Desde enero de 2018 se conoció y se ha discutido en el Congreso de la República la iniciativa de ley 5377, con la que se pretende reformar el decreto 145-96, “Ley de Reconciliación Nacional”; las modificaciones propuestas otorgarían “extinción total de responsabilidad penal” y liberación en un máximo de 24 horas a quienes han sido condenados o enfrentan juicio por delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura y violaciones sexuales, perpetradas en el periodo del conflicto armado en Guatemala. 

Estos cambios son promovidos, entre muchos otros, por los diputados Fernando Linares y Estuardo Galdámez, quienes coinciden en la promoción de iniciativas que imponen un credo como el “Día Nacional de la Oración”; derogan el decreto 35-2007 para eliminar definitivamente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); además de tocar temas como la pena de muerte, cárcel para quienes critiquen a los políticos por cualquier medio y celebrar la cooperación de Israel con el país.

Sin embargo, esa amnistía que procuran es inviable. Violenta varias disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Guatemala es signataria, esencialmente las referidas al deber de investigar, proteger y brindar acceso a la justicia. Por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado de Guatemala, en especial al Congreso, que engavete este proyecto, considerándolo una estrategia para consolidar la impunidad.  

· Según un estudio científico de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) aproximadamente 132 mil personas fueron ejecutadas en el contexto de la guerra, entre 1978 a 1996 en Guatemala. 

· El informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) estimó un total de 200 mil personas ejecutadas entre 1966 y el año 1996. 

· La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estimó 160 mil ejecuciones y al menos 40 mil desapariciones, considerando el periodo entre 1960 y 1996. 

 

Amnistía: estrategia para la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva

Edda Gaviola / Feminista, historiadora y defensora de Derechos Humanos

Desde hace casi cinco décadas, millares de personas, principalmente mujeres, a lo largo y ancho de nuestro continente vienen hilando memoria, verdad y justicia. Primero desde una búsqueda en solitario, luego agrupadas en diversas expresiones organizativas, calando profundo en estas sociedades que fueron signadas por la violencia y la cultura de muerte, diseñada y articulada desde las maquinarias “contrasubversivas o contrainsurgentes” que desataron el terrorismo de Estado en los distintos países de América Latina. 

Desde las madres/abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, hasta la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala. Luego fueron hijas e hijos y distintas organizaciones de Derechos Humanos, mujeres y hombres, que han dado miles de batallas contra la impunidad, el olvido y a favor de la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, genocidio; violencia sexual, tortura, ejecuciones extrajudiciales, entre los principales crímenes de lesa humanidad que, en su gran mayoría, siguen en la injusticia.

Se recorrieron todos los caminos y se construyeron otros para hacer aflorar la verdad de lo ocurrido, cuando las mismas maquinarias de la impunidad levantaron sus muros de hecho y de pseudoderecho para invitar al borrón y cuenta nueva o, al punto final. No bastaba la cooptación de los sistemas de justicia nacionales que impedían desarrollar investigaciones profundas y dar con los responsables que alardeaban un estatus de intocables en todos los países. Debían acudir a la figura de la amnistía; junto a la exigencia pública de perdón hacia las víctimas, de hacer un acto de vuelta de página porque existía una idea instalada en el imaginario colectivo que las flamantes democracias sucumbirían frente a la exigencia de justicia, pero, sobre todo, frente a los movimientos de sables y fusiles.

Cada intento por eliminar la responsabilidad penal y su persecución, se ha venido desmoronando con el peso de la argumentación jurídica, política y ética desde la conciencia de la humanidad, desde la jurisdicción universal y la jurisprudencia establecida desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que las leyes de amnistía son incompatibles con la Convención Americana y que los Estados que las planteen cometerán desacato a las resoluciones de dicha Corte.

Guatemala enfrenta hoy en el Congreso de la República -de mano de diputados del Pacto de Corruptos-, un nuevo intento de amnistiar los delitos de lesa humanidad, bajo el eufemismo de reformar la Ley de Reconciliación Nacional que, desde 1996, excluyó estos delitos de la posibilidad de amnistía. Son intentos ilegales e ilegítimos frente a los avances de la justicia. Se trata de una nueva convocatoria perversa al olvido y con ello, a la amnesia colectiva por parte de quienes son responsables de estos crímenes. Frente a este intento, se ha levantado una vez más la dignidad de las víctimas quienes con una foto en su pecho o un recuerdo imborrable, seguirán hilando memoria, verdad y justicia para construir una sociedad capaz de mirar y sanar sus heridas.

El impacto de la verdad 

Rosario Orellana/laCuerda

Según Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y ex fiscal general del Ministerio Público en Guatemala, en el país se han conocido al menos doce casos en los cuales la CIDH le ha ordenado al Estado que retire todos los obstáculos que impiden las investigaciones; que esclarezca los casos en contexto de guerra y lleve a los autores materiales e intelectuales ante la justicia y que sean castigados. 

