Por: Maya Alvarado / laCuerda
Foto: Rosario Orellana
Taparle la boca al silencio con su verdad, ha sido la decisión de 36 mujeres achís que han emprendido el camino cuesta arriba de la justicia en Guatemala. Nuevamente, los Tribunales tendrán la responsabilidad de responder a estas 36 sobrevivientes que en los años ochenta fueron víctimas de diferentes hechos de violencia sexual. Ellas se han tomado de la mano, han unido sus voces para interpelar a la impunidad que insiste en borrar su verdad, su memoria, su historia y su derecho a la justicia.
Los hechos de violencia sexual de este caso, tuvieron como escenario varias aldeas de Rabinal, Baja Verapaz, y sucedieron en diferentes momentos de la guerra contrainsurgente. Las 36 mujeres querellantes vivieron violencia sexual en forma de tortura, extorsión y como parte del genocidio contra su pueblo. Por estos hechos, son señalados siete hombres, ex patrulleros civiles, a quienes la fiscalía acusa de “prácticas de detención ilegal, mantenimiento en cautiverio, ocultamiento de personas, interrogatorio mediante tortura, allanamientos ilegales y actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en lugares públicos, sus casas o instalaciones militares”. El caso es acompañado por el Bufete Jurídico Popular de Rabinal y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de las Violencias en las Verapaces Maya Achí (ADIVIMA).
Río Negro: El despojo de cuerpos y territorios
Durante la guerra interna, la población de Río Negro fue perseguida por el ejército de Guatemala y Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) de la aldea Xococ. Este caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tiene una sentencia hacia el Estado de Guatemala, condicionado en los últimos años por organismos económicos internacionales, hasta que no cumpla con su compromiso de resarcir a las víctimas de Río Negro.
De acuerdo con ADIVIMA, la comunidad Río Negro se oponía a ser desalojada para la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Demandaba una indemnización justa y reparación de los daños. Entre 1980 y 1982, varios hechos de violencia fueron cometidos por agentes del Estado. Casi todos implican a mujeres de todas las edades.
La misoginia, por parte de los soldados, está presente en los testimonios. Pero quizá el hecho más emblemático sucedió el 13 de marzo de 1982, cuando soldados del Ejército destacados en Rabinal, Baja Verapaz, y PAC de la aldea Xococ, llegaron a Río Negro, entraron a las viviendas y sacaron violentamente a las mujeres con sus bebés de pecho, niñas y niños de diferentes edades, así como ancianos. Las mujeres fueron objeto de humillación y burla, forzándolas a bailar con los soldados. Luego fueron obligadas a formarse en fila y marchar hacia la cuesta del cerro Pacoxón a donde llegaron tras ser azotadas en el trayecto. En ese lugar las violaron sexualmente a todas, desde las de doce años de edad. Luego ellas y sus bebés fueron asesinados de diferentes formas. Mientras esto sucedía, las mujeres permanecieron desnudas por completo. En este hecho murieron aproximadamente 70 mujeres y 107 niñas y niños.
La búsqueda de la justicia
Los hechos registrados llegan hasta septiembre de 1982, en todos se relata la intención de exterminar a la población Achí. La sentencia de la CIDH explica la responsabilidad del Estado. Ésta fue una posibilidad para avanzar hacia la justicia.
Teniendo en cuenta la reiteración de los hechos narrados por los sobrevivientes , el Bufete Jurídico de Rabinal tomó la decisión de construir un caso de violencia sexual. Desde el año 2011 se han presentado al menos tres demandas en la fiscalía municipal de Rabinal. En un principio, el caso abarcaba a once mujeres que tenían un patrón de hechos común: habían sido detenidas y trasladadas al destacamento militar que estaba en el lugar. Conforme se fue trabajando el caso, el grupo aumentó y actualmente son 36 las sobrevivientes que están dentro del proceso. Esto ha sido un reto, pues las 25 mujeres restantes aportan otros contexto al caso: violencia sexual regresando de alguna actividad como al ir a lavar al río, cuando huían o durante los ataques a sus aldeas.
Algo importante para la construcción y el avance de este caso, ha sido la coordinación y articulación del Bufete con otras organizaciones de mujeres, de derechos humanos y de justicia. En este marco, se analizaron los casos de quienes tuvieron hijos como producto de la violación sexual. Ellas no sólo han recibido apoyo legal, sino psicosocial y de salud.
El debate oral y público estaba pendiente para iniciar a fines de enero pero la audiencia fue suspendida para que la Procuraduría General de la Nación designe una persona abogada y se incluya al Estado como tercero civilmente demandado.
El caso llega a Tribunales cuando el Sistema de Justicia está sometido a escrutinio por su evidente accionar a favor de la impunidad y la corrupción. Aún así, las mujeres achís mantienen su decisión de interpelar el Estado y la sociedad por su silencio frente a estos hechos. Ellas hacen realidad la poesía del maestro Akab’al, han decidido taparle la boca al silencio porque su verdad es más fuerte y sus ojos observan y preguntan si seguiremos volteando la mirada frente a estos hechos, que no son sólo su historia, sino la nuestra, desde la esquina de la indiferencia.
