Mélina Nantel / periodista laCuerda
En la sala del Tribunal Octavo de Sentencia, el miércoles 14 de junio resonó el veredicto contra José Rubén Zamora. Allí se congregaron periodistas, defensoras de la libertad de prensa y personas solidarias en apoyo a José Rubén Zamora y Samari Gómez, así como a mujeres y hombres criminalizados por su lucha en defensa de la libertad de prensa en nuestro país.
El Ministerio Público lo acusó de tres delitos: lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Sin embargo, lo que se omitió es quizás su único y verdadero «crimen», aunque de hecho no lo sea: se atrevió, a través de sus investigaciones y análisis en elPeriódico, a exponer las prácticas corruptas del Estado y de los empresarios.
La Cuerda se hizo presente en la Plaza de los Derechos Humanos para reafirmar la importancia de luchar por la libertad y protestar por la persecución contra defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentra el valor intrínseco de la libertad de prensa, manifestado en la capacidad de escribir, expresar y difundir información veraz. El cierre de elPeriódico afectó directamente este derecho, y hoy su fundador y presidente, José Rubén Zamora, enfrenta un periodo de seis años de privación de libertad, mientras que trabajadores perdieron sus empleos y periodistas y columnistas son perseguidos por sus vínculos con el medio.
Ahora más que nunca, es necesario seguir denunciando las prácticas corruptas, las artimañas ilegales utilizadas para acallar las voces disidentes. Como afirmaba Zamora: «Sin libertad de prensa, no hay democracia». Si bien nuestra democracia ha sido golpeada, estamos decididas a continuar publicando nuestras páginas para analizar el contexto desde miradas feministas.
Un juicio que violó los derechos humanos
Al término del juicio, Zamora fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar al Estado una multa de 300 mil quetzales, cantidad que se le acusa de haber lavado.
El juicio se abrió con las palabras de la presidenta del tribunal, la jueza Oly González, quien invitó a los dos acusados a hacer sus últimas declaraciones. Fue Samari Gómez, exfiscal acusada de revelar información confidencial, quien inició solicitando ser absuelta ya que no se presentaron pruebas en su contra. Gómez, de 36 años, fue declarada inocente y puesta en libertad después de haber estado detenida durante más de diez meses, separada de sus tres hijos. «No había caso en mi contra, el Ministerio Público no presentó pruebas, pero ahora es una tendencia procesar a personas inocentes por motivos políticos», comentó.
Después de las declaraciones de Samari Gómez, fue Zamora quien tomó la palabra. Con sus declaraciones escritas a mano, pudo leer parte de sus notas después de una vacilación por parte del tribunal. Destacó las numerosas violaciones a los derechos humanos que ha sufrido desde su arresto: «Estuve leyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y me di cuenta de que todos mis derechos fueron vulnerados», afirmó en primer lugar.
Ya sea en el momento del arresto en su domicilio, donde se le negó la presunción de inocencia, o por los abogados que lo representaron y sufrieron persecución, José Rubén Zamora aseveró en sus declaraciones, en las que desglosó una a una las violaciones en su contra; nada podía demostrar que había cometido un delito «porque no lo hubo». Su declaración fue clara desde el principio: Zamora pidió al tribunal que «emita una sentencia absolutoria y ordene mi libertad».
«La acusación carece de elementos fundamentales, como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No indica cuándo, no establece una fecha o periodo específico. No indica dónde y no establece el lugar de la supuesta comisión del delito. Esto hace inviable el ejercicio correcto del derecho de defensa, porque es impreciso y la ley establece que la relación del hecho punible debe ser descrita de manera clara, precisa y circunstanciada, requisito que no se cumplió en este caso», afirmó.
También recordó que durante la primera audiencia de presentación de pruebas se le vulneró, ya que no se presentaron pruebas y fue sometido a diez días de aislamiento, sin comunicación, sin dormir y bajo presión psicológica. Destacó que fue tratado como un criminal. «Quiero dejar constancia en este debate oral y público, al Ministerio, de que se vulneraron los siguientes derechos: el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», dijo.
Previo a la lectura de la resolución de la jueza Oly González, el periodista #JoséRubénZamora pidió que se le absuelva de los cargos, argumentando que el Ministerio Público y los querellantes bloquearon su derecho al debido proceso y que no pudieron acreditarle ningún delito. pic.twitter.com/9cxYyxIDf1
— laCuerda (@laCuerda2) June 14, 2023
Mencionó que fue defendido por nueve abogados diferentes, tanto públicos como privados, y que la mayoría de ellos fueron perseguidos: cuatro fueron encarcelados y dos se exiliaron del país.
En cuanto al delito de lavado de dinero, Zamora argumentó que el dinero provenía de la venta de una obra de arte que debía servir para financiar elPeriódico, su medio de comunicación, que atravesaba una crisis financiera. Además, su hijo José Carlos Zamora denunció en entrevista para CNN, que las pruebas de esta venta no fueron admitidas: «Si hubieran aceptado las pruebas que mi padre quiso presentar, podríamos demostrar el origen lícito del dinero».
En todas sus declaraciones, José Rubén Zamora concluyó diciendo que su última solicitud a la corte sería: «Que este humilde escrito se incorpore al proceso». Sin embargo, no pudo terminar su lectura, pero el diario El País publicó íntegramente sus declaraciones.
Zamora lleva 11 meses y 29 días en prisión preventiva en el centro penitenciario de la Brigada Militar Mariscal Zavala. «Mi esposa dejó el país rumbo a Estados Unidos el martes por la noche, porque estamos preocupados de que pueda ser el próximo blanco de esta dictadura», dijo.
«Yo creo que desde la semana pasada deben tener su sentencia…» menciona el periodista. pic.twitter.com/wqpLhTU72u
— laCuerda (@laCuerda2) June 14, 2023
Seis años de más
La conclusión del juicio llevó a Zamora a enfrentarse a una condena de seis años de prisión y una multa de 300 mil quetzales por lavado de dinero, aunque su pena podría haber sido peor porque el Ministerio Público solicitó 40 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, sin embargo, la fiscalía no pudo acreditar las faltas, quedando absuelto de dos de los tres delitos que se le imputan. «Tenemos una dictadura», manifestó durante una pausa antes del veredicto. «Una dictadura velada, multipartidista y tiránica».
El panorama actual en Guatemala ha despertado preocupación en cuanto al ejercicio periodístico de los medios independientes. Desde que Giammattei llegó al cargo como presidente en enero de 2020 hasta la fecha, la Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha catalogado los eventos como un «acto de intimidación» y una «caza de brujas».
Tras la condena por el delito de lavado de dinero, el periodista José Rubén Zamora enfrenta un tercer proceso legal. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo acusa de falsificación de documentos por presuntamente utilizar una firma falsa en boletas migratorias con las que se registraron entradas y salidas del país. Este jueves 15 de junio fue ligado a proceso por el juez Jimi Rodolfo Bremer.
Cabe recordar que en el año 2000, Zamora fue reconocido como uno de los 50 héroes de la libertad de prensa por el Instituto Internacional de Prensa. ElPeriódico, que fundó en 1996, destacó en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
En él denunció la «persecución penal y presión económica» en su contra y acusó al presidente de la República, Alejandro Giammattei y a la fiscal general, Consuelo Porras, de querer silenciar su voz debido a las investigaciones con las que evidenció prácticas corruptas. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por presunta obstrucción a la justicia relacionada con la cobertura del caso de Zamora.
