Por décadas, poblaciones diversas han denunciado las amenazas que representa la construcción e instalación de megaproyectos en diversos territorios, entendiendo estos espacios no solamente como pedazos de tierra, sino como ambientes de conexión con Abuelas y Abuelos, de convivencia y armonía con la riqueza natural, otros seres vivos y el Buen Vivir.
Guatemala se ha caracterizado por la intensa resistencia de poblaciones que han arriesgado hasta la vida por proteger a la Madre Tierra. Sin embargo, el Estado, interesado en la economía digerida desde el sistema capitalista y neoliberal, se ha dedicado a desacreditar estas luchas y a criminalizar a sus lideresas y líderes, resguardando sus réditos desde las más altas esferas de poder.
Aplazan audiencias
Bernardo Caal es un líder comunitario maya q’eqchi, que fue detenido en enero de 2018 y acusado de robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales. Muy pocos hablan de que la persecución en su contra nació de su oposición a la instalación de dos plantas de la hidroeléctrica Oxec en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, desde el año 2015.
En noviembre del año pasado Caal fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión por el juez Walter Fabricio Rosales en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz en Cobán.
Este 3 de abril se tenía prevista una audiencia en su caso, sin embargo, la misma se suspendió y hasta la fecha no se conoce cuándo tendrá continuidad. La cita sería en la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal del mismo departamento.
Bernardo, en reiteradas ocasiones, ha denunciado que su juicio se ha visto empañado por acciones maliciosas.
Exigen libertad
Poco más de dos años han pasado desde la detención arbitraria de Abelino Chub Caal en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Es sindicado de usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupación ilegal de gente armada, delitos construidos por finqueros bananeros de El Estor, Izabal, en donde se han intensificado los conflictos agrarios y de tierras beneficiando a pequeños sectores y no a las comunidades originarias. Hasta la fecha, no se han conocido pruebas suficientes para retenerlo en prisión.
Foto: Festivales Solidarios
Este 22 de abril se llevará a cabo la audiencia de apertura a juicio en la que se exigirá la liberación del promotor comunitario y que finalice la persecución contra quienes defienden los derechos humanos y los territorios cercanos al Lago de Izabal y a la Cuenca del Río Polochic.
En esta región también se ha conocido el caso de Eduardo Bin, quien se ha dedicado a la pesca artesanal. Ha sido perseguido, criminalizado y hasta capturado por denunciar la contaminación que empresas privadas provocan en el lago de Izabal.
COCAHICH salió a las calles
Por su lado, representantes de las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) realizaron el 3 de abril una manifestación en las calles aledañas a Casa Presidencial, zona 1, para demandar que no han recibido respuesta del Estado en la reparación y resarcimiento colectivo e individual por los efectos que surgieron tras la construcción de la hidroeléctrica en Chixoy y la masacre en Río Negro en 1982 que habilitó los territorios para la instalación de este proyecto.
En un comunicado de prensa, integrantes de COCAHICH rechazaron categóricamente el intento del Congreso de la República por aprobar las reformas a la Ley General de Reconciliación Nacional, considerándola una amenaza a su propia búsqueda de la verdad y la justicia, además de que “atenta” contra el desagravio acordado a favor de la COCAHICH.
