Por: Paula Irene del Cid Vargas
Ileana, socióloga, logró una contratación para trabajar durante tres meses en una investigación. Mientras se dirige a traer a sus hijos al colegio, se pregunta si los honorarios serán suficientes para pagar las deudas y sostenerse mientras consigue otro trabajo.
Catarina, de 11 años, asiste a la escuela, por la tarde hace las tareas y ayuda a cocinar tamales; a las siete de la noche sale a venderlos.
Doña Mirna, oficinista, le cubre el «pre» y el «post» a una amiga. Al salir del trabajo, pasa comprando alimentos, en casa prepara la cena y deja listo el almuerzo para el día siguiente; antes de acostarse deja planchada la ropa de la familia.
Estas mujeres de distinto extracto social tienen en común que hacen el trabajo doméstico y para apropiarse de recursos, llevan a cabo actividades denominadas informales.
Trabajo informal y trabajo doméstico caracterizan la participación social de las mujeres, realizada en una ardua doble o triple jornada. Informal porque se desempeñan en empleos no permanentes, subcontratadas, bajo condiciones laborales precarias y con ingresos bajos e inestables. En la otra parte de la jornada se encuentra el trabajo sin paga, el de la reproducción social, determinado por el sentido de obligatoriedad y deber hacia la familia y la comunidad. Incluye tareas domésticas, la crianza de hijos e hijas, así como el cuidado de padres, esposos y otros familiares. Son labores asignadas a las mujeres como prioridad ineludible, generalmente asumidas con resignación e invisibilizadas por la sociedad y el abordaje tradicional y parcial del fenómeno económico, que no considera esta actividad y se olvida de la interdependencia entre las economías remunerada y no remunerada.
La doble tarea se realiza en el contexto de una política económica que encarece los artículos de primera necesidad, establece impuestos indirectos que gravan el consumo (IVA, aumento al combustible), mantiene la insuficiencia de los servicios sociales (salud, educación, cultura) y promueve los despidos disfrazados de «retiro voluntario». Esta política afecta negativamente la capacidad de supervivencia y la calidad de vida de hombres y mujeres en Guatemala. Las mujeres enfrentan esta situación con discriminación y menos posibilidades por sus carencias educativas e informativas, ubicándose en el sector informal y en puestos que al ser ocupados por mujeres, son menos remunerados. La informalidad laboral ocasiona «angustia agregada» (1996: van Osch)* no contemplada en la política macroeconómica, pero que manifiesta sus efectos en la vida cotidiana: inhibición para formar un hogar, enganchar un terreno o una casa, minusvaloración de sus propias capacidades.
Ante un Estado empequeñecido, a las mujeres no les queda sino sustituir los servicios (atención de enfermos, etc.), ya que los varones poco o nada contribuyen al cuidado de otras personas. Alargar las horas de trabajo combinando los trabajos productivos y reproductivos ocasiona desgaste físico y mental; los efectos van mas allá de las mujeres del presente. En la carrera por la supervivencia se ven en la necesidad de delegar el trabajo en las hijas, quienes abandonan la escuela y pierden anticipadamente las oportunidades para tener acceso a trabajos calificados.
Esto compromete de forma negativa las oportunidades de las generaciones futuras para desarrollarse apropiadamente.
Para darle un rostro humano al desarrollo, es inaplazable revisar la política económica en forma diferenciada, en función de los y las que están asumiendo los costos. Visibilizar la economía no remunerada; trabajar en la búsqueda de una solución social a la doble tarea de las mujeres, que pasa por la revalorización del trabajo doméstico y la redistribución de éste; facilitar el acceso al trabajo remunerado, así como a la información y capacitación; e iniciar un proceso que elimine los prejuicios respecto a los «trabajos apropiados» para ampliar las oportunidades laborales de las mujeres.
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