Un camino de 40 años de silencio y una década buscando que su dolor sea reparado. 36 mujeres indígenas Achi luchan para que la violencia sexual que sufrieron durante el conflicto armado interno en Guatemala no quede en la impunidad.
Jody García /laCuerda
“Tenía 7 meses de embarazo cuando me violaron y por eso perdí a mi bebé. Ese es el dolor que ahora cargo en mi corazón, por tanto dolor y sufrimiento es que esperamos justicia”, dijo Antonia Valey Xitumul, una mujer indígena Achi que viajó desde Rabinal, Baja Verapaz, hasta la ciudad de Guatemala para ser parte del juicio contra cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (exPac).
Los cinco exPac son señalados de estar involucrados en la violación sexual de al menos 36 mujeres entre 1981 y 1983, los años más sangrientos del conflicto armado interno en Guatemala.
El camino para obtener justicia empezó en 2011, cuando Antonia se organizó junto con otras 35 mujeres para denunciar en el Ministerio Público (MP) los abusos que sufrieron cuando eran jóvenes. En el proceso han contado con el apoyo de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal.
Tras una década de espera, el miércoles 5 de enero de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo A, dirigido por la jueza Yassmin Barrios, inició el debate oral y público contra Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Albarado y Francisco Cuxum Alvarado, capturados entre 2018 y 2019. El MP los acusa de delitos contra los deberes de la humanidad.
Lucía Xiloj, abogada de las mujeres, explicó a laCuerda que en el juicio se presentarán 16 dictámenes periciales, más de 100 pruebas documentales que detallan el contexto de guerra que se vivía en Rabinal, y 20 declaraciones de las víctimas y testigos.
La voz de las sobrevivientes se escuchó en el Tribunal el pasado 11 de enero, día en que cinco de ellas contaron su testimonio ante las y los jueces. Entre ellas estaba Juana García de Paz, quien en los años 80 estuvo retenida ilegalmente en instalaciones militares.
“Yo juro que es verdad, una muchacha fue violada por 28 días por todo el pelotón. Es demasiado, no es justo, la muchacha lavaba su ropa interior y la volvían a violar. Yo doy mi declaración porque es cierto todo lo que vivimos. Los tres meses y 15 días que estuve en el destacamento sufrí violaciones sexuales”, relató.
La violencia sexual no es un hecho aislado en un contexto de guerra. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), dijo que cuando se comete de forma pública y masiva genera terror y produce un efecto simbólico de gran trascendencia para la comunidad, ya que es un indicio de la intención de exterminar al grupo.
“En la cultura maya las mujeres, además de ser las reproductoras biológicas, cumplen una función primordial en la reproducción social del grupo. Si ellas son afectadas, la comunidad entera se siente profundamente conmocionada”, cita la CEH.
Otra de las pruebas presentadas fue el testimonio de José Tecú Osorio, quien relató que en 1981 un grupo de patrulleros llegó a su comunidad a preguntar por el paradero de unas armas y a acusar a las mujeres de alimentar a la guerrilla. También recordó haber visto cómo las mujeres eran amarradas y violadas frente a sus familias.
“A las mujeres les decían que si no decían la verdad del paradero de los hombres y la guerrilla, las iban a matar. Después de un rato nos obligaron a sacar las piedras de la quebrada, a buscar lazos y empezaron a matarlas”, dijo ante el Tribunal.
Los días en cautiverio
Paulina Ixpatá, una de las mujeres Achi que busca justicia, sobrevivió a violaciones y tortura durante 25 días consecutivos, tiempo en el que estuvo retenida por ex patrulleros civiles. En ese tiempo su hermano fue desaparecido y 15 integrantes de su familia fueron asesinados. Ahora es una de las lideresas del movimiento que busca que estos crímenes no queden en la impunidad.
Cuando el juicio inició, el MP dijo al Tribunal que la declaración de las víctimas juega un papel primordial ya que en casos de violencia sexual no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales.
Uno de esos relatos detalla el horror que vivió Marcela Alvarado Enríquez en 1981, cuando los ex patrulleros entraron a su hogar a preguntar por el paradero de su esposo. Ese mismo día una niña de dos años fue violada mientras su mamá estaba amarrada a un palo. Marcela, quien estaba embarazada, también fue abusada.
Durante el juicio se presentó el peritaje psicológico realizado por Carolina Melgar, quien detalló que las violaciones fueron un método de tortura para obtener información sobre sus esposos, quienes eran acusados de ser parte de la guerrilla. Estos hechos desataron consecuencias físicas y emocionales en las víctimas, que a la fecha todavía sufren las secuelas.
“Entre los síntomas más comunes están los estados depresivos, la pérdida de peso, insomnio o hipersomnia, cansancio, excesivo sentimiento de culpa, dificultad para recordar, pensamientos suicidas, entre otros”, dijo Melgar, quien resaltó que hay casos donde las sobrevivientes pudieron expresar lo que sufrieron hasta muchos años después, debido al estigma y la culpa impuesta.
Los testimonios y declaraciones continuarán por al menos una semana más y se espera que el Tribunal emita una sentencia al finalizar enero.
En este caso hay tres ex patrulleros que fueron señalados por el MP pero que se encuentran en libertad, ya que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto un recurso del Bufete de Rabinal contra una resolución que los sacó de prisión. Sus nombres son Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Felix Tum Ramírez.
