Por: Andrea Carrillo Samayoa y Rosario Orellana /laCuerda
Honduras ha pasado por mucho, sobre todo en esta última década. Un golpe de Estado, violencia institucional, fraude electoral, aumento de la violencia común, represión, altos índices de pobreza, corrupción, migración y persecución contra quienes se oponen a un régimen y un modelo depredador que está acabando con la población.
Datos recabados por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) resaltan que, en los últimos 15 años, la problemática se agudizó: entre 2014 y 2017 se registraron más de 20 mil homicidios, en ese mismo periodo, el asesinato de personas menores de 30 años aumentó en un 30 por ciento mientras de activistas LGTBI, en un 150 por ciento; para 2018 se contabilizaban seis mil muertes de mujeres; de 2,300 feminicidios entre 2013 y 2017, sólo fueron investigados 29 y únicamente uno, terminó en condena. Los derechos de las personas a vivir una vida digna, están lejos de los planes de gobierno y de las prioridades del Estado, en la agenda están por encima, los intereses de quienes quieren más para sus bolsillos.
Al mismo tiempo, empresarios y gobernantes no cesan en su absurdo de mantener un modelo de desarrollo que está acabando con la vida en los diferentes territorios.
*Extractivismo en cifras:
950 títulos mineros
139 proyectos hidroeléctricos
56 plantas solares
27 proyectos eólicos
8 megaproyectos turísticos,
9 biomasa
170 mil hectáreas de palma africana
*Datos recopilados por la RNDDH
Por lo más valioso que tenemos: la vida
En este contexto, habitando regiones alejadas y muchas veces en el olvido, están ellas, mujeres valientes dispuestas a “dar la vida por la vida”. Son defensoras de derechos, a quienes las golpea la violencia, la pobreza, y a muchas, y en este caso, la instalación de grandes proyectos en sus comunidades, que están arrasando con todo lo que encuentran a su paso.
Las dificultades, la persecución y la criminalización que enfrentan, no les impide estar en pie y luchar por lo que consideran “lo más grande que tenemos”. Juana Esquivel, es una de estas mujeres, vive en Tocoa, un municipio del departamento de Colón, un territorio amenazado por un proyecto minero que está acabando con el río Guapinol. “El río está riesgo y como no tiene voz para quejarse, nosotras gritamos por él, lo están matando y nosotras lo estamos defendiendo”, dijo esta defensora en el marco de la Misión de Solidaridad Feminista “El Abrazo”, impulsada por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2018, constató que “la mayoría de los casos de violencia, criminalización y difamación contra personas defensoras de derechos humanos está relacionada con la defensa del ambiente, la tierra o el territorio frente a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios”.
Constantemente mujeres y hombres defensores, son víctimas de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, hostigamiento, calumnias, múltiples formas de violencia física; son privados de muchos derechos y se atenta contra ellos, sus organizaciones y/o sus familias. Pero en el caso de ellas, la situación se complejiza aún más, porque además de estas presiones, se enfrentan a problemas adicionales por su condición.
Consuelo López, es un ejemplo claro de esto. Ella es una mujer indígena de la zona norte de Honduras, se ha enfrentado a la violencia de las empresas “pero también de mis compañeros de lucha, porque me he convertido en una lideresa y eso a los hombres, no les gusta”. Este hecho ha tenido implicaciones en su vida, pero no ha parado en su lucha, “nosotras tenemos amor por la vida, por la tierra, ellos [los empresarios] por el dinero, y el miedo a lo que podamos enfrentar no nos tiene que frenar, por eso debemos estar organizadas”, puntualiza.
El Informe sobre la Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, resalta:
La defensora que es víctima de una violación a causa de su labor en favor de los derechos humanos puede ser considerada por su familia extensa causa de vergüenza para ella y para el conjunto de la comunidad; en su calidad de defensora de los derechos humanos, deberá soportar la carga no sólo del trauma de la violación, sino también de la creencia en su comunidad de que, a causa de su labor, ha sumido en la vergüenza a quienes la rodean. Incluso cuando no se ha producido violación u otro ataque, las mujeres que deciden actuar como defensoras de los derechos humanos pueden tener que afrontar la ira de sus familias y comunidades por considerar éstas que ponen en peligro tanto su honor como su cultura.
La complejidad de los factores que influyen en una determinada cuestión de derechos humanos puede suponer una presión excepcional sobre las mujeres defensoras. La exigencia en muchas culturas de que las ellas muestren respeto hacia los hombres en público les puede impedir criticar actos cometidos por los hombres que vulneren derechos humanos.
Abrazos de solidaridad
2019 inició con una visita solidaria a las defensoras de derechos humanos en este país vecino. Arribaron mujeres organizadas de diferentes lugares, la convocatoria fue hecha por IM-Defensoras y fueron 5 días de recorrido por el norte y occidente de Honduras.
En la misma región de Juana y Consuelo, al norte del país, conocimos a Lilian Borga, integrante de una organización campesina, que tiene seis años de estar criminalizada porque ha decidido luchar por la tierra que le ha sido a arrebatada a su comunidad, “nuestro objetivo es recuperar y cuidar la tierra porque de ahí nos alimentamos. Se atreven a perseguirnos y encarcelarnos porque no tenemos acceso a tierra”, reclama.
