Por: Rosario Orellana / laCuerda
En julio de 2019 se cumplen 14 años del fortuito descubrimiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). Es imposible medir su valor. El contenido permite recobrar la memoria colectiva y conocer la verdad sobre el accionar de la extinta policía, bajo las órdenes del Estado; es una herramienta fundamental en la búsqueda de la justicia. Los millones de registros que allí se resguardan, datan desde el año 1891 e incluyen información sustancial de lo que sucedió durante el conflicto armado interno, periodo en el que se centra la discusión sobre el acceso e impacto del depósito archivístico. En agosto del 2018, el Estado destituyó a Gustavo Meoño, quien había sido el responsable de este acervo por más de una década y con ello, comenzó la inestable y tambaleante protección de este bien común, que pasó a control absoluto, el primero de julio recién pasado, del Ministerio de Cultura y Deportes. Una de las primeras acciones de esta institución, fue apartar de su cargo como directora del Archivo General de Centro América (AGCA), a Anna Carla Ericastilla, argumentando que no respetó normas administrativas ni procesos legales.
Para dar una lectura profunda al contexto, en el que el Estado de Guatemala ha buscado restringir el acceso a la información, entrevistamos a Kate Doyle, analista en jefe y directora del proyecto “Guatemala para el Archivo de Seguridad Nacional”, con sede en la Universidad George Washington en Estados Unidos, quien ha tenido una estrecha relación con este patrimonio documental y le ha dado seguimiento debido a los riesgos que corre, al ser nuevamente desarticulado.
Foto: Cejil
¿Qué representa el AHPN en un país como Guatemala?
Una oportunidad preciosa de estudiar, pensar y entender mejor su propia historia, no sólo del conflicto armado, aunque la atención se centra en ello, sino además desde un aspecto social. Nos ofrece la memoria histórica sobre periodos violentos, de represión del Estado en contra de su propia población. Es una ventana para conocer su funcionamiento [Estado] durante una época contrainsurgente desde los memorándums, los planes y las operaciones, hasta las comunicaciones por radio entre vehículos, durante los operativos de la policía en momentos de agitación social. También dilucida que Estados Unidos contribuía a formar estas políticas de Estado; existen documentos del FBI, del Departamento de Estado y del Pentágono en los que dan consejos, asesorías y entrenamientos en torno al control urbano.
Aparte, es una nueva oportunidad para familiares de las víctimas de la represión, para obtener información detallada sobre lo que sucedió con ellas y ellos. Es un archivo con mucho valor porque aún hay personas buscando a sus seres queridos.
Entre otras razones, también podemos decir que el valor de este acervo no es únicamente por los registros, los papeles, los documentos, sino el espacio en donde se encuentra. En éste fue muy evidente que se encarcelaron personas. Recuerdo mi primera visita, tres semanas después de su descubrimiento. Había una especie de jaulas muy pequeñas, con colchones manchados y abandonados. Es un tesoro, es único.
Foto: cepas.org
¿Cómo se pueden interpretar los intentos del Estado de Guatemala por restringir el acceso al AHPN?
Tienen miedo. Es un esfuerzo por limitar o controlar el entendimiento por parte de la sociedad, sobre su propia historia. Quieren censurar. Noté con mucho interés que, durante la conferencia de prensa del 27 de mayo, el ministro de gobernación, Enrique Degenhart, citó múltiples veces la Ley de Acceso a la Información para justificar las futuras restricciones relacionadas al contenido del AHPN. Supongo que el Estado ha buscado sus instrumentos legales para restringir el acceso, mientras el Congreso aprueba leyes de amnistía y frenan el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); todo por ejercer un mayor control sobre la sociedad.
¿Qué se perdería al cerrar este archivo? Más allá del acceso a la información o al espacio físico.
Para mí el archivo habla. Podemos pensar y recordar periodos de la historia en los que las personas no decían nada sobre la violencia o las desapariciones porque existía demasiado temor de lo que podía pasar. El conflicto armado interno, la contrainsurgencia, los operativos de tierra arrasada y las campañas clandestinas por parte del Estado en contra de supuestos subversivos, generó un silencio profundo. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, este archivo significa tener una oportunidad de hablar, de compartir información e ideas; de comprender desde el fondo cómo planeaba el Estado sus políticas de terror y violencia. El AHPN contribuye al fortalecimiento de una sociedad que habla en voz alta, que discute.
