En el último año se han incrementado los ataques contra operadores de justicia que llevan casos contra militares en retiro por delitos cometidos durante los 36 años de guerra interna (1960 a 1996). Las personas más afectadas serán las víctimas que buscan justicia en casos que podrían quedar entrampados.

Mariela Castañón / laCuerda

Una iniciativa de ley, denuncias contra una exfiscal general y un juez, cambios en el Ministerio Público. Los movimientos son muchos y, según explica Carmen Aida Ibarra, del Movimiento ProJusticia, podrían ser parte de una estrategia para extinguir la responsabilidad penal por todos los delitos cometidos durante el conflicto armado interno .

Al menos cuatro hechos importantes deben ser considerados, según Ibarra:

1. Una ley de amnistía

El pleno del Congreso de la República, conoció el 22 de septiembre de 2021 la iniciativa 5920: “Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación”, que busca la extinción de responsabilidad para quienes participaron directa o indirectamente en delitos cometidos durante  el conflicto armado. Esto, pese a que el derecho internacional prohíbe la amnistía en casos de violaciones graves a derechos humanos.

El artículo 6 de la iniciativa expone que cualquier fiscal o juez que contravenga la normativa o incurra en delito de desacato, será procesado y sancionado con el triple de la pena contemplada en el Código Penal.  Todos los diputados ponentes son de la bancada Valor, partido cuya principal figura es Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, declarado culpable por genocidio en 2013.

2. La denuncia contra Claudia Paz y Paz

El 9 de junio fue interpuesta una denuncia contra la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Pa, por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, argumentando que dio instrucciones sobre cómo debían investigarse casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Durante la gestión de Paz y Paz, el exgobernante José Efraín Ríos Montt fue llevado a juicio, y encontrado culpable por genocidio contra el pueblo ixil.

Fotografía tomada de CEJIL.

3. La denuncia contra el juez Gálvez

Las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite a la solicitud de retiro de inmunidad contra el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.  La denuncia fue interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo, que acusó a Gálvez de haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada, argumento utilizado por diferentes sectores, a pesar que la prisión provisional no depende solo del juez, sino de la burocarcia en el sistema judicial.

El pasado 6 de mayo, el juez Gálvez envió a juicio a nueve militares y policías retirados, por los delitos de asesinato y desapariciones durante el conflicto armado interno ; el juzgador denunció amenazas en redes sociales.

Es importante recordar que la prisión provisional está contemplada en ley y que el juez Gálvez propuso alternativas a la CSJ para no prolongar la medida, pero estas nunca fueron atendidas.

4. La remoción de la fiscal Pineda

En junio el MP destituyó a Hilda Pineda, quien estuvo a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos y avanzó en investigaciones contra militares en situación de retiro.

La remoción de fiscales y la persecución de jueces, ha provocado estancamiento en los casos relacionados con los años de la guerra interna en el país  y la justicia transicional.

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“Vemos acciones del Congreso, de la Oficina Nacional contra la Tortura, y del Ministerio Público.  Pareciera que el paso siguiente es que la comisión de Gobernación y la comisión de Defensa del Congreso, emitan sus dictámenes respecto a esta iniciativa de Ley -5920- y llegue al pleno en agosto”, explica, con aflicción, Ibarra .

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), también ve con preocupación los riesgos a los que podrían enfrentarse las víctimas de estos delitos, porque los expedientes de los casos que contienen información sensible podrían estar en manos de quienes tienen acceso a nombres, direcciones y declaraciones de las personas denunciantes.