Foto: H.I.J.O.S.

Chicoyogüito es una comunidad originaria del pueblo Q’eqchi’. Está ubicada en Cobán, Alta Verapaz y es un referente de lucha, identidad y dignidad. El 27 de julio recién pasado cumplió 51 años de exigirle al Estado de Guatemala la recuperación de sus tierras ancestrales, ocupadas desde hace algunas décadas por la “zona militar número 21”. 

Las familias de este territorio han sido víctimas de diversas formas de violencia y despojos. Según Esteban Celada, abogado defensor, los problemas para la comunidad comenzaron desde la invasión española en la región. Luego, incrementaron durante las inscripciones registrales de los territorios y, sobre todo, con la invasión de familias alemanas que asentaron cultivos cafetaleros alrededor de 1902. “En 1968, aproximadamente, comenzó toda la logística para el traslado de la zona militar del centro de Cobán, al lugar que ocupa ahora. Ese traslado fue paulatino; con muchas amenazas y manifestaciones de violencia como torturas, violencia sexual e incluso desapariciones, hasta llegar al despojo violento de la comunidad”, explica. 

Foto: CMI-Guatemala / @Rode044

Celada relató durante una entrevista a laCuerda, que las personas de la comunidad vieron cómo, por muchos años, fueron [y siguen siendo] violados sus derechos humanos, el de sus abuelas y abuelos, madres y padres. “Muchos estuvieron bastante tiempo en la mendicidad. No tenían a dónde ir ni qué comer. Además, a varios de ellos los obligaron a trabajar durante 45 años para la zona militar”, comparte. 

Caso CREOMPAZ, plataforma de resistencia 

Antes del periodo de la guerra en el país, las y los pobladores de Chicoyogüito ya estaban en una situación de trabajo forzado y eran víctimas de graves violaciones a sus derechos; esto se intensificó durante el conflicto armado y las familias presenciaron “todo lo que sucedió y salió de la zona militar número 21”, afirma Esteban. En este marco, desde el año 2016, la comunidad se sumó al caso CREOMPAZ como querellante. 

Foto: CMI-Guatemala / @Rode044

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, comunitarios comenzaron a exigir el cumplimiento de la ley de identidad de los pueblos. Su primera demanda fue la recuperación de su territorio; además, pidieron un pago como indemnización por el tiempo de trabajo forzoso para los militares. Sin embargo, el Estado les ha negado, en repetidas ocasiones, la posibilidad de volver a su casa. “Lo que han recibido es una reiterada promesa de que faltan dos o tres años para que ellos terminen de trabajar y luego sus tierras les serán devueltas, pero ningún gobierno ha cumplido”, enfatiza el entrevistado. 

Foto: Creompaz

La reconstrucción de esta comunidad y de su tejido social también ha implicado amenazas e intimidaciones contra quienes encabezan la lucha; enfrentamientos verbales con personal de la zona militar e inclusive comentarios denigrantes e incitadores en Torre de Tribunales, mientras acompañan las audiencias de otros casos como el de la familia Molina Theissen. 

“En Chicoyogüito, el rompimiento del tejido social es tangible y muy fuerte, porque a las personas las dispersaron por todo el país. Cuando hablo de trabajo forzado, me refiero a que a muchas personas las llevaron a Petén, Amatitlán, al occidente, al oriente, entonces ahora hacen un gran esfuerzo para volver a articularse”, complementa el abogado. 

Foto: CMI-Guatemala / @Rode044

Según Celada, una de las premisas que más llama la atención es que la demanda ha sido trasladada de generación en generación. “Aquí [en el caso] podemos encontrar una relación evidente entre cuerpo-tierra-territorio, pero sobre todo de identidad. Eso es lo que ha mantenido su exigencia, su demanda clara de regresar a su tierra”, añade. 

En la conmemoración de este 51 aniversario del desalojo forzado y violento de la comunidad Chicoyogüito, las personas caminaron desde la colonia militar “Los Jazmines” hacia la entrada de CREOMPAZ. Su principal consigna fue la recuperación del espacio físico [en donde existen registros de lugares sagrados] para rescatar sus dinámicas como pueblo originario, pero sobre todo sus prácticas espirituales. “En todo este tiempo han tenido que realizar sus ceremonias en el interior de sus casas y de forma disgregada. Esa es una de las principales preocupaciones de las y los abuelos, porque consideran que no han podido trasladar sus prácticas ancestrales a las nuevas generaciones”, dice Esteban, quien además asegura que esta es una de muchas situaciones que provocan incumplimiento de varios acuerdos y normativas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Cadena de violaciones a los DDHH 

Las personas originarias de Chicoyogüito no tienen acceso a la tierra y por ende tampoco a la generación de recursos propios. “Permanecen en una situación de mozo-colonato bien fuerte porque no tienen dónde cosechar, sembrar, plantar y tienen que ceder su fuerza de trabajo para que otras personas obtengan riquezas de ellos”, detalla el defensor. 

Otra problemática evidenciada con este caso, es: el Estado no reconoce a la población ni a la comunidad como pueblo originario, pese a que la historia de la comunidad y la narrativa de su gente data de la época precolombina1. “Decían que todo lo demandado era mentira y que lo único que pretendían los comunitarios era invadir la finca. Han criminalizado su lucha”, añade Celada. “Ahora estamos preparando algunas acciones que tenemos la certeza serán pasos seguros en la lucha. En el caso CREOMPAZ tuvimos que hablar sobre algunas cuestiones del conflicto armado para que se conociera la posesión de la comunidad, previo y posterior a la guerra; las anomalías identificadas en la inscripción de los terrenos y todas las situaciones dentro de la zona militar a raíz de la instalación del comando en la región y cómo éste fue parte de la política contrainsurgente”, señala el entrevistado. 

Foto: CMI-Guatemala / @Rode044

Actualmente hay un amparo del caso CREOMPAZ interpuesto por los querellantes, luego de que la jueza Claudette Domínguez no se pronunciara por varios hechos del caso. “Se hablaba sobre alrededor de 565 osamentas encontradas y con ellas de un universo de delitos, pero ella solamente abrió juicio por 29 víctimas y cuatro hechos, dejando afuera el 80 por ciento del caso. Tampoco se pronunció por los hechos de violencia sexual evidenciados, dejándolos en total impunidad” advierte Esteban. Hasta la fecha están a la espera de la resolución. 

 

__________________________________________________

  1. Fuente: Consejo de Pueblos de Tezulutlán / Andrés Cabanas (documentos compartidos en 2017); acordeón de campaña Los desaparecidos y desaparecidas me faltan a mi te faltan a voz de Caso Crempaz y paraqueseconozca.blogspot.com (2018); Ministerio de la Defensa consultado el 17/07/2017; El caso más grande de desaparición forzda en América Latina, recuperado de NISGUA.