Rosalinda Hernández Alarcón / La Cuerda
Depurar y renovar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA) es una exigencia de diversas expresiones organizadas en Guatemala, que merece mayor respaldo con nuevas y contundentes voces, ya que los poderes conservadores del sistema pretenden reelegir a los magistrados y mantener jueces que les sirven para seguir gozando de impunidad en sus prácticas corruptas y controlar el descontento social. Es importante anotar que entre quienes se resisten a perder el control en los organismos de justicia figuran tanto funcionarios públicos como operadores privados subvencionados por grandes empresarios.
«Desde hace años hemos constatado con profundo rechazo, que el propio sistema de justicia penal viola la dignidad, seguridad, integridad personal; proyecto de vida y libertad de las personas que, en ejercicio de ciudadanía, defienden derechos y libertades fundamentales. Quienes presiden algunos juzgados u ocupan los cargos en la CSJ y las CA actúan como coautores o cómplices o encubridores de graves violaciones a los DDHH. Ello incluye a la Corte de Constitucionalidad que, con mucha frecuencia, viola la Constitución Política de la República que juró respetar y hacer cumplir».
Este señalamiento, dado a conocer el pasado 20 de agosto, fue suscrito por casi un centenar de personas, quienes tienen distintas trayectorias y están convencidas de que la depuración y renovación de las más altas cortes implica evitar la reelección de magistrados de la CSJ y la no intervención de funcionarios del Ministerio Público, principalmente de su titular, Consuelo Porras.
Cabe resaltar que este pronunciamiento presentado como carta abierta al presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, afirma que está en juego el Estado de derecho, tomando en cuenta la instrumentalización que se hace de las instituciones del sistema de justicia para que continúe la impunidad.
Por la importancia de este manifiesto, vale la pena resaltar que en el mismo se asegura que Néster Vásquez está manipulando e influyendo en forma nefasta en la mayoría de integrantes de las Comisiones de Postulación. «Es inaceptable, ilegal, antijurídico que utilice su cargo de presidente de la Corte de Constitucional para presionar a los comisionados».
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Las personas que suscriben el escrito revelan su gran indignación por el proceder de jueces y magistrados, junto con funcionarios del Ministerio Público, quienes protegen a delincuentes, principalmente acusados de actos de corrupción, al tiempo de criminalizar a personas comprometidas con la defensa de la justicia. «En las instituciones que conforman el sistema de justicia, la regla es la negligencia y la mediocridad. Nada de esto es casual. A diario se producen retardos maliciosos y obstrucciones a la justicia y los fiscales y juzgadores de todo nivel y rango, los generan y alientan…».
Al revisar informes de la situación de los derechos humanos, destacan los ataques a defensoras/es de derechos en casos de corrupción, despojo de territorios, agresiones a la libertad de expresión, femicidios y ataques sexuales a mujeres, expulsión de migrantes, por mencionar algunos. Y, a pesar de este panorama adverso, en diferentes partes de Guatemala activistas sociales y autoridades indígenas mantienen sus agendas políticas a favor de la justicia.
