Por: Florencia Goldsman / Periodista argentina, ciberfeminista, investigadora viviendo en Sololá
Atadas con cinta adhesiva, desfiguradas, asfixiadas, violadas en manada, torturadas, mutiladas, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), 178 mujeres murieron a razón de hechos criminales desde el primero de enero al 31 de marzo de 2019. Es indudable el panorama sangriento que con saña anula nuestras vidas, nuestra libre circulación por el mundo. En épocas electorales, no obstante, las agendas electorales lejos están de refrendar estas problemáticas.
A finales del mes de abril, la prensa informó que en el kilómetro 54 de la ruta al Atlántico se encontraron los cadáveres de dos mujeres, los cuerpos estaban unidos con cinta adhesiva y llevaban escritos en la carne mensajes homofóbicos. Los nombres de Betzi Esmeralda Co Sagastume y Kelli Maritza Villagrán Recinos trascendieron en los medios, las mujeres tatuadas antes o después de morir por motivos de odio, fueron identificadas como mujeres lesbianas.
La misoginia y los mensajes de odio contra las mujeres y cuerpos plurales son una constante que va en aumento en Guatemala. Sandra Puac, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas
(UNAMG), señaló el pasado mes de abril a elPeriódico, que al menos el 95 por ciento de los casos quedan en impunidad. Así mismo, advirtió que la cultura de considerar los asesinatos como “crímenes pasionales” o atribuirlos a consumo de sustancias y relacionar a las víctimas con pandillas, disminuye la gravedad de los asesinatos. Perpetúa la cultura de la violación y el descarte de nuestros cuerpos, vidas, sueños.
Al panorama de violencia se suma ahora una comprobable alineación guatemalteca a la ola conservadora antiderechos que azota al mundo. Aquí también los grupos más conservadores están intentando imponer proyectos como la Ley 5272, que busca retroceder en el plano del derecho a la salud sexual de las mujeres y del reconocimiento a una vida sin violencias por parte de los colectivos LGBTIQ. Dicho proyecto, bloqueado de manera temporal gracias a la movilización civil el pasado mes de mayo en la capital, se opone al reconocimiento de las relaciones no heterosexuales, busca frenar los planes de educación sexual integral con perspectiva de géneros diversos en las escuelas, así como también propone considerar el origen de la vida desde la concepción y, desde ese punto central, criminalizar al aborto en todas sus formas y enviar a la cárcel a las mujeres que cursen abortos espontáneos.
En este marco violento, la Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción viene analizando las primeras 1000 Alertas Isabel Claudina (mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas) en lo que va del año. Del análisis se desprende que el 43 por ciento de las mujeres desaparece en el departamento de Guatemala, 42 por ciento tiene entre 21 a 30 años; el 36 por ciento de los casos ocurre en horas de la mañana y en el 22 por ciento de los hechos, se presume un delito grave. Los registros de alerta son altos también en Quetzaltenango, Escuintla y Chimaltenango. Las estadísticas muestran que cuatro de diez mujeres continúan desaparecidas, lo que equivale a decir que a partir de la activación de la alerta se ha podido localizar a las mujeres denunciadas en un 61 por ciento de los casos.
¿Y la agenda de las mujeres?
En las arenas electorales guatemaltecas la superficie es por demás movediza y cambiante. El escenario prometía una presencia de candidatas mujeres preponderante, aunque boicots y barreras para la participación fueron el pan de cada día durante el último mes. Vale destacar también que la presencia de mujeres en la política no garantiza per se, las agendas de los movimientos de mujeres y de las agrupaciones feministas como prioritarias. De esto sabemos quienes venimos de Sudamérica, quienes hemos verificado las agendas de gobierno de las ex mandatarias Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, quienes pocos avances obtuvieron en términos de los reclamos históricos y cambios de fondo que sostenemos las feministas.
“Es un proceso en el que iniciamos con tres candidatas muy fuertes encabezando la intención de voto: Sandra Torres, Thelma Aldana, Zury Ríos Sosa y, por último, Thelma Cabrera. Sin embargo, las tres más fuertes tenían posibilidades de no ser inscritas y, dos de esas candidatas quedaron afuera de la contienda (Aldana y Ríos). En ese sentido, la posibilidad de tener una presidenta se reduce muchísimo”, explica Lindsey Lilit, coordinadora de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposa y agrega: “de esas candidatas quien se mostraba más propensa a desarrollar una agenda de derechos de las mujeres era Thelma Aldana, sin embargo no fue inscrita y eso también cierra posibilidades”.
Lilit encabeza la iniciativa ciudadana Mujeres y Política GT, un observatorio de la democracia en Guatemala con perspectiva de género, herramienta de mayor utilidad a la hora de estudiar la participación efectiva de mujeres e identidades plurales en la política. La organización informa que, de 26 partidos políticos inscritos, 24 presentaron binomios y de esos éstos, cuatro fueron encabezados por mujeres. “De los 24 sólo había 19 binomios para participar y de esos, sólo dos encabezados por
mujeres: el caso de Sandra Torres y de Thelma Cabrera. Vemos que hubo un incremento en la postulación de candidaturas. Del 95 por ciento de los inscritos, el 19 por ciento de las candidaturas fueron de mujeres, eso es positivo pues en relación a 2015, hubo un incremento”.
Mayor cantidad de mujeres
Esto no significa una política que defienda los derechos negados, puesto que las visiones políticas feministas no se aseguran a partir de una genitalidad o una adscripción de género de cada candidata. Es decir que, no por tener más candidatas en el menú electoral, los derechos de las mujeres están representados en este recambio de gobierno. “Hay muchísimo rechazo a la agenda que proponemos las mujeres, por ejemplo, con el pacto firmado con la asociación ‘Familia importa’, destinado a retroceder en nuestro ejercicio de derechos”. A la vez que las medidas para una efectiva disminución de la violencia hacia las mujeres, pese a ser la que más se denuncia, no es una problemática abordada por los partidos dentro de sus plataformas o propuestas.
Es importante recordar que, desde 1994, la región cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos.
Ese instrumento internacional suscrito por 32 países estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado. En 2013, se incluyó dentro de ella la figura penal del feminicidio/femicidio. La región, entonces, se convirtió en “pionera a nivel global, en materia de legislación de violencia contra mujeres”. Las mujeres y personas con identidades disidentes, mayoría del padrón electoral, seguimos aguardando el cumplimiento de las normas.
Por último, las analistas de Mujeres y Política GT añaden que es evidente el déficit en el abordaje de las demandas por el cese de las violencias hacia las mujeres: “seguimos siendo invisibilizadas pese a que somos el 54 por ciento del padrón electoral y pese a que en los distritos electorales somos las que más votamos. Somos quienes más participamos en los partidos políticos, nuestra participación no se ve reflejada ni en los partidos ni en los puestos de elección, ni en las ofertas electorales. No hemos escuchado hablar de la política nacional para las mujeres ni de una agenda legislativa que sea a favor de nuestros derechos”.
