Un promedio de 367 niñas y adolescentes han sido violadas cada mes en Guatemala y la mitad de ellas, 183, han resultado embarazadas producto de esa violencia sexual. ¿Qué sucede después que una niña da vida a otro niño? ¿Quién acompaña ese proceso traumático que trunca el proyecto de vida de las víctimas?
Mariela Castañón / laCuerda
Ilustración: Diego Orellana
El dolor en el vientre alertó a la adolescente de 16 años de que algo extraño ocurría con su cuerpo. Avisó a sus padres y, cuando vieron que el malestar no cesaba, decidieron salir a buscar ayuda.
En la comunidad Chuachituj, en la aldea Casa Blanca, Santa María Chiquimula, en Totonicapán, el lugar más cercano es el Centro de Atención Permanente del municipio. El transporte colectivo es escaso y pasa con poca frecuencia, así que la familia caminó 30 minutos hasta el lugar.
Ahí les confirmaron algo que aseguraron desconocer: la joven estaba embarazada. De hecho, estaba preparada para el parto. Tenía siete meses de embarazo, sería un parto prematuro.
Les refirieron al Hospital Departamental de Totonicapán, a unos 30 kilómetros del municipio. Les llevó una hora en autobús llegar al lugar.
La adolescente esperaba un bebé de su cuñado.
El esposo de su hermana abusaba sexualmente de ella cada vez que su papá y su mamá salían a trabajar. Ella dio a luz a una niña poco después de ingresar al hospital. Al principio no quería darle el pecho. No la quería tener cerca.
Es violación
En Guatemala se considera violación siempre que la víctima es una persona menor de 14 años. Aun así, las niñas y adolescentes que resultan embarazadas —después de una violación o no, en el caso de adolescentes—, son obligadas a continuar con estos embarazos y a hacerse cargo de sus hijas e hijos.
En los últimos diez años se han aprobado convenios, protocolos y rutas para garantizar que las niñas y adolescentes madres, reciban apoyo por parte del Estado. Sin embargo, no todo se cumple en la actualidad.
Dorotea Gómez, defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que en 2020 supervisaron varios establecimientos de salud para verificar si cumplían con estas normas. Detectaron que, de 2012 a 2020, se atendieron alrededor de 15 mil víctimas de violencia sexual.
Según Gómez, aunque en el Hospital Roosevelt y en el Hospital General San Juan de Dios se atiende psicológicamente a las víctimas de abusos sexuales, esta atención no es integral en tanto no les permite sanar los traumas, las heridas y el impacto negativo que la violencia ha generado en su cuerpo y memoria.
Otros de los hallazgos de la PDH es que el Ministerio de Salud no se asegura de que el personal de los hospitales hable los idiomas de la población que atiende. También han identificado que no todas las clínicas cuentan con un lugar adecuado para atender a las víctimas. Cuando el espacio es reducido, no pueden escucharlas con privacidad, y lo hacen en la misma sala donde hay más pacientes.
Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) señala que, a partir de la pandemia de Covid-19, han identificado que no todas las niñas han sido atendidas en hospitales como lo establece el protocolo. El Ministerio de Salud niega este extremo pues asegura que los casos de violencia sexual son considerados emergencias y por ello no se dejan de atender; advierte sí un descenso en la atención debido a los toques de queda, que le impedía a las víctimas acudir a los hospitales.
De la denuncia a la institucionalización
El caso de la adolescente de Chuachituj fue referido en un inicio a una organización social que se ofreció a darle apoyo psicológico y legal. Sin embargo, el padre prefirió no continuar con el proceso, según información del OSAR.
Trasladarse de su comunidad a la sede del Ministerio Público (MP) en Totonicapán suponía un gasto de tiempo y de dinero que no quería o no podía asumir. Al menos cada viaje implicaba gastar Q100 en transporte y comida de la adolescente, de su mamá, que le ayudaba a cuidar a la bebé, y de su papá, quien la representaba legalmente.
El padre de la joven tampoco quería perjudicar a su otra hija por el hecho de estar casada con el abusador.
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El OSAR conoció tiempo después este caso y le dio acompañamiento psicológico a la adolescente. En el Observatorio indican que la investigación en el MP siguió de oficio, y el agresor fue capturado años después.
Esta misma instancia desconoce si la Procuraduría General de la Nación actuó o no en el caso de la adolescente de Chuachituj. Lo único que saben es que cuando la bebé nació, su familia la sacó de su casa. La información que tienen es que sus padres la obligaron a convivir con un hombre de 25 años.
Wilfredo López, director de Protección Especial y Acogimiento Familiar y Residencial, una unidad de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social, tiene a su cargo el Departamento de Protección a la Niñez y Adolescencia Víctima de Violencia Sexual con enfoque de género.
Este departamento está encargado de restituir los derechos de la niñez y adolescencia víctima de violencia sexual. López explica que las niñas atendidas son remitidas por orden de juez y quedan en custodia de esta instancia. Algunas están embarazadas y otras ingresan con sus hijas e hijos.
Del 1 de enero al 10 de noviembre del 2021 se atendió a 87 niñas y adolescentes entre 13 a 17 años: 37 en estado de gestación y 50 jóvenes madres.
Mirna Montenegro señala que, cuando una niña es enviada a un albergue o a un hogar de protección, no se les ofrece seguridad y la atención psicológica es deficiente: se enfoca en la maternidad y no en la restitución de sus derechos.
La reparación del daño
La reparación integral en estos casos consistiría en que, al finalizar el proceso legal y obtener una sentencia condenatoria en contra del agresor sexual, además de obtener los años de prisión, también se le imponga un resarcimiento económico para que la víctima pueda pagar terapias psicológicas y recibir atención médica para su hija o hijo y para otros gastos, explica Montenegro.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en el 2017 se creó el Programa Social Vida para la atención a niñas y adolescentes embarazadas, cuyos casos han sido judicializados. Este programa consiste en la entrega de una Transferencia Monetaria Condicionada de Q1,500 de forma periódica.
Del 2018 al 15 de noviembre de 2021, el MIDES ha acreditado ese beneficio económico a 553 familias. Una cifra que está por debajo del promedio de 4 mil embarazos que se suelen registrar al año.
La directora de OSAR explica que otras de las deficiencias que observan es que el MIDES provee la ayuda mensual o bimensual solo cuando el proceso está judicializado. Señala que algunos casos se desestiman, que no todas las denuncias llegan a un proceso penal y que en el Organismo Judicial hay moras de cinco a diez años.
“Imagínese que una niña reciba esta ayuda económica hasta que se haya ligado a proceso a una persona, pueden pasar años”, cuestiona.
Abandonadas a su suerte
El debate sobre la atención a las niñas víctimas de violación es profundo e implica abordar temas que parecen ser tabú, como la interrupción del embarazo.
Mirna Montenegro señala que cuando una niña es abusada sexualmente y resulta embarazada, es obligada a vivir en torno a su bebé. Agrega que no existen políticas públicas enfocadas a atender la salud mental en este tipo de casos y asegura que en el OSAR han registrado suicidios de adolescentes que han sido violentadas sexualmente y obligadas a continuar con sus embarazos.
En 2017 ingresó al Congreso de la República la iniciativa 5376 que buscaba despenalizar el aborto en niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la Comisión de la Mujer, presidida entonces por el diputado conservador Aníbal Rojas, emitió dictamen desfavorable en septiembre de 2018 y la iniciativa fue archivada.
La situación de las niñas violentadas sexualmente no solo pone en riesgo la vida de las jóvenes madres, sino que es un proceso traumático que marca su vida para siempre.