Por otro lado, restringiría información específica y valiosa a familiares de desaparecidas y desaparecidos o para historiadores, e inclusive estudiantes que investigan estos temas. Es re imponer un tipo de silencio.
Afecta muchos procesos jurídicos porque se han utilizado varios documentos del Archivo en la resolución o investigación de casos [como sucedió en la condena del caso Molina Theissen].
Sería una gran pérdida y no sólo para Guatemala, también hay muchas personas académicas, con experiencia en derechos humanos y sociología que han aprovechado la riqueza del AHPN, por todas las américas y el mundo. En el plano archivístico, que es donde yo me desenvuelvo, Guatemala es reconocida por este acervo, por sus implicaciones; además es enorme, rescatado de manera brillante, preservado y con acceso como muy pocos.
Foto: AHPN
En los documentos de este archivo figuraban los nombres y detalles sobre la vida de muchísimas mujeres, así como en el Diario Militar, pero ¿quiénes eran ellas?
El diario militar es un producto de la inteligencia militar y sí que la Policía Nacional jugaba un papel clave como instrumento del Ejército, aunque era una entidad que cumplía sus propios objetivos. Por supuesto que existen miles de documentos dentro del AHPN que relatan la vida de mucha gente; personas incluidas en el diario. ¿Ahora, quiénes eran ellas? Algunas activistas, revolucionarias, otras militantes y personas que simplemente tenían opiniones políticas durante los años 83, 84 y 85. Podemos encontrar el nombre de mujeres que publicaban en periódicos, que participaban como activistas en las áreas rurales y en espacios urbanos. Eran mujeres protagonistas de su propia historia y la de su país; de hecho, aún hay muchas historias por relatar sobre la contribución de las mujeres en los movimientos sociales de Guatemala durante aquella época porque la mayoría, hasta ahora, se enfocan en los protagonistas hombres. De las mujeres que encontramos en este documento están Luz Haydee Méndez Calderón, Teresa Graciela Samayoa Morales y Rosa María Castillo Samayoa, entre otras.
¿Qué buscaban, qué había detrás de la detención y desaparición de todas estas mujeres?
Lo que buscaban con la detención de todas las personas, no únicamente de las mujeres, era información sobre sus redes. Les detuvieron, les interrogaron, les torturaron de muchas maneras y en, al menos, la mitad de los casos, les ejecutaron. Además, querían quitar a estas personas de la calle, del activismo, quitarles del camino.
¿Dónde están, qué pasó con todas estas personas?
La gran mayoría se quedaron desaparecidas. Hay muy pocas sobrevivientes entre las mujeres del diario militar. Muchas hijas e hijos siguen buscando a sus familiares. Hasta la fecha han encontrado los restos de seis personas que figuraban en el diario, pero, ninguna es mujer. Según los registros varias personas detenidas fueron entregadas a otra entidad de la inteligencia militar, tal es el caso de la primera víctima documentada, Teresa Samayoa, que fue enviada a la dirección de inteligencia reconocida como “D2”, pero desde allí no se sabe qué pasó con ella. Méndez Calderón fue llevada a otra unidad, pero no se conoce con certeza a cuál.
Hay códigos en el diario que indican qué pasó con cada persona, por ejemplo “300 – se fue con pancho”, hace referencia a que la persona fue ejecutada, como el caso de Lesbia, una de las mujeres que fue capturada en 1984, su ficha dice que ingresó el 6 de mayo de aquel año y luego el código.
Foto: lilasbensonmagazine
En estos últimos meses, el AHPN se ha convertido en la cereza del pastel por la que todos pelean. El riesgo de ser restringido el acceso a historiadores, académicos, familiares de las víctimas y público en general sigue latente, y la profunda preocupación por los peligros que esto conlleva, es cada vez mayor. El Estado pretende imponer nuevamente sus prácticas represivas, acallar la historia y la verdad a través del control y la regresión en los pocos avances en materia de justicia.