“Aprobar estas reformas [como la iniciativa de ley 5377] sería desandar todo lo caminado en el fortalecimiento del sistema de justicia. Pondrían en altísimo riesgo a las víctimas, a testigos, fiscales y jueces porque criminales de mucho peso podrían salir a las calles”, advierte. 

La entrevistada asegura que los avances alcanzados hasta la fecha demuestran que nadie está fuera de la ley y que, sin importar a qué rango pertenecían los perpetradores, debían ser sancionados y los hechos esclarecidos. “Envía un mensaje muy poderoso para que estos delitos no vuelvan a ocurrir”, señala.

En este Meollo recopilamos información de algunos casos en los que las víctimas dispusieron hilar la memoria, la verdad y la justicia*

CASO

ACCIONES LEGALES

SIGNIFICADO

Sepur ZarcoSentencia condenatoria (26 de febrero 2016), firme (2018) y reparación digna y transformadora.· Víctimas y sobrevivientes hacen realidad el derecho de acceso a la justicia. 

· Primer caso en el que un Tribunal Nacional reconoce y juzga la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. 

· Si bien aún están pendientes de su cumplimiento total, las medidas de reparación transformadora buscan el desarrollo de las comunidades. 

· Los criterios utilizados en este caso, han sido también presentados por la Fundación Sobrevivientes, ante el juez Miguel Ángel Gálvez, para la apertura de juicio en el caso de Cristina Siekavizza.

Familia Molina TheissenLa CIDH condena al Estado de Guatemala y ordena la búsqueda de Marco Antonio Molina, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición. (26 de abril 2004).

Sentencia condenatoria (23 de mayo 2018).

· Se obtiene sanción para militares de alto rango vinculados a redes criminales.

· El Estado reconoce parcialmente su responsabilidad por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina. 

· La CIDH ordena al Estado de Guatemala crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada, así como facilitar las medidas para crear un sistema de información genética.

Genocidio contra población maya ixilSentencia condenatoria (10 de mayo 2013).· Condena de 80 años contra el ex feje del Estado Mayor, Efraín Ríos Montt. (Aunque la Corte de Constitucionalidad anula la sentencia). 

· Se visibiliza que las fuerzas armadas de Guatemala implementaron planes para eliminar a la comunidad maya ixil, argumentando que apoyaba en su totalidad a la guerrilla. 

· Uno de los primeros casos en los que aborda la violación sexual sistemática a mujeres, niñas y mujeres de la tercera edad como una estrategia contrainsurgente o contrasubversiva.  

·Mujeres rompen esquemas patriarcales, estructurales y sociales al denunciar los hechos de violencia sexual.

Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del Municipio de RabinalCIDH determina que los hechos del caso formar parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala. (28 de abril 2016).· La CIDH declara al Estado responsable de delitos como la violación de derechos a la integridad psíquica, moral, protección a la familia, entre muchos otros,   reconocidos en diverso convenios y tratados internacionales. 

· Este caso logra algunas de las primeras exhumaciones en Guatemala. 

· Brinda los primeros testimonios y denuncias específicas de violencia sexual contra las mujeres Achi en el periodo de la guerra.

Masacre Río NegroSentencia condenatoria (28 de mayo 2008).· En 2015 la CIDH demerita al Estado de Guatemala por no eliminar todos los obstáculos en los procesos de investigación para esclarecer la verdad de los hechos. 

· Sobrevivientes de la masacre luchan por la garantía de no repetición y reconocen que este caso forma parte del genocidio perpetrado por el ejército en el país.

Violencia sexual contra mujeres AchiDetención de seis expatrulleros de autodefensa civil, acusados de violencia sexual sistemática en contra de mujeres achi en los años ochenta, a quienes la jueza Claudette Domínguez deja en libertad argumentando que la fiscalía no realiza correctamente el proceso de investigación.· Conformación de un grupo unido de 36 mujeres achi víctimas de violencia sexual durante el conflicto, quienes están claras de que su lucha es por la justicia. 

·Mujeres víctimas de los vejámenes denunciados se han fortalecido y tienen clara la necesidad de buscar justicia.

*Datos obtenidos de entrevistas y textos: Claudia Paz y Paz (CEJIL), Rubí Hernández (UNAMG), Mujeres Transformando el Mundo, Edwin Q’anil (AJR), Haydée Valey (Bufete Jurídico de Rabinal), Jesús Tecú (activista social). 

