La vida de nuestra compañera y amiga Patricia Samayoa Méndez le fue arrebatada violentamente, el 3 de julio de 2014, en un hecho que puso al desnudo la inoperancia de las instituciones públicas para hacer cumplir las regulaciones existentes de las empresas de seguridad privada. Pero no sólo. Fallaron todos los controles. Los de la empresa Shield
Security, al no seguir los lineamientos que marca el Decreto 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada; los del representante legal, Carmelino López Alvarado, por permitir la contratación de un trabajador que sufría trastorno mental bipolar mixto y, por lo tanto, nunca debió portar un arma. Falló la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) que no supervisó como debió hacerlo y fue inoperante para aplicar el reglamento de la antedicha ley, aprobada desde octubre de 2013.
También falló la justicia. Porque las dos causas que se abrieron, una contra el autor material del crimen, Mynor David Guevara Tenaz, y otra contra el representante legal de la empresa, están paradas hoy, entrampadas en recursos de casación que aún no han sido resueltos. Hubo sentencias, pero se apelaron. En el caso del responsable legal de la empresa, se lo sentenció en 2017 a nueve años de prisión, la defensa apeló y la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal lo absolvió del delito de homicidio culposo y ratificó la sentencia por el delito de prestación ilegal de servicio de seguridad, entonces, López Alvarado está en su casa con una medida sustitutiva. En el caso contra Guevara Tenaz, hubo sentencia, la defensa también apeló. Y a pesar de que, como reparación digna, se había solicitado una serie de medidas que permitieran continuar el trabajo que Patricia hacía a favor de las mujeres, el Tribunal 5º. de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, lo declaró sin lugar.
Han pasado cinco años, los procesos judiciales continúan, las personas juzgadoras han reafirmado su incomprensión del significado del resarcimiento y su irresponsabilidad en las sentencias emitidas. Mientras tanto, el Estado sigue sin asumir un ápice de responsabilidad al respecto, y las empresas de seguridad privada continúan operando con absoluta impunidad, sólo que con un poco más de supervisión estatal.
Mientras tanto, nosotras insistimos en que el asesinato sigue impune, hasta que se reconozca el rol tutelar del Estado con este tipo de empresas, se garantice fehacientemente nuestra seguridad ciudadana y se comprenda el significado profundo de la reparación integral.
Nosotras seguiremos luchando por la justicia y por continuar con el legado de nuestra compañera, Patricia Samayoa.
