María Dolores Marroquín / La Cuerda

Da náusea ver el perverso actuar del ente encargado de la investigación criminal en Guatemala, hablo del Ministerio Público, encarnado en la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial contra la corrupción Rafael Curruchiche, quienes haciendo gala del leguleyos, es decir, haciendo uso malintencionado de la ley, pretenden darle atol con el dedo a la ciudadanía, tratando de amedrentarla para generar su inacción.

Este proceso electoral dejó lecciones interesantes para la historia de la cultura política guatemalteca. Acostumbrada al clientelismo de la clase política, un buen porcentaje de la población todavía cedió su voto a las propuestas compradas con láminas, víveres u ofrecimientos vanos que en el fondo no proponían formas concretas de resolver las problemáticas que afectan a la población, y que además azuzaban los miedos que más han marcado a la sociedad en esta historia de control, represión y muerte.

Por otro lado, un buen porcentaje de la población puede ver claramente cómo este Ministerio Público está en una campaña de criminalización de jueces, periodistas y activistas sociales, mientras que deja en libertad a exfuncionarias y exfuncionarios vinculados con hechos de corrupción. Esto ha llegado a colmar el aguante de la gente que saltó de la pasividad de votar por los mismos, a dar una oportunidad a lo diferente. En un pueblo pequeño de Sacatepéquez recibí el comentario: «Votamos por Semilla, porque no nos regaló nada, solo nos ofreció el cambio».

Con la movilización ciudadana, los poderes que manejan a su operadora política en el MP, han enfilado acciones para profundizar la persecución, incluso tratando de que otras instituciones como la Corte de Constitucionalidad, permita el uso de la fuerza contra la ciudadanía que, harta del accionar de la fiscal Porras y el fiscal Curruchiche, exigen su renuncia inmediata.

Estos días vemos cómo capturan a la abogada Claudia González, recientemente premiada por su labor por el respeto de los derechos humanos en el país. Múltiples voces se suman a la exigencia de su pronta libertad, ya que es obvia la persecución espuria por su trabajo en la defensa de operadores de justicia perseguidos, entre ellos el exfiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval; la exfiscal Virginia Laparra, la exfiscal auxiliar de la FECI, Paola Escobar; la exfiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa; la exmandataria de la Cicig, Leily Santizo. Hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció por el atropello a la abogada.

El Ministerio Público está potencialmente aumentando el rechazo en su contra por las acciones de menosprecio a la justicia, por el castigo que impone a personas que esperan justicia frente a denuncias infundadas, al no seguir los procedimientos establecidos, por el simple hecho de castigar a quienes les parecen incómodos.

Hoy muchas voces se suman al clamor de #RenunciaConsueloPorras #RenunciaCurruchiche, autoridades indígenas de Totonicapán, grupos organizados en Quetzaltenango, Cobán, Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos; incluso parte del sector empresarial, entidades internacionales, así como paisanas y paisanos en diversos lugares fuera del país están gritando alto y fuerte el cansancio de ver entrampada la posibilidad de tener un futuro que posibilite el comienzo de ir detrás de la vida, del renacer de la esperanza, de la apertura de posibilidades para transitar de este modelo corrupto a uno participativo y que brinde alegría.

Nos quieren marear, desesperarnos, meternos miedo, dejarnos sin esperanza, pero hoy estamos con la alegría a flor de piel, con la ilusión de que es posible vivir diferente. Eso no nos lo podrán quitar, porque es un sentimiento colectivo que nos alimenta el alma, porque queremos dejar de sufrir y ponernos a celebrar…