Por: laCuerda
¿Qué función cumple o debería cumplir la investigación científica en una universidad? Los supuestos dicen que debe ser una de sus tareas primordiales, sin embargo, no siempre es así. La asignación de recursos y la institucionalización de equipos y líneas de investigación podrían asumirse como parámetros que permitan medir la importancia que una entidad académica le otorga a la investigación científica. En el caso de la Universidad Rafael Landívar, en los últimos años el rubro destinando a investigación ha sido entre el 5 y 6 por ciento de su presupuesto, y si bien es cierto que las líneas y equipos de trabajo se habían mantenido y fortalecido, la situación comenzó a cambiar drásticamente desde 2017, con el inicio del rectorado del sacerdote jesuita Marco Tulio Martínez, agudizándose en 2019.
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), dependencia encargada de definir y ejecutar las líneas de investigación y proyección, construyó -bajo la dirección del doctor José Juventino Gálvez Ruano– una agenda que procuraba forjar conocimiento riguroso y crítico que contribuyera a la transformación del país y de la región, la cual fue presentada en 2016 e ideada para ser ejecutada durante el quinquenio 2015-2020.
En paralelo, desde 2015 la universidad inició un Programa de Inclusión orientado a mejorar el ambiente educativo y laboral de la entidad, en cuyo marco, desde 2016, se inició la elaboración de una política institucional de género e inclusión. El contenido de dicha política fue debatido nuevamente en 2017, hasta que quedó en suspenso durante 2018 y 2019.
Ni la agenda de investigación ni la política de género e inclusión parecen haber sido del agrado de las autoridades actuales de la casa de estudios, ya que desde hace más de un año se han reajustado las líneas de investigación y reducido los equipos de trabajo, con los concomitantes despidos de personal, producidos de forma abrupta y unilateral. Vale decir que, en este contexto, Gálvez Ruano fue cesado, bajo el argumento de procesos administrativos.
Sesgo de género en oleada de despidos
El 1 de febrero de 2019 Jennifer J. Casolo (asesora de la VRIP), quien unos días antes había sido notificada de su contratación para realizar un análisis de género a programas de investigación en el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA), fue despedida, sin explicaciones.
El 30 de abril, también de manera repentina y sin dar razones, se prescindió del trabajo de María Victoria García Vettorazzi y Dina María Elías Rodas, a partir de ese mismo día; ambas investigadoras del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Socio-Cultural e Interculturalidad (ILI), adscrito a la VRIP. Lo mismo sucedió con Ruth Piedrasanta, investigadora de la misma. Al día siguiente, el 1 de mayo de 2019, Karen Ponciano Castellanos, quien trabajaba en el ILI, presentó su renuncia. En la última semana de junio se prescindió del trabajo de una de las académicas de la dirección de Asuntos Estudiantiles que estuvo involucrada en la elaboración de la política de género e inclusión.
María Victoria García Vettorazzi ha trabajado desde 2012 sobre los procesos de diversificación religiosa en relación con la historia política de Guatemala y estaba preparando un libro sobre las reconfiguraciones de lo religioso en el altiplano central guatemalteco. Formó parte del equipo que sentó las bases de lo que fuera la agenda de investigación del Instituto de Investigaciones del Hecho Religioso (IIHR). A su vez, Dina María Elías Rodas, investigaba aspectos de la cultura patriarcal que influyen en la violencia expresada hacia las mujeres y las niñas, y junto a Karen Ponciano, coordinaba la Cátedra de Género, uno de cuyos resultados fue la generación de un seminario permanente sobre Género y Feminismos. Por su parte, Karen Ponciano, quien ha estado vinculada profesionalmente a la URL desde enero de 2012, enfocó su trabajo de los últimos dos años en la construcción de subjetividades de género en espacios religiosos urbanos de la ciudad de Guatemala.
Además del trato irrespetuoso de los derechos laborales básicos y falto de ética con las investigadoras, con estos despidos se truncan líneas y procesos de investigación sobre género y violencia, religión y sociedad, así como el análisis antropológico en materia económica que han necesitado muchos años para desarrollarse y consolidarse, además, se ralentiza o cancela el desarrollo de publicaciones periódicas, libros y grupos de trabajo que venían desarrollándose. Súbitamente destruyen y sin explicaciones, líneas institucionales que debilitan el sistema de investigación de la universidad, lo cual se suma a la precarización y alta vulnerabilidad laboral de las y los investigadores y docentes así como a la ausencia de mecanismos claros y transparentes de desarrollo, promoción y evaluación del trabajo
académico. Todo lo cual pone de relieve una aguda crisis institucional que limita el trabajo y la formación académica y científica.
Con todo lo sucedido hay suficiente evidencia para afirmar que las miradas viciadas de fundamentalismo están obnubilando la toma de decisiones en la Universidad Rafael Landívar, donde se cierran los espacios para las investigadoras, sobre todo, aquellas que han dirigido su trabajo hacia los derechos de las mujeres y el enfoque de género. Se cierra, además, el espacio para la construcción de pensamiento crítico, para formular las preguntas incómodas que molestan a los poderosos, pero responden a los problemas sociales acuciantes.
