De acuerdo con la investigación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sobre seguridad y justicia, de las 189 empresas de seguridad privadas inscritas en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), sólo 87 (46 por ciento) funcionan con licencia de operación adecuada, aunque les fue otorgada previo a 2010, y otras 50, con licencias de operación nuevas o sea las que establecen mayores controles a las empresas (como, por ejemplo, sobre las armas que usan y procesos de formación para los agentes). Las restantes, 52 (27.5 por ciento) aún operan bajo la normativa previa, es decir, por medio de acuerdo gubernativo o ministerial, lo cual no garantiza que cumplan con requisitos específicos.
La misma fuente concluyó que la DIGESSP es débil para controlar y fiscalizar la prestación de servicios de estas empresas, lo cual, en pocas palabras, significa que no está cumpliendo con su papel regulador; que se ha dejado en manos privadas y sin mecanismos de control eficientes nuestra seguridad ciudadana.
Esta situación quedó evidenciada una vez más cuando se puso al descubierto por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público que la empresa Seguridad 24 –Continental Security como nombre comercial- no sólo funcionaba con papelería fraudulenta, sino que estaba siendo llevada adelante por una red criminal que, en el marco de sus hechos delictivos, había registrado más de 900 armas de fuego, y realizado operaciones por sumas millonarias sin que la SAT los hubiera podido fiscalizar.
Más de 90 empresas y condominios, entre ellas la línea de farmacias donde fue asesinada nuestra compañera Patricia Samayoa , habían confiado en Seguridad 24. Quiere decir que, en todos estos lugares, los 600 a 700 guardias que trabajaban para esta empresa y que “cuidaban” a las personas lo hacían portando armas que habían sido registradas de forma fraudulenta.
En la investigación se pudo determinar que, desde esta compañía, regenteada por María Teresa Soto González también se planificó y ejecutó la compra venta de 209 armas de fuego, cuya transacción significó 41 mil 800 quetzales. Sin embargo, un dato que llama la atención es que, de acuerdo con reportes noticiosos, en dicho negocio también participó la empresa Shield Segurity, la cual era propiedad de Agustín Carmelino López Alvarado, quien fue acusado por homicidio en tercer grado en el crimen de Patricia Samayoa.
¿En manos de quién/es está nuestra seguridad?, ¿cómo es posible que esté en manos de redes delictivas? ¿cómo se explica que el Estado no pueda controlar a las empresas que se ocupan de la seguridad de las personas?
Desde laCuerda seguiremos insistiendo en la falta de garantías del Estado respecto a la seguridad ciudadana, en la falta de controles hacia estas empresas de seguridad que más que proteger ponen en riesgo nuestra vida. Seguiremos evidenciando que no se puede hablar de seguridad ciudadana si se nos sigue vulnerando de esta forma, si no va acompañada de justicia y de controles pertinentes.