Estas tres mujeres recalcan que aunque han tenido un camino difícil, “tenemos mucha fuerza porque estamos juntas y organizadas, y estamos dispuestas a seguir luchando”. Lo mismo aseguran, quienes están en el occidente, aquí también sus historias.
“Hay más militares en las calles, que medicinas en los centros de salud”
En el occidente de Honduras, el ambiente es hostil. Las mujeres organizadas han encabezado varias acciones para evitar que los capitalistas sigan agotando todos sus recursos naturales, mientras que el gobierno, junto a empresas extranjeras, pujan por instalar mega proyectos que podrían provocar la desaparición de comunidades completas y causar graves daños al río Gualcarque.
El departamento de Santa Bárbara es reconocido por su intensa lucha en la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la madre tierra. Las defensoras de la zona han sido perseguidas, criminalizadas y amenazadas, como Betty, a quien autoridades del país y aliados de las empresas, le han asegurado que “terminará como Berta Cáceres, por andar metida en cosas que no debe”.
Santa Bárbara es un territorio lenca, compuesto por 28 municipios de los cuales 20 son poblaciones indígenas. Tiene una alta producción de agua y también la mayor cantidad de concesiones mineras del país, empero, la resistencia de los pueblos no ha permitido la instalación de ninguna.
12 de los 28 municipios de Santa Bárbara ya se declararon libres de extractivismo, por ello no se permite la instalación de proyectos mineros o hidroeléctricos.
Según Betty, en este departamento está instalada la mina más antigua de Centroamérica, con más de 60 años de operar. “Su poder es tan fuerte que pone y quita alcaldes, diputados y ministros”, detalla, además advierte sobre la amenaza que representa para las poblaciones, el monocultivo de café y producción azucarera. Por su lado, María Inés, afirma que existe mucha presión sobre las defensoras para que abandonen su labor, pero que su respuesta siempre es alzar la voz con mayor fuerza; “hasta de las iglesias hay descontento, porque dicen que las mujeres estamos buscando problemas” expone.
Otra de las protectoras, Gualdina, afirma que en todo momento el gobierno y empleados de las empresas vigilan a quienes exigen sus derechos e inclusive las instituciones públicas violentan a las mujeres, negándoles atención.
La situación de Copán no dista mucho, sin embargo, en este departamento se logran visibilizar otros problemas de fondo, como el machismo, la judicialización y los constantes ataques que sufren las mujeres desde sus mismas comunidades y organizaciones, como describen las defensoras Suyapa y María.
“Aquí estábamos amenazados por cuatro concesiones mineras, fui la única mujer al frente de la lucha y ahora me quieren quitar la coordinación de mi propia organización” puntualiza Rode, coordinadora de la Coalición Ambientalista de Copán, quien señala que exigirle cuentas al gobierno, es declararse “una muerte segura, aislamiento y señalamientos que impiden participar en la toma de decisiones”. Comparte, además, que el Estado se apropió del Sitio Arqueológico Copán. “Cuando queremos presionar al Estado con alguna demanda, tenemos que tomar el sitio. Ya no podemos decir, los nativos, que es nuestro”, concluye.
Por su parte, Raymunda, también defensora, garantiza que la articulación entre mujeres, ha hecho de la lucha un movimiento más fuerte y visible.
“En Honduras somos nueve pueblos indígenas, los más olvidados, violentados y perseguidos” señala Adanilda, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Las defensoras en Intibucá han enfrentado, en los últimos años, una represión militar tan profunda que “hay más militares en las calles, que medicinas en los centros de salud”, agrega Adanilda. Existe mucha pobreza, amarrada a la excesiva migración en búsqueda de un trabajo o seguridad, sumado a la persecución de quienes arriesgan su vida exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos.
“Hemos luchado por nuestro territorio desde hace mucho tiempo, de las mineras, latifundistas foráneos y el racismo”, dice Sonia, representante del Movimiento Indígena Independiente Milpa.
El COPINH funciona desde 1993; trabaja en 200 comunidades en cinco departamentos. Se describen como una comunidad mixta, antirracista, anti patriarcal y libre de violencia. Berta Cáceres fue su líder. En 2019 cumplen dos años de buscar justicia por el asesinato de la defensora.
La escena en Honduras, para las mujeres defensoras, es desalentadora. Los esfuerzos de Juan Orlando Hernández, presidente de aquel país, y el sector empresarial, han agudizado la crisis y la violencia en contra de las mujeres que continúan en la lucha por los diversos territorios. Han sido sometidas a desalojos, acoso, persecución, difamaciones, ataques directos y amenazas, entre otros. No obstante, las hondureñas no están dispuestas a callar. “Estamos luchando, por intereses colectivos, por el bien de las mujeres, de la juventud, de los pueblos, porque ya no puede haber tanta injusticia”, concluye Lilian, integrante de COPINH.
