Por: Rosalinda Hernández Alarcón
Todos los días suceden hechos que ya no se ven. Los actos violentos contra mujeres se entienden como algo de siempre. La costumbre los desdibuja, el fugaz asombro se adormila y el sensacionalismo provoca el morbo o inhibe el contexto en que se dan. Este recuento pretende motivar entre nuestr@s lector@s una reacción contraria.
Quetzaltenango, escenario de eso cotidiano. El 8 de enero, se informa del plagio de una joven señora con su bebé. Una semana después, Danita González de Orellana (31) es asesinada por sus secuestradores. Centenares de personas marchan en señal de protesta y exigen castigo a los culpables.
El 12 de febrero, otro crimen, Crisanta Vásquez Gómez (21), ex reina indígena, también es asesinada, luego de haber sido objeto de una violación.
El crimen de Danita, de nacionalidad estadounidense, genera enérgicas condenas por la inseguridad. Ello coincide con otra repudiable agresión: cinco estudiantes norteamericanas (19 y 20), son violadas. Siete sujetos armados son los agresores de las alumnas del St. Mary’s College de Maryland.
El Ministerio de Gobernación reporta el ultraje sexual de las estadounidenses casi tres días después de ocurrido, a pesar de que inmediatamente fue informado del hecho. Este tipo de violencia con repercusiones a nivel internacional, hace suponer que los responsables buscaban poner en entredicho las fuerzas de seguridad. Quizás entre ellos haya ex militares y es muy probable lo que opina la diputada Rosalina Tuyuc, quien descarta que esa agresión proceda de la delincuencia común y supone forme parte de un plan para sembrar terror.
En una aldea de Taxisco, madre e hija fueron ultrajadas sexualmente «en un ritual de horror que duró varias horas», según su testimonio. Dicen que se trató de la venganza de unos delincuentes, después de que su suegro-abuelo presentó una denuncia en contra de ellos. En esta infamia hay algo más. Las víctimas afirman que ninguno de los militares acantonados en el lugar del hecho, intervinieron para evitar la agresión.
La violencia en los buses es muy común. Dos ejemplos para pensar en el contexto en que suceden. Una ex guerrillera denuncia que fue golpeada mientras viajaba en un transporte urbano de esta ciudad. Son seis los agresores, además la amenazan de muerte. Una jovencita (20) fue ultrajada por un desconocido, quien se sienta a su lado. Con la amenaza de una pistola, le obliga a quitarse su prenda íntima inferior y luego la manosea. En ambos ataques, que ocurren en los primeros días de febrero, los victimarios bajan de la unidad y se alejan con la prepotencia que alguien asume cuando escudado con armas de fuego, está seguro que nadie lo detendrá.
Otro hecho de violencia es el que informó Eleonora Muralles, del grupo Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS). Desconocidos amenazan de muerte a algunas de sus integrantes, quienes son testigos en el juicio que siguen contra una banda de plagiarios. Ello podría indicar que los grupos del crimen organizado, aunque algunos de sus miembros guarden prisión, tienen capacidad de hostigar a las personas dispuestas a declarar en su contra.
La falta de justicia en Guatemala está llevando a casos extremos en los que comunidades enteras toman la justicia por su propia mano. En enero, cuatro personas fueron linchadas, a golpes y además les prendieron fuego. Una de ellas era Rosa de la Cruz Toj (45), cuyo «delito» fue ser la madre de un supuesto delincuente en Zacualpa, Quiché.
La contaminación ambiental es otra forma de violencia que está afectando a la niñez. Está comprobado, tienen altos niveles de plomo. Otilia Paredes Ramírez, de siete años, es una de las víctimas y puede sufrir daños cerebrales. Padres de familia de la zona 17 de esta capital demandan acciones para el cierre definitivo de la empresa que genera ese envenenamiento, ya que la orden de clausura -con fecha de 1993- ha sido ignorada.
Decenas de mujeres, como Rosa María de Castillo, han quedado sin empleo en las guarderías. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia resolvió una reestructuración que las deja sin trabajo. Después de regresar de vacaciones de fin de año, explica a ~laCuerda~, ella y sus compañeras han quedado desempleadas. No han importado sus años de antigüedad que van de cinco a diez. Tampoco sus certificados de capacitación. Ellas evocan los acuerdos de paz y su derecho constitucional al trabajo. La única respuesta fue una indemnización económica.
Los hechos descritos son sólo una muestra de lo ocurrido en los primeros 45 días del año. Tener presente estas agresiones, bien puede formar parte de la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, en diferentes ámbitos de la sociedad.