 

Reconstruir y visibilizar la memoria

Rosalina Tuyuc, originaria de San Juan Comalapa, Chimaltenango, es defensora de derechos humanos desde los años setenta; en 1988, tiempo después del secuestro de su papá y de su esposo en contexto de la guerra contrainsurgente, fundó junto con otras mujeres, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA); en 2000 se convirtió en la primera diputada maya kaqchikel, y en la actualidad es congruente y perseverante en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Foto: Rosario Orellana

La entrevistada advierte que ese pérfido intento de olvido disfrazado de perdón, que buscan varios legisladores, representa un grave retroceso para los esfuerzos materializados en los últimos 23 años. “Es una pretensión impune de quienes la impulsan para congratularse y asegurar puestos dentro de las instituciones del Estado a futuro”, comenta. 

Tuyuc señala que casos como el de la familia Molina Theissen, Mujeres Achi, Sepur Zarco y otros, han visibilizado y reconstruido la memoria. Sostiene que no es un buen momento para hablar de amnistía debido a la criminalización que enfrentan quienes defienden la vida y los territorios, además de que “no debemos olvidar, para no repetir”. Rosalina explica que la represión vivida durante el conflicto armado, permanece, aunque con otros mecanismos y “más que nunca se hace necesaria la auditoria social, el fortalecimiento de las organizaciones y seguir luchando”.

La defensora de derechos reaccionó con mucho pesar ante esta propuesta del Congreso, concibiendo que el indulto significa volver al miedo y al rompimiento del tejido social, especialmente para los pueblos indígenas. “No podemos dejar en impunidad a tantas personas que dieron su vida y su sangre por la paz en nuestro país. Debemos sentar un precedente y comprender que la vida, es más grande que la muerte”, concluye. 

 

Justicia y reparación para y desde las mujeres

Virginia Gálvez / Colectiva Actoras de Cambio

En relación con el tema de justicia para y desde las mujeres, es fundamental hablar de reparación, preguntarnos cuáles son las dimensiones, profundidades y alcances de lo que hay que reparar frente a la violencia patriarcal que hemos enfrentado históricamente y en la actualidad, ¿Cuál es el agravio?  ¿De qué se nos debe reparar y quién puede repararnos?  ¿Quién nos va a devolver nuestro lugar? Y sobre todo ¿Qué lugar queremos recuperar?  

No es acaso el principal agravio el lugar y condición de víctimas que se nos ha asignado; no es la existencia determinada, nombrada, descrita, cosificada, hipersexualizada, racializada, explotada por otros el principal daño que justifica y normaliza todas las violencias que enfrentamos, y que, además, nos culpa de ellas y nos hace guardar silencio.  

Si buscamos nuestra reparación, entonces se entiende que buscamos un nuevo lugar y una nueva existencia; y esto debe darse en todos los planos donde se expresa nuestra vivencia; en la memoria, en el presente y en la autodeterminación de visibilizar el futuro; en el diálogo interior, en las creencias  en las que nos significamos a nosotras mismas, en el reconocimiento que hacemos de nuestra propia palabra, en la energía que nos recorre y que se conecta con las energías de todo, en cómo vivenciamos nuestros cuerpos, en cómo sentimos, en nuestra capacidad de disfrutar y en el placer.  

Se es también en la experiencia profunda de los otros y las otras, en esos vínculos en los que nos reconocemos en la legitimidad de nuestra existencia tan poderosa, para también afirmar la legitimidad de la existencia de las otras y su derecho a la vida en bienestar.  

Las mujeres en este planeta no nacemos víctimas, venimos a este plano con todas las posibilidades y capacidades para ser parte de la armonía y sincronía de la vida; la reparación para las mujeres requiere entonces la reconexión con estas posibilidades.  Debemos preguntarnos si en algún momento alguien o algo puede arrebatárnoslas, si tal vez lo que sucede es sólo un adormecimiento, es sólo una espera hacia el momento en el que nos demos cuenta que las posibilidades para la vida son inherentes a nosotras, y que pueden florecer, lo único que necesitan es que de la misma manera y con la misma energía con la que nos hemos dedicado a buscar afuera, nos dediquemos a mirar hacia adentro de nosotras y vivirnos de otra manera.  

Proponemos entonces partir de este encuentro con y entre nosotras, sanando las huellas de la injusticia en nuestros cuerpos y vidas, para actuar colectivamente y construir nuestro bienestar, un movimiento amoroso que podemos experimentar en nuestra cotidianidad.  El sistema jurídico jamás podrá repararnos integralmente a nosotras las mujeres, en principio porque nunca ha sido nuestro, es más, no hay nada más ajeno a las mujeres que los sistemas jurídicos de los Estados.  

Lo que alimenta a los sistemas jurídicos es la victimización y la revictimización, las mujeres debemos usar toda nuestra energía frente a los Estados, para nosotras la justicia es el movimiento hacia un nuevo lugar donde se expresen en bienestar y libertad todas las dimensiones de nuestra existencia, que son parte de la memoria de vida de la humanidad.