Fidelia Ramírez y Miguel Alvarado viajaron 176 km desde Rabinal, Alta Verapaz, hacia el edificio de la Corte de Constitucionalidad (CC) para hacer un recordatorio a los magistrados: “El agua no se vende, no es mercancía, es un derecho”.
Kimberly López / laCuerda
Este lunes por la mañana, un grupo de representantes de organizaciones sociales y comunidades indígenas presentó tres acciones de inconstitucionalidad para evitar que se permita la creación de un Viceministerio del Agua. Que esta iniciativa sea una alternativa para beneficiar a mega empresas y al sector privado es el principal temor de las comunidades y grupos organizados.
A inicio de este año, el Organismo Ejecutivo oficializó la creación de una nueva dependencia para el Ministerio de Ambiente: un Viceministerio del Agua que supuestamente estaría encargado de la preservación y conservación de los bienes hídricos. La disposición fue tomada pese a que en el país no existe una ley que regule el uso del agua en todo el territorio nacional.
De inmediato, la implementación de un viceministerio encargado de la protección de un bien tan acechado despertó alarmas en sectores de la sociedad civil y comunidades organizadas que durante años han insistido en la aprobación de una ley específica que proteja el uso del agua.
En el caso, como Viceministro de Agua, fue nombrado Nery Martín Méndez, quien fue delegado presencial del Ministerio de Ambiente e integrante del Centro de Gobierno, una instancia creada durante la gestión de Alejandro Giammattei y fuertemente criticada por tener fines clientelares.
Para al menos 61 organizaciones y comunidades indígenas, este viceministerio no es más que una institución creada para legitimar un negocio a costa del bien hídrico del cual carecen cientos de comunidades y miles de familias que dependen de los bienes naturales para subsistir.
Los acuerdos gubernativos que dan vida al viceministerio, según las organizaciones, contradicen principalmente los artículos 127 y 157 de la Constitución política “en donde se establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescindibles, que su aprovechamiento, uso y goce debe ser a través de una ley específica de acuerdo al interés social y no particular”. Por esa razón, decidieron presentar una acción inconstitucional por cada acuerdo creado por el Ejecutivo, con la intención de revertir la creación del nuevo viceministerio.
“Hay una intención por perpetuar el modelo extractivo”
Según David Paredes, representante de la Red por la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), nombrar un viceministerio del agua revela una posición autoritaria de parte del gobierno.
“Para los pueblos es un bien sagrado y aparte es un bien estratégico. A falta de una ley de aguas, el Estado está pretendiendo legitimar un viceministerio para regular el agua y eso es inconstitucional”, asegura. La preocupación de Paredes y la de cientos de comunidades es que se pretenda perpetuar un modelo que beneficia a empresarios.
“Hay una intención de perpetuar el modelo extractivo. Como no hay una ley de aguas se crea este viceministerio con la intención de delegar el bien sagrado a las empresas extractivas, mineras, hidroeléctricas, monocultivos”, lamenta.
Regina Pérez : Prensa Comunitaria
El Estor: Un ejemplo claro
Fidelia Ramírez, autoridad indígena y representante del Consejo Del Pueblo Maya es originaria de Rabinal, en Baja Verapaz. La mañana de este martes, ella estuvo frente a la CC gritando una serie de consignas por la defensa del agua.
“¡El agua no se vende, se defiende!”, era una de ellas.
Según la lideresa, la preocupación por el abuso al agua es general. En Rabinal, dice, la situación no es tan grave como en otros lugares del país. El Estor, por ejemplo.
«Venimos porque no queremos que se negocie el agua, el agua es un derecho de todos y lo necesitamos para las futuras generaciones. Nos preocupa mucho que algunas empresas se apropien del agua y nos dejen sin recursos a las comunidades indígenas que por años hemos sido discriminadas y excluidas”, explica.
Ramírez cita el caso de El Estor, Izabal, un municipio en el que las actividades mineras han puesto en riesgo los bienes hídricos. Los pobladores han denunciado que los nacimientos de agua están en peligro pero la respuesta de las autoridades de gobierno no ha sido favorable. Al contrario, el presidente Alejandro Giammattei decretó estado de sitio en dicho municipio para limitar las movilizaciones sociales contra proyectos mineros.
“En Izabal es donde hay muchos problemas con nuestros hermanos que están luchando por los recursos naturales. Somos autoridades indígenas a nivel nacional y por eso estamos aquí, porque es la lucha de todos”, dice Ramírez.
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Tocando las puertas de una CC posiblemente cooptada
Frente a la CC, al presentar las tres acciones de inconstitucionalidad había un aire de desesperanza en las organizaciones presentes. Miguel Angel Alvarado, alcalde indígena de Rabinal, lo explica de esa forma.
“Aquí estamos frente a la CC ya que el gobierno está creando un viceministerio del agua y eso no lo vamos a permitir ya que el agua es vida para el ser humano y también el agua no es mercancía. El problema es que el agua ya está cooptada por un grupo de empresarios que están desviando los ríos y los tres poderes también están cooptados, trabajan en contra de los pueblos”, indica.
Y la desconfianza no es solo hacia los tres poderes y sector privado, sino también hacia la CC, que se ha inclinado por fallos que no benefician a las comunidades.
“El temor que tenemos es que esta Corte también está cooptada, está Corte ha negado derechos a los pueblos y ese es el temor que tenemos, a pesar de eso estamos aquí pidiendo que prevalezca lo que se establece en la Constitución”, concluye David Paredes.
