En casi cinco años, el Ministerio Público (MP) registró 32,531 mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales en todo el país, pero son los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango los que registran el mayor número de afectadas.
Mariela Castañón / laCuerda
Aunque los datos reflejan que en los 22 departamentos del país se han documentado víctimas de delitos sexuales, son tres donde se registra el mayor número de mujeres y niñas agraviadas por violación y agresión sexual.
De acuerdo con la información oficial, de las 32,531 personas afectadas: 7,306 víctimas fueron documentadas en el departamento de Guatemala; 2,868 en Alta Verapaz y 2,086 en Huehuetenango. Casí 4 de cada diez casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en el país suceden en alguno de estos tres departamentos.
Hilda Morales, exprocuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y defensora de derechos de las mujeres, opina que estos datos podrían representar un subregistro porque las víctimas no siempre interponen denuncias, ni tampoco tienen información sobre donde pueden denunciar. Además la atención carece de pertinencia cultural y en algunos lugares no hay acceso a los servicios.
Aunque el Código Penal impone penas a quienes cometen estos delitos, los casos continúan y se repiten anualmente en esos departamentos.
La violación está tipificada en el artículo 173 del Código Penal e impone una pena de cárcel de 8 a 12 años. Mientras que la agresión sexual tiene una sanción de 5 a 8 años de prisión.
La normativa explica que es violación cuando con violencia física o psicológica se tiene acceso vaginal, anal o bucal con una persona. También cuando la víctima es menor de 14 años.
Mientras que la agresión sexual es cuando se ejerce violencia física o psicológica para realizar actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma.
Para el Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la manifestación “más cruel” de la violencia contra las mujeres es la violencia sexual, “las estadísticas demuestran que estos actos son perpetrados principalmente contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes”, refiere.
Sentencias distan de denuncias
Los datos reflejan que, aunque el número sobrepasa las 32,000 víctimas, las sentencias son bajas en comparación con la cantidad de agraviadas.
Stephanie Rodríguez, abogada especializada en derechos humanos, coincide con los datos del MP e indica que en Alta Verapaz y Huehuetenango son los departamentos con más denuncias de delitos sexuales, pero estos procesos no siempre llegan a una sentencia condenatoria por las condiciones socioeconómicas de las mujeres y niñas afectadas, que para seguir un proceso en el MP deben dejar un día de trabajo e invertir en el transporte para llegar a lugares distantes, entre otros gastos.
Del 1 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, el MP ha obtenido 2042 sentencias por violación y agresión sexual: 533 absolutorias y 1,509 condenatorias.
La abogada Rodríguez, agrega que han observado que en los procesos legales las víctimas son revictimizadas y “viven un calvario con la denuncia”. La profesional lo describe así porque cuando las víctimas deben declarar más de una vez se desmotivan.
Hilda Morales expresa que en las aldeas o lugares remotos las mujeres están abandonadas a su suerte y cuando acuden a la institución más cercana, que en ocasiones son las sedes de la Policía Nacional Civil (PNC), no tienen respuesta para atender sus denuncias, o no hay reacción a favor de ellas.
El Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, describe a los agresores de delitos sexuales como aquellos que no son personas enfermas mentales, que no agreden por ingerir alcohol o drogas, sino porque son herederos de la cultura patriarcal, que les inculcó la idea de que tienen derecho sobre los cuerpos de las mujeres, sin importar su condición.
“La causa de la violencia contra las mujeres está en un sistema creado en beneficio de la primacía de los hombres y el sometimiento de las mujeres por diferentes medios, desde la persuasión hasta los golpes y la muerte”, explica.
Alcanzar justicia
A criterio de Rodríguez, también es importante verificar el trabajo de la Fiscalía de la Mujer y de Femicidio, así como el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI). La profesional del derecho enfatiza que todas estas instituciones necesitan personal calificado y formado para atender los casos.
Por su parte, Morales, la exprocuradora adjunta de la PDH, refiere que los lugares donde tienen servicios de atención a mujeres deben generar los mecanismos para proteger a aquellas que denuncian porque no hay alternativas, lo que actualmente existe son los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), a los que cada año se le asignan las cuotas financieras tardíamente.
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Morales, propone la creación de un fondo específico manejado por el sistema de justicia que permita que las mujeres que denuncian accedan a una pensión para subsistir o sobrevivir con sus familias.
Sin embargo, las profesionales concluyen en que mientras no exista voluntad política para asignar los fondos a las instituciones que trabajan en la prevención y atención a las víctimas de delitos sexuales o no existan políticas públicas acorde a la necesidad de estos problemas, la situación no cambiará en los hogares y en las calles.
