en la cárcel en Quetzaltenango.
En la audiencia, el juez Barrios decidió que tanto Micaela como Tomas Alonzo, otro de los implicados, enfrentarán un juicio por el delito de sedición y atentado con agravación específica. Sebastiana, sin embargo, pudo regresar a su casa porque el juez Barrios resolvió modificar la prisión preventiva por el arresto en su domicilio.
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Uno de los abogados del Bufete para Pueblos Indígenas, concluye: “Este caso muestra cómo un alcalde ladino, materializa el racismo en su máxima expresión. La expresión más visible del patriarcado y el machismo, pues arremete contra las mujeres que lo han fiscalizado, porque ellas lo han cuestionado. Él ni entiende lo que ellas dicen porque ellas hablan en k’iche’ y él no conoce el idioma”.
